El PSPV reclama a Barcala que “abandone su postura extremista” y que modifique la norma “de inmediato”
ALICANTE, 13 (EUROPA PRESS)
El portavoz de Podemos Alicante, Xavier López, ha pedido al Ayuntamiento de la ciudad que “deje de malgastar dinero público” y que no recurra a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ha anulado distintos artículos de la Ordenanza de Convivencia Cívica del consistorio relativos a mujeres prostituidas, menores y personas que duermen en la vía pública.
Así se ha expresado este martes López, concejal de UP en funciones del Ayuntamiento de Alicante, en una rueda de prensa en la que ha valorado la sentencia del TSJCV, que ha declarado la anulación de los artículos 3.2 II, 22 bis, 26-1, 29-3 y 31-2 de la Ordenanza de Convivencia Cívica del Ayuntamiento, al constatar que la norma carece del informe de impacto de género exigible según la ley. De esta forma, acepta el recurso que en su día interpuso Unides Podem contra el texto.
Al respecto, López ha instado al consistorio a que no recurra a esta sentencia, para lo que dispone de 30 días, y que “deje de malgastar dinero público”. “Ya se ha visto el Ayuntamiento abocado a pagar las costas judiciales –deberá abonar 1.500 euros– y tiene que dejar de utilizar ese dinero para continuar con su lucha ideológica”, ha enfatizado.
Además, ha destacado que la sentencia del TSJCV supone un “duro golpe contra las tesis de Vox”, que figuraba como codemandado en el recurso y que votó a favor de la ordenanza junto con el equipo de gobierno de PP y CS. “Pierde Barcala y pierde la ultraderecha”, ha sostenido en alusión al alcalde ‘popular’ y a Vox.
López ha celebrado que el TSJCV da la razón “absolutamente en todo” lo que pidieron en el recurso contencioso-administrativo interpuesto puesto que “deroga los artículos más lesivos” de la “ordenanza de la vergüenza”.
“Hacen referencia a la persecución de las mujeres víctimas de la prostitución y a la persecución de las personas que no tienen hogar y se ven abocadas a dormir en la calle”, ha precisado, al tiempo que ha aseverado que “los ayuntamientos lo que deben hacer es proteger y no perseguir a las personas más vulnerables, que es lo que ha estado haciendo hasta este momento el gobierno de Barcala”.
“VICTORIA DE LA IZQUIERDA”
Igualmente, considera que la sentencia da la razón a UP en una “cuestión fundamental”, como es que el procedimiento que se ha seguido para elaborar la ordenanza “se salta normas fundamentales al carecer de un informe de impacto de género”.
“Ha sido una vergüenza para esta ciudad y también para Europa, porque todas las organizaciones y todas las instituciones, tanto locales, como autonómicas, como estatales e incluso de la Unión Europea, le venían diciendo a Barcala que esa ordenanza vulneraba los derechos humanos”, ha afirmado.
Para López, el fallo es “una victoria de todo el espacio político de la izquierda, por lo tanto, hemos vencido en las calles y hemos vencido también en los tribunales. Le dijimos a Barcala que si no había un gobierno progresista que derogara la ordenanza de la vergüenza, lo derogarían los tribunales y teníamos razón”, ha subrayado.
EL PSPV CENSURA LAS MULTAS “POR SER POBRE”
Por su parte, desde el PSPV-PSOE, la concejala Lola Vílchez también ha aplaudido la decisión del TSJCV y se ha mostrado “realmente complacida” con la anulación de algunos artículos. “No puede ser que un Ayuntamiento multe a la ciudadanía por ser pobre”, ha censurado.
“Esta normativa, caracterizada por su injusticia y crueldad, ha causado un verdadero sufrimiento a cientos de residentes en situación vulnerable de nuestra comunidad, quienes han sido perseguidos legalmente únicamente por su situación económica”, ha lamentado en un comunicado.
Asimismo, Vílchez ha acusado a Barcala de ser “el único responsable” de impulsar esta norma, que también ha tachado de “ordenanza de la vergüenza”. “Instamos al alcalde a abandonar su postura extremista y trabajar en beneficio de todos los ciudadanos, especialmente de los colectivos más vulnerables”, ha aseverado, al tiempo que ha urgido a modificarla “de inmediato, especialmente en las disposiciones más perjudiciales y que van en contra de derechos fundamentales”.
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