VALÈNCIA, 3 (EUROPA PRESS)
Salvador Deusa, exjefe de la Diputación de Valencia, ha afirmado que el servicio del ‘Call center’ surge de una “necesidad política” y contó con el respaldo de diferentes informes técnicos. Así mismo, ha defendido que el proceso de contratación fue “todo transparente” y que no hubo “ninguna queja ni reclamación” sobre el mismo.
Deusa ha declarado este miércoles en calidad de acusado en el juicio que se sigue contra él, contra el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y otras cuatro personas más por la pieza D del caso Imelsa, relativa al conocido como ‘Call center’.
Fiscalía Anticorrupción acusa a Rus de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y le pide ocho años de prisión; por su parte, al ‘yonki del dinero’ le atribuye los delitos de prevaricación y malversación también con carácter continuado y le pide cuatro años y medio de cárcel.
Los otros cinco acusados en esta pieza –bien como autores directos o como cooperadores necesarios– están acusados de delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales. Entre ellos está el exsuegro de Benavent, para el que el fiscal reclama 13 años de prisión.
Deusa, en su declaración, ha afirmado que llegó a la entidad pública a través del entonces interventor general, quien le llamó y le ofreció un puesto de responsabilidad en base a su experiencia profesional. “Me dijo que si podía ayudar al gerente a encauzar el trabajo”, ha indicado.
El acusado aceptó el puesto y le nombró el expresidente de la Diputación a propuesta del secretario general. Así, comenzó a trabajar en enero de 2008 y finalizó su trabajo en diciembre de 2013. Se encargaba de hacer un seguimiento ordinario de los proyectos y servicios que les encomendaba la Diputación, entre ellos del ‘Call center’, ha explicado. Sin embargo, no se encargaba ni de la contratación ni de las auditorías, ha aclarado.
En relación con el ‘Call center’, ha expuesto que surge de una “necesidad política” puesto que la Diputación tenía “muchísimos problemas” con el servicio de recaudación de tributos. “El concurso fue una decisión meramente política y desde el punto de vista técnico se pensó en cómo montarlo. Yo aporté mi experiencia para plasmar el proyecto concreto”, ha descrito.
Y ha insistido: “El proyecto surge de una necesidad política. Se hizo un informe por parte del área correspondiente sobre la necesidad y se llevó a una comisión informativa. Luego se hizo un informe de legalidad vinculante y otro de presupuesto y lo votaron los partidos políticos y en las comisiones informativas. Se aprobó en el pleno, se hizo el decreto y se puso en marcha”, ha expuesto.
Seguidamente, ha narrado que él se ocupó de elaborar el informe de necesidad de contratación, que fue un acto reglado, pero no del servicio. Ha puntualizado al respecto que él dependía del consejero delgado y que no tenía a nadie a su cargo. Tampoco pertenecía al equipo directivo de Imelsa ni tenía capacidad de influencia sobre nadie, ha repetido.
Así mismo, sobre el contrato del ‘Call center’ –adjudicado a la empresa Servimun S.L.–, ha aseverado que los pliegos de las descripciones técnicas los contrató Benavent a una empresa externa mientras que el pliego de cuestiones administrativas lo hizo la dirección jurídica. Él firmó el pliego técnico junto al consejero delegado y ha asegurado que el mismo estaba muy bien elaborado. También se encargó de revisar las ofertas y de evaluarlas.
“Era todo muy transparente. Y en ese momento, en el que se recurría todo por parte de las empresas, nadie, absolutamente nadie, puso ninguna reclamación, recurso o queja”, ha destacado. Ha señalado que se agilizó el proceso porque tenían “muchas presiones” de ayuntamientos y concejales.
“TODO FUE LEGAL”
El acusado ha indicado que Servimun fue la empresa mejor valorada “y esto coincidía con todos los que lo estudiaron”. En relación con los reparos puestos por los técnicos años después, una vez investigada la causa, ha dicho: “Podríamos haber mejorado algunas cosas, pero esto se dice con una perspectiva de cinco o seis años. Todo lo que se hizo en su momento fue legal”, ha subrayado.
Preguntado por la relación que mantenía con Alfonso Rus, ha afirmado que “ninguna”, “ni con este contrato ni con nada”. “No lo veía en la Diputación, por suerte, porque igual me hubiera cesado. He coincidido con él en un par de entierros y de bodas. Distintos y distantes”, ha respondido.
Ha puntualizado que “nunca” habló con él de la encomienda de gestión del ‘Call center’ y ha dicho que no recibió ninguna indicación directa de Rus para favorecer a alguna empresa en el proceso de adjudicación. “Ni ninguna presión”, ha añadido.
También ha señalado que no tenía ningún interés directo en que alguna empresa obtuviera la adjudicación y ha advertido de que tampoco presionó a nadie para contratar a ninguna mercantil: “Yo no pintaba nada en Imelsa”, ha apostillado.
En relación con Mariano López, exsuegro de Benavent y colaborador de Servimun –la Fiscalía considera que López medió para que se adjudicara el contrato aprovechando su relación de amistad con Deusa–, el acusado ha manifestado que los dos son de Xàtiva y estudiaron juntos algunos años. También coincidieron en algunas pascuas o fiestas, “pero con él y con otras 50.000 personas más”, ha concretado. Ha matizado que no se puso en contacto con él para que le favoreciera con el contrato del ‘Call center’ a Servimun.
Así, preguntado por qué se ha visto envuelto en este procedimiento, Deusa ha indicado que “por la guerra cruzada entre Benavent y Mariano López, exsuegro y exyerno. Además, a Marcos le sentó bastante mal que yo dejara aquello porque teníamos un procedimiento de contratación perfecto. Lo dejé tirado”, ha respondido.
- Te recomendamos -
