El Consejo de Ministros aprueba una subvención de 46 millones para el Consejo General de la Abogacía Española destinada a los gastos de la asistencia jurídica gratuita
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reglamento de acceso a la abogacía y la procura que recoge una prueba única y común de evaluación de la aptitud profesional para ambas profesiones, y permite el acceso con el título universitario oficial de Derecho.
El Real Decreto, propuesto por los ministerios de Justicia y Universidades, permite que quien supere esa prueba pueda ejercer indistintamente la abogacía o la procura, teniendo en cuenta un único requisito, que la colegiación deberá hacerse en el correspondiente colegio profesional, según qué actividad se decida ejercer, sin más límite que la prohibición del ejercicio simultáneo de ambas actividades.
El reglamento incluye además, según nota informativa del Ministerio de Justicia, la regulación de la flexibilización de la reserva de la actividad profesional de la procura. Esto permitirá que la abogacía pueda asumir la representación técnica de las partes y desarrollar el resto de las funciones que son propias de la procura, para la cooperación y auxilio de los tribunales.
46 MILLONES PARA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
Este martes, el Consejo de Ministros también ha autorizado la concesión de una subvención directa de 46.418.990 euros al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) para sufragar los gastos de la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita en el territorio Ministerio (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla).
El Ministerio de Justicia indica que esta aportación, prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el presente ejercicio, se destina a retribuir las actuaciones profesionales de los abogados dirigidas a personas que hayan sido reconocidas como beneficiarias de la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.
En el caso de víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos, así como en el de menores de edad y personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, la asistencia jurídica gratuita incluye también el asesoramiento y la orientación en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia o querella.
Desde el ministerio puntualizan que también se destina a sufragar los costes generados en el CGAE como consecuencia del funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita y de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso, así como en la tramitación de los expedientes dentro del citado ámbito de competencia del departamento que dirige Pilar Llop.
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