Entidades sociales calculan que más del 80% de los casos de discriminación y delitos de odio no se denuncian
VALÈNCIA, 13 (EUROPA PRESS)
Organizaciones sociales de defensa de los derechos de las personas migrantes denuncian el aumento del “racismo” en las administraciones públicas y advierten de que “se ha instalado el miedo en vez de la solidaridad”.
Así se desprende del último informe sobre ‘Discriminación cotidiana por racismo y xenofobia en València’, elaborado por CEAR PV, CEPAIM, Rumiñahui, València Acull, MPDL, RIS y CIE No en el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes y que se ha presentado este miércoles a los medios.
La principal conclusión de la que se desprende el documento es que la administración pública es “el principal agente discriminador” en la ciudad de València y en su área metropolitana, pues, según ha relatado el representante del reporte y miembro de Valencia Acull, Paco Simón, “las políticas y prácticas de la administración y de su funcionariado son las principales causantes de discriminación a la población migrante y, sobre todo, de la población migrante en situación irregular”.
En este sentido, los diferentes colectivos han coincidido en apuntar que las instituciones públicas han vuelto a ser quienes más han discriminado a esta población según los casos recogidos a lo largo del año. Asimismo, han incidido en el hecho de no disponer de datos estadísticos sobre estos casos ya que denuncian que “entre el 80 y el 90% de los casos de discriminación o de incidentes relacionados con delitos de odio no se denuncian”.
Entre las causas de infradenuncia señalan “el miedo a represalias del agresor o de la propia policía por la posibilidad de que se les incoe un procedimiento de expulsión; la desconfianza hacia las autoridades o el desconocimiento de los recursos para denunciar, entre otras.
De esta manera, el informe expone una radiografía de los ocho ámbitos donde más casos de racismo se han detectado en 2023: el padrón; las citas en extranjería y asilo; prácticas policiales; identificaciones por perfil étnico y racial; sanidad pública; entidades bancarias; vivienda y CIE de Zapadores.
PROBLEMAS PARA EMPADRONARSE
Respecto al padrón, la asociación Rumiñahui ha expuesto la “grave deficiencia” del sistema de citas para acceder al padrón municipal, tanto por internet como por vía telefónica, que hace “muy difícil” conseguir un turno para poder empadronarse.
En este sentido, han destacado que en los casos de urgencia, en los que el padrón es “indispensable” para efectuar algún otro trámite, las personas que acuden sin cita pueden llegar a esperar “hasta cuatro horas” para ser atendidos.
También afean que, a pesar de que el Ayuntamiento de València tiene establecido un procedimiento especial de empadronamiento para los casos que no se ajustan a los requisitos exigidos en relación a la vivienda, este no se aplica, de manera que “muchas solicitudes se demoran hasta un año en ser resueltas y transcurrido este tiempo la policía realiza una visita al domicilio y notifica al propietario quien puede manifestar su falta de voluntad de empadronar a la persona en situación vulnerable y exigir su desalojo”.
En el caso de Cristina, quién también tuvo problemas para poder empadronarse en la ciudad de València a través del empadronamiento especial, la mediación de la policía en el proceso fue lo que ocasionó que la dueña el inmueble decidiera echarla y “coaccionar” a la amiga que la acogió en la casa.
“La dueña pidió que yo saliera y la mujer que me acogió solidariamente, por miedo a quedarse ella también en la calle, se vio forzada a echarme”, ha explicado, al tiempo que ha asegurado que este tipo de acciones consiguen que “se rompan las solidaridades de la gente” ya que considera que “hay un tejido social que sostiene todas estas limitaciones que tiene el Estado y las leyes”. “¿Quién va a querer tener a nadie solidariamente? Siempre van a estar amenazados, se instala el miedo en vez de la solidaridad”, ha subrayado.
“Hay dos líneas que afectan al no tener un empadronamiento, la primera, romper la solidaridad de un tejido social que puede sostener la vida de las personas que estamos en esta situación, y, la segunda, cómo manejar la situación desesperante de buscar una vivienda cuando te piden 300 euros por una habitación que no se puede pagar”, ha aseverado.
COMPRA-VENTA DE CITAS
Por su parte, la organización MPDL ha censurado el “colapso” en las citas de extranjería y asilo que desde la pandemia dejaron de ser presenciales y solo pueden solicitarse vía e-mail o telefónica pero que “nunca” funcionan correctamente.
Sobre las citas para la expedición del documento de indentificación, desde la entidad han afirmado que “cuando la gente accede a la página web siempre les aparece un letrero que indica que no hay citas disponibles” y que esto ocurre debido a la existencia de bots informáticos “diseñados para acaparar las citas que la policía pone a disposición de la gente para después proceder a venderlas”.
“Muchas personas han tenido que recurrir a la compra de citas en el mercado clandestino porque sin cita no se puede conseguir residencia, ni documentación y, por lo tanto, tampoco posibilidad de cotizar, alquilar un piso o abrir una cuenta en el banco”, han asegurado.
Asimismo, desde MPDL denuncian el trato “discriminatorio y humillante” de muchos funcionarios que “obligan a personas negras a blanquear sus caras en las fotos de carnet para realizarles la Tarjeta de Identificación Extranjera”.
En cuanto al acceso a la vivienda, la fundación CEPAIM ha apuntado el racismo en el acceso a la vivienda que dificulta en muchas ocasiones que se alquilen casas a las personas migrantes o se les exige una serie de requisitos distintos que a la población nativa.
Además, también insisten en que más allá de las trabas para acceder a la vivienda, una vez consiguen una residencia, se enfrentan al racismo de sus vecinos que “no quieren convivir con inmigrantes en el mismo bloque”.
Según CEPAIM, estas situaciones derivan en que los vecinos “acosen y difamen” a las personas migrantes para que estas abandonen la casa en la que viven.
En esta línea, la fundación también denuncia la mala praxis en la sanidad pública que, en muchos casos, incumple la ley y no les atienden en las condiciones que deberían o ponen problemas a la hora de solicitar la tarjeta sanitaria.
“SIN CUENTA NO TRABAJO Y SIN TRABAJAR NO PUEDO RESIDIR”
Otra de las dificultades a las que se enfrenta la población migrante es el acceso a una cuenta bancaria. La organización CEAR PV ha incidido en que cuando se trata de acceder a una cuenta básica para poder trabajar y así domiciliar la nómina, las entidades bancarias “incumplen la normativa”.
En el caso de Salif, intentó abrir una cuenta básica que necesitaba para poder trabajar y recibió la negativa de varias entidades bancarias hasta que finalmente consiguió abrirla. “Había conseguido un trabajo pero no podían pagarme porque no tenía una cuenta bancaria y sin trabajo no puedo estar aquí entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Al final piensas, ¿Qué es más importante, lo que dice la ley o lo que dice el banco?”, ha señalado.
En cuanto a las prácticas policiales abusivas, la asociación RIS, ha identificado un aumento en las identificaciones por perfil étnico y racial.
En esta línea, han indicado que el perfil “más parado e identificado” responde al de “un hombre de entre 16 y 40 años” percibidos como “magrebíes, negros, latinos y gitanos” y han denunciado la inseguridad jurídica que sufren las personas migrantes cuando acuden a la policía a denunciar el extravío de sus pasaportes ya que considera que se les sanciona en su proceso de regularización.
Finalmente, CIE NO ha criticado el funcionamiento arbitral del centro que priva de derechos a los internos que sufren “agresiones, malos tratos y vejaciones”.
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