MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
Este 2025 empieza como terminó el año anterior, con el exministro José Luis Ábalos; su exasesor Koldo García; el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama; la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez; y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como protagonistas del escenario judicial.
Por primera vez desde el ‘procés’, el Tribunal Supremo (TS) vuelve a ser el foco de causas mediáticas como el ‘caso Koldo’, que indaga en supuestas adjudicaciones irregulares para la compra de material sanitario y contratos de obra pública; y la querella en la que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, atribuye una presunta revelación de secretos al fiscal general y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Por su parte, el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid seguirá su investigación contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Y el Juzgado de Primera Instancia Número 98 de Madrid tiene pendiente un acto de conciliación en el que está citado su esposo, Pedro Sánchez, –que no tiene obligación de acudir personalmente– el 12 de febrero como paso previo a la presentación de una querella por parte del novio de Ayuso por llamarle “delincuente confeso”.
Además, en lo que a juzgados madrileños se refiere, en el de Instrucción Número 47 está prevista la declaración del exdiputado de Más País Íñigo Errejón por la denuncia por presunta agresión sexual que presentó la actriz Elisa Mouliaá. Ambos el 16 de enero.
ÁBALOS, ATENTO AL SUPLICATORIO
En lo que respecta al TS, el magistrado Leopoldo Puente está pendiente del suplicatorio que envió al Congreso para que suspenda la inmunidad de Ábalos como diputado del Grupo Mixto. La causa está en el aire en lo relativo al exministro hasta que la Cámara conteste, que no se prevé que lo haga hasta mediados de febrero, dado que enero está fuera del periodo ordinario de sesiones.
El instructor acudió al Congreso tras tomar declaración como investigados a Ábalos, a Koldo y a De Aldama. A su juicio, hay “indicios bastantes” de la comisión de hasta cuatro delitos por parte del exministro: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Puente considera que Ábalos, “prevaliéndose de su condición de ministro”, “y a cambio de determinados beneficios económicos”, pudo haber “determinado la adjudicación de varios contratos” públicos. Koldo y De Aldama habrían intervenido en dichas gestiones, según el magistrado.
EL FISCAL GENERAL, PENDIENTE DE TESTIGOS Y SU MÓVIL
En el TS también están pendientes de las declaraciones como testigos de Miguel Ángel Rodríguez –jefe de Gabinete de Díaz Ayuso–, de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, del fiscal de delitos económicos Julián Salto, de los jefes de prensa de la Fiscalía de Madrid y la Fiscalía General y de varios periodistas en la causa que se sigue contra el fiscal general.
Asimismo, están a la espera de las diligencias que el magistrado Ángel Hurtado encargó a la UCO sobre el móvil de García Ortiz después de que se hallaran “cero mensajes” en sus dispositivos en los días clave para la presunta filtración sobre González Amador.
Además, el instructor debe resolver si cita como investigado a García Ortiz, como ha pedido la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), y si acuerda las diligencias solicitadas por González Amador, incluida la imputación de Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, y el análisis de posibles conversaciones del fiscal general con varios cargos de Moncloa.
En concreto, con la asesora Pilar Sánchez Acera; el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; su sucesor y ex director de comunicación del PSOE, Ion Antolín; o la directora de comunicación de Vivienda, Laura Sánchez Espada. Según la UCO, todos habrían tenido acceso al correo que acabó en manos del exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato antes de que se publicara en la prensa.
En paralelo, el TS debe resolver el recurso que presentó la APIF contra la decisión del Gobierno de renovar a García Ortiz como fiscal general.
BEGOÑA GÓMEZ, CON LA VISTA PUESTA EN EL ‘SOFTWARE’
Por su parte, la causa relativa a Begoña Gómez comenzará 2025 con la vista puesta en los representantes legales de Google Spain, Indra y Telefónica, que declaran como testigos el 22 de enero por sus inversiones en un ‘software’ de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que Gómez se habría apropiado de forma indebida.
Ese mismo día comparecerán también quienes fueran vicerrectores de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM Juan Carlos Doadrio y José María Coello de Portugal, que ya declararon en 2024 por la contratación de Gómez.
Al margen, está pendiente que la UCO verifique si Gómez figura en más cuentas bancarias, además de las 11 en las que consta con un saldo total de 40,25 euros recogidas en una lista del Punto Neutro Judicial.
El instructor también está a la espera de que el IE entregue las transferencias que realizó a Gómez por el pago de sus servicios como directora del África Center, otra de las ramas de esta causa.
ALVISE, EN MANOS DEL SUPREMO
Otro nombre en la agenda de 2025 es el de Luis ‘Alvise’ Pérez, eurodiputado de ‘Se Acabó La Fiesta’. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ya envió al TS la denuncia que presentó el empresario Álvaro Romillo en su contra por supuestamente haber recibido 100.000 euros en efectivo para su formación.
Además de enviar los “indicios sólidos” hallados contra ‘Alvise’ por presunta financiación ilegal de partidos, el instructor también remitió los encontrados sobre el propio Romillo, a quien señala por sus donaciones anónimas.
LA GESTIÓN DE LA DANA
Al margen, el Supremo debe pronunciarse sobre el recurso que presentó la asociación Liberum contra el Gobierno central por su supuesta “inacción” ante la DANA. Como esta, hay una decena de querellas contra Sánchez y varios ministros.
La Abogacía del Estado, al pronunciarse sobre la petición de Liberum, se ha mostrado en contra de que se investigue al Ejecutivo al considerar que “no concurre la inactividad denunciada”: defiende las ayudas económicas y el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las zonas afectadas.
DEMANDAS CONTRA IONE BELARRA Y MARÍA JESÚS MONTERO
Además, el TS debe resolver sobre la demanda civil –admitida a trámite en octubre– que el magistrado jubilado Manuel García Castellón presentó contra la líder y diputada de Podemos Ione Belarra por intromisión en su derecho al honor. Le reclama 240.000 euros por llamarle “corrupto” y prevaricador.
Por otro lado, está la demanda civil –admitida a trámite en diciembre– en la que el novio de Díaz Ayuso reclama 40.000 euros a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor por unas declaraciones que realizó el 12 de marzo en el Senado.
JOSÉ MANUEL BALTAR (PP), A JUICIO
Además, el TS tiene en su calendario el juicio al senador del PP José Manuel Baltar por un presunto delito de seguridad vial el próximo 13 de enero.
La Fiscalía le acusa de conducir a 215 km/h en un tramo en el que el límite máximo de velocidad es de 120 km/h en la Autovía A-52 sentido Benavente.
LA INHABILITACIÓN DE LOUZÁN
Al margen, el TS continúa con su labor de casación y el 5 de febrero celebrará una vista para escuchar a la defensa del nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, que defenderá su recurso contra su inhabilitación.
El que también fuera presidente de la Federación Galega de Fútbol fue condenado a siete años de inhabilitación por prevaricar en la concesión de la reforma de un campo de fútbol en Moaña.
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