MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
Varios activistas de una decena de organizaciones de la sociedad civil llevarán a cabo una acción directa conectando electrodomésticos de uso cotidiano a la red de “algún lugar público” como forma de “visibilizar la necesidad del derecho a la energía” y las “dificultades de acceso” a la misma por parte de “muchos hogares”.
Así lo anunciaron este jueves una treintena de organizaciones en un comunicado enviado por Amigos de la Tierra coincidiendo con la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética y en el que reivindicaron el “derecho a la energía” como “solución a la pobreza energética” e hicieron un “llamamiento” al Gobierno para “poner fin a la vulneración del derecho al suministro de energía”.
“Disponer de la energía necesaria para vivir digna y adecuadamente es un derecho básico y esto solo será posible con un modelo energético justo, de participación pública y democrática, que permita poner la vida en el centro”, sentenciaron, al tiempo que recordaron que la Estrategia Nacional contra la pobreza energética, elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, cifra en entre 3,5 y 8,1 millones las personas que se encuentran “en situación de pobreza energética, en función del indicador utilizado, con datos de 2017”.
En este sentido, denunciaron que la actualización de los indicadores, con datos de 2021, “nos muestra que el porcentaje de población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno se ha incrementado del 10,9% en 2020 al 14,3% en 2021, en tan solo un año” y que el indicador de retrasos en el pago de facturas ha aumentado más de dos puntos, entre 2018 y 2021, de un 7,2% hasta un 9,5%.
Tras advertir de que Ceuta, Región de Murcia, Melilla y Andalucía son los territorios con un “mayor porcentaje de población que no puede mantener una temperatura adecuada en invierno”, las entidades juzgaron “urgente dejar de señalar a la población que sufre pobreza energética como culpables de su situación” y lamentaron “vulneraciones flagrantes del derecho a la energía” en lugares como la Cañada Real de Madrid.
“Para asegurarnos de no dejar a nadie atrás es necesario considerar la energía como un derecho y garantizar el acceso universal a este suministro básico que nos permite unas condiciones de vida digna”, abundaron, para volver a exigir la articulación de una tarifa social energética “que contribuya a la equidad y la justicia social, de la misma manera que el acceso al sistema sanitario o educativo”.
A su entender, la implementación de una tarifa social “realmente garantista” daría “respuesta” a lo que consideraron una “ineficiencia” en la aplicación del bono social eléctrico y bono térmico, que, según su criterio, “deja fuera de su protección a la mayoría de sus potenciales beneficiarios”.
Por ello, exigieron una tarifa social “que garantice el derecho a los suministros básicos, y de manera limpia y sostenible”; la prohibición de cortes de suministros básicos; la “separación horizontal total y efectiva” entre actividades liberalizadas y las reguladas de energía, de manera que “no puedan ser realizadas por las mismas empresas o grupos empresariales”; y la aplicación de medidas para la rehabilitación y eficiencia energética “con visión de una transición justa, dando prioridad con especiales facilidades y acompañamiento a los hogares en situación de vulnerabilidad”, entre otras medidas.
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