Un propietario incluso llegó a presentar un certificado de seguridad del inmueble para no tener que actuar, que el Ayuntamiento no dio por válido.
El Ayuntamiento de València, a través del servicio de Disciplina Urbanística, abrió expediente a las cuatro propiedades que conforman la parte privada de la Alquería del Moro en 2013, tras una actuación de Bomberos. Desde entonces se han sucedido notificaciones, órdenes de ejecución y comunicaciones para que se adopten medidas precautorias, sin que los propietarios hayan actuado.
La Alquería del Moro está dividida en cinco propiedades diferentes, una de ellas es de propiedad municipal y el resto de propiedad privada. El derrumbe ha afectado a tres de las cuatro propiedades privadas. La contrata del servicio de Disciplina Urbanística está trabajando para garantizar la seguridad en la zona junto con un arqueólogo, ya que los edificios están protegidos, y se elaborará un informe con las conclusiones.
El Ayuntamiento ha iniciado ya las obras de rehabilitación de la parte municipal. En 2013, los bomberos realizaron una actuación de emergencia en la parte privada. El servicio de Disciplina Urbanística abrió expediente, realizó un informe y se notificó a los propietarios. Desde entonces, el Ayuntamiento ha realizado diferentes requerimientos y notificaciones. También se ha activado el procedimiento de multas. Los tiempos se han dilatado debido a diferentes recursos de reposición, comunicaciones de inicio de obras incumplidas por parte de los propietarios e incluso alguna maniobra para intentar evadir responsabilidades.
En concreto, una de las propiedades más afectadas por el derrumbamiento presentó un certificado de seguridad firmado por un arquitecto que aseguraba que las condiciones de seguridad del edificio eran correctas. El Ayuntamiento no aceptó el certificado y la propiedad presentó un recurso de reposición el pasado mes de julio. El recurso ha sido informado desfavorablemente y se encontraba en proceso de encargo a la contrata para actuar subsidiariamente.
Tras el derrumbe, la contrata pondrá en marcha las medidas necesarias para garantizar la seguridad y, tras el informe, se notificará a los propietarios para que lleven a cabo las obras restantes. Uno de ellos deberá reparar el muro afectado. Los otros dos serán declarados ruina inminente. Al ser edificios protegidos, deberán ser reconstruidos
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