IFM, el socio australiano de FCC Aqualia, incómodo tras la anulación del contrato de agua de San Javier (Murcia) por presuntas irregularidades
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) anula la adjudicación del contrato de agua y alcantarillado después de detectar irregularidades en el proceso
El fondo australiano IFM, presidido en España por Jaime Siles, se podría ver en una situación complicada por la suspensión de la adjudicación del contrato de agua de la localidad murciana de San Javier. IFM posee el 49% de las acciones de Aqualia, mientas que el 51% restante se encuentra en manos de Carlos Slim y FCC. La decisión del TACRC señala la invalidez del acto impugnado y del procedimiento completo de contratación, como se establece en su sexto fundamento jurídico. Esta conclusión se alcanza tras evaluar un recurso presentado por uno de los participantes en la licitación, el cual ha llevado al rechazo de los demás recursos, dado que implica directamente la anulación del contrato para la gestión del agua y el alcantarillado en San Javier.
El fondo australiano se define como “un fondo ético, con una cartera de activos por valor de 77.000 millones de dólares, en busca de invertir en el sector de las energéticas, el hidrógeno y los semiconductores”. Precisamente, en octubre pasado mantenía una reunión con el presidente Pedro Sánchez para transmitirle su interés por el mercado español y el fomento de la colaboración público-privada, especialmente en el campo de las transiciones energética y digital. Ya llevan invertidos más de 8.000 millones en tres grandes operaciones vinculadas a Naturgy, Aqualia y Aleática. Y anunciaron más para los próximos meses. Ahora, con esta piedra en el camino que supone la suspensión del contrato concedido por el Ayuntamiento de San Javier a FCC Aqualia por presuntas irregularidades, y la consecuente anulación del concurso, quizá tengan que cambiar sus planes o replantear su estrategia de inversión.
Uno de los aspectos destacados en los recursos que ha llevado a la revocación de la adjudicación por parte del TACRC es la omisión de responsabilidades por parte de los profesionales del Ayuntamiento de San Javier y de la propia mesa de contratación, presidida por el alcalde del PP, José Miguel Luengo Gallego. Se ha cuestionado la validez de todos los informes proporcionados por Ingeagua, la consultoría externa contratada directamente y sin competencia para la redacción de los pliegos y la evaluación de las propuestas del concurso, todo ello en el mismo día de su recepción.
Los primeros indicios de falta de transparencia y opacidad empezaron cuando el Ayuntamiento de San Javier, dirigido por José Miguel Luengo Gallego, optó por externalizar la redacción de los pliegos y la valoración de las ofertas a la consultora Ingeagua. En este punto, se plantea la posibilidad de un conflicto de intereses y prevaricación, ya que Ingeagua presentó una propuesta en el mismo concurso en representación de uno de sus clientes, Aqualia. Sorprendentemente, Aqualia obtuvo la máxima puntuación (49 puntos de 49 posibles) en todos los aspectos técnicos evaluables subjetivamente por la propia consultora. La oferta de Aqualia superó considerablemente el límite permitido y excedió en un 56% a las de otros competidores.
Además, se cuestiona la relación del alcalde, José Miguel Luengo Gallego, con otro posible conflicto de intereses, ya que trabajó durante 3 años como ingeniero de obras públicas para la empresa José Díaz García S.A., principal contratista de obras propuesto por Aqualia en el proyecto.
Un fondo australiano con presencia en España desde 2016
Fundada en 1990 bajo el nombre de Development Australia Fund (DAF Limited), la empresa surgió con el propósito principal de establecer un fondo destinado a empresas australianas con un crecimiento acelerado, tanto del ámbito privado como público, así como en activos de infraestructuras. Su objetivo primordial consistía en maximizar el rendimiento de las inversiones y desafiar el modelo de gestión centrado en beneficios rápidos.
En 2016, la compañía OHL llevó a cabo la venta del 24,01% de la sociedad Concesionaria Mexiquense (Conmex) al fondo Global Infrastructure Fund (IFM) por un total de 400 millones de euros. Con esta transacción, el fondo de infraestructuras incrementó su participación en la concesionaria mexicana hasta alcanzar el 49%, mientras que el 51% restante quedó bajo el control de la familia Villar Mir.
En el año 2018, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) tomó la decisión de ceder al fondo IFM Global Infrastructure Fund (a través de Global Infraco Spain) un 49% del capital de su filial FCC Aqualia, concretando la operación por un valor de 1.024 millones de euros.
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