MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
El recién estrenado 2025 será, si se cumplen los propósitos de los sindicatos y de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el último año en el que la jornada laboral máxima se sitúe en las 40 horas semanales y pase a las 37,5 horas, aunque a la medida todavía le aguarda un camino que no será sencillo para que vea la luz, especialmente por la aritmética parlamentaria e incluso por el debate interno abierto en el Gobierno de coalición por el modo en el que se debe llevar a la práctica.
Sumar incorporó en el acuerdo de Gobierno con el PSOE reducir la jornada laboral de 40 a 38,5 horas semanales en 2024 y a 37,5 en 2025. El pasado enero, el Ministerio de Trabajo abrió una negociación con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para buscar un acuerdo, pero 11 meses después, y tras momentos de tensión con la patronal por parte de los demás actores, el acuerdo se reveló imposible y la parte empresarial anunció en noviembre su negativa a respaldar la medida.
Así las cosas, Díaz decidió en las postrimerías de 2024 a continuar con el proceso para aprobar la rebaja del tiempo máximo de trabajo y explicó que firmaría un acuerdo con los sindicatos, lo que hizo el 20 de diciembre, para que se active el proceso legislativo que dé lugar a un proyecto de ley que, tras su aprobación en Consejo de Ministros, se remita al Parlamento, donde le aguarda una complicada negociación política, pues el PNV y sobre todo Junts, se muestran renuentes a apoyar la medida tal y como está planteada.
DIFERENCIAS CON CUERPO
Pero el primer escollo que la vicepresidenta segunda tendrá que superar es el de las diferencias en el seno del propio Ejecutivo de coalición, dado que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha demandado que la medida se aplique con cierta flexibilidad en plazos y teniendo en cuenta la situación concreta de algunas actividades para no perjudicar a la economía.
Durante semanas, las discrepancias se mantuvieron entre bambalinas hasta que Yolanda Díaz se expresó con claridad en una entrevista en laSexta, donde se mostró “sorprendida” por que “a estas alturas el Partido Socialista diga que no quiere cumplir con el acuerdo de Gobierno de nuestro país”. Además, señaló que ella pensaba que como se “había marchado” Nadia Calviño de Economía para dirigir el Banco Europeo de Inversiones (BEI), “las cosas iban a cambiar en el Gobierno de España”.
“Y ya ven ustedes, tenemos personas diferentes en el Ministerio de Economía y los comportamientos son los mismos”, agregó Díaz en la entrevista recogida por Servimedia, donde se mostró sabedora de que lo que estaba diciendo es “durísimo”.
En esta línea, afeó que Cuerpo diga “lo mismo” que dice la patronal: “Ha salido el señor Garamendi diciendo que se encuentra muy cómodo con el señor Carlos Cuerpo”. “La cosa es para quién gobernamos y si cumplimos el acuerdo de Gobierno”, reflexionó la titular de la cartera de Trabajo, quien reforzó su posición afirmando que Pedro Sánchez “es partidario” de la reducción de la jornada.
SENSIBILIDAD DE CUERPO
Y, aunque con matices, así fue. Solo un día antes, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, agradeció públicamente la “sensibilidad” de Cuerpo con el diálogo social, contraponiendo su actitud con los intentos de la líder de Sumar en el Gobierno, a quien acusó de “insultar” y “descalificar” a la patronal.
Por el momento, el ‘duelo’ gubernamental se ha resuelto con un borrador de anteproyecto de ley firmado por Díaz y los sindicatos que recoge la reducción de la jornada en todas las actividades antes del 31 de diciembre de 2025. No obstante, incluso los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, se mostraron sabedores de que puede sufrir “cambios” en la negociación parlamentaria. Por ello, la parte socialista del Ejecutivo era más partidaria de seguir intentando que la CEOE se avenga a un pacto, pues ello haría más fácil que se pudiera aprobar la medida en el Congreso.
Las fuentes patronales consultadas por Servimedia se muestran molestas por el modo en que Díaz ha gestionado la negociación y apuntan que si quiere aprobar la medida, que lo haga, pero que no se les puede obligar a que se sumen a algo que creen que “no es bueno para el país”.
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