Más de mil propietarios originales denuncian una trama de ocultación y maniobras legales para silenciar su derecho de reversión en el macroproyecto Madrid Nuevo Norte.
Madrid Nuevo Norte, el gran desarrollo urbanístico al norte de la capital —conocido durante décadas como Operación Chamartín— está cimentado sobre una historia de expropiaciones, maniobras jurídicas cuestionables y un pulso desigual entre grandes poderes económicos y ciudadanos de a pie.
Un grupo de más de mil familias, agrupadas en la asociación No Abuso, lleva más de 30 años reclamando lo que consideran suyo: los terrenos que el Estado les arrebató en los años 70 para construir la estación ferroviaria de Chamartín.
Hoy, esos terrenos —muy lejos de su función pública inicial— han sido vendidos por Adif a la promotora CREA, participada por BBVA y liderada por Carlos Torres, sin que conste la más mínima advertencia sobre la disputa judicial abierta. Todo ello pese a que la propia Abogacía del Estado reconoce en un informe que los derechos de reversión están vigentes y que debieron ser registrados en el proceso de compraventa.
Pero lo más alarmante, según los afectados, es que Adif reorganizó y segregó los terrenos en decenas de fincas con el objetivo de hacer desaparecer del registro los derechos de los antiguos propietarios. Una maniobra que consideran un claro caso de encubrimiento.
La justicia ha dado la razón, parcialmente, a los reversionistas mediante medidas cautelares. Sin embargo, estas decisiones han llegado siempre demasiado tarde, cuando las ventas ya se habían consumado.
En paralelo, BBVA ha sido denunciado por la empresa Baraka ante la SEC (la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos) y la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) por no incluir en su contabilidad ninguna provisión ni advertencia sobre este conflicto.
Mientras tanto, miles de millones de euros se mueven entre despachos de grandes firmas, mientras los legítimos dueños de la tierra ven cómo su historia se borra del mapa.
El caso pone en jaque la credibilidad institucional y reabre el debate sobre el equilibrio entre progreso urbanístico y derechos ciudadanos. ¿Hasta dónde llega el interés público, y dónde comienza el abuso de poder?
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