La junta apunta al exlíder golpista Damiba como uno de los cabecillas y vincula a los sospechosos con grupos terroristas
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Las autoridades de transición de Burkina Faso han asegurado haber desarticulado varios “intentos de desestabilización” de las instituciones llevados a cabo por sospechosos residentes principalmente en Costa de Marfil y Ghana y con apoyo de “potencias extranjeras”, incluido su papel en un sangriento atentado en agosto que dejó más de 400 muertos en el país africano.
El ministro de Seguridad burkinés, Mahamadou Sana, ha indicado en una declaración televisada que “desde hace muchos meses, los servicios de seguridad (burkineses), en colaboración con los de la Alianza de Estados del Sahel –integrada también por Malí y Níger–, siguen una vasta red de desestabilización orquestada desde el exterior y sus ramificaciones internas en nuestra soberanía nacional”.
Así, ha manifestado que “individuos residentes en Costa de Marfil participan en actividades de subversión” con la intención de generar “caos”, antes de agregar que estas personas están “apoyadas por servicios de Inteligencia occidentales”, según la grabación, emitida por el Servicio de Información del Gobierno (SIG) a través de su cuenta en la red social Facebook.
Sana ha relatado que “estos actores del caos” están integrados “por civiles de diversos perfiles, así como por militares y exmilitares que han abandonado el territorio nacional para participar en operaciones de propaganda y desestabilización”.
En este sentido, ha apuntado directamente al antiguo líder de la junta militar, Paul-Henri Sandaogo Damiba –quien encabezó en 2022 el golpe de Estado contra el entonces presidente, Roch Marc Christian Kaboré antes de ser derrocado en un golpe interno por Ibrahim Traoré, actual líder del país–, como el responsable de la “faceta militar del complot”.
El ministro burkinés ha detallado que “el primer ataque, precursor de la operación” fue el ejecutado el 24 de agosto en la ciudad de Barsalogho, en la provincia de Centro-Norte. La autoría del asalto fue reclamada por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), rama de Al Qaeda en el Sahel.
Sin embargo, Sana ha afirmado que el ataque fue parte de una “intentona de desestabilización” en la que los sospechosos habrían desarrollado lazos con “terroristas” con el objetivo de perpetrar “acciones violentas contra civiles inocentes” y “atacar no sólo instituciones de la República, sino también cualquier punto sensible”.
En esta línea, ha argumentado que el ataque de Barsalogho tenía como objetivo “masacrar al máximo de población civil” para “crear el caos” y “facilitar la ejecución del plan principal”, que incluía la irrupción en la capital, Uagadugú, y la toma del Palacio Presidencial, derribando así a Traoré y a las autoridades de transición instauradas por la junta.
Sana ha recalcado que, tras el ataque de Barsalogho, fueron lanzados ataques contra una base de drones “para evitar cualquier respuesta” de las fuerzas burkinesas, mientras que “un tercer grupo, llegado desde territorio marfileño, iba a llevar a cabo ataques para “dispersar a las fuerzas combatientes”.
Tras ello, ha manifestado que el periodista nigerino de origen burkinés, Serge Maturin Adou, desaparecido en la capital de Níger, Niamey, desde el 1 de septiembre, figura entre los implicados en el complot, antes de apuntar que varias personas más fueron detenidas en territorio nigerino, incluidos “altos cargos terroristas” y entregados a Burkina Faso.
Igualmente, ha apuntado como supuesto implicado en la intentona a un antiguo alcalde burkinés que ahora “trabaja en el seno de un organismo internacional” en República Centroafricana (RCA) y quien mantendría lazos con Estado Islámico Sahel (IGS) a través de uno de sus familiares, antiguo miembro del grupo yihadista.
REITERADAS ACUSACIONES CONTRA COSTA DE MARFIL
Por otra parte, ha reiterado sus acusaciones contra Costa de Marfil por acoger en su territorio a personas “activas en actividades de subversión” contra las autoridades de Burkina Faso y ha reseñado que las fuerzas burkinesas han lanzado “una operación especial antiterrorista en respuesta a este proyecto de desestabilización”.
“Se ha decidido mantener la operación especial para neutralizar a toda persona que intente sembrar el caos en nuestro país”, ha zanjado el ministro de Seguridad burkinés, sin que las autoridades de los países contra los que Uagadugú ha vertido acusaciones por su supuesto papel en el complot se hayan pronunciado al respecto.
Las autoridades de transición de Burkina Faso ya apuntaron en junio a un “deterioro” de las relaciones con Costa de Marfil y acusaron al país vecino de convertirse en “la retaguardia de los que intentan desestabilizar” la situación en territorio burkinés, en medio de las tensiones entre la junta instaurada tras el golpe de Estado de 2022 y varias naciones de la región
Así, el portavoz del Ejecutivo, Jean Emmanuel Ouédraogo, criticó el surgimiento del Frente para la Defensa de la República (FDR), una organización integrada por representantes de la sociedad civil que operaría desde Costa de Marfil y que reclama la disolución de la junta y que los militares den paso a la organización de elecciones para devolver el poder a las autoridades civiles.
Traoré firmó a finales de mayo una nueva carta a modo de Constitución en la que prorrogó cinco años el mandato del gobierno de transición impuesto por la junta, que ha protagonizado un alejamiento progresivo de su hasta entonces principal aliado, Francia –antigua metrópoli– y ha realizado un acercamiento a Rusia, lo que ha desatado la preocupación en París –cuyas tropas se han visto forzadas a abandonar territorio burkinés– y sus aliados.
Burkina Faso ha experimentado en términos generales un aumento significativo de la inseguridad desde el año 2015, con ataques obra tanto de la filial de Al Qaeda como la de Estado Islámico, lo que ha provocado una oleada de desplazados internos y refugiados hacia otros países de la región.
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