VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos UGT y CSIF han criticado la “irrisoria” e “indignante” subida salarial para los funcionarios de la administración de Justicia anunciada este lunes por el ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, y han recalcado que las centrales sindicales abandonaron la Mesa Sectorial al no estar de acuerdo con la propuesta.
El sector de Justicia de UGT Serveis Públics del País Valencià ha calificado en un comunicado de “irrisoria” la subida salarial y ha trasladado a Mazón que este personal “sigue en el furgón de cola de España en cuanto a percepción del complemento autonómico, por lo que los salarios son los más bajos del territorio español”.
En esta línea, CSIF ha expresado su “desacuerdo” ante una oferta que “no está a la altura del sector ni de la media salarial a nivel nacional” ya que “apenas alcanza los 65 euros” y mantiene a los funcionarios de la Comunitat Valenciana “muy por debajo de la media nacional, lo que genera una clara desigualdad retributiva”, ha señalado en un comunicado.
Mazón anunció este lunes que el Ejecutivo valenciano destinará cinco millones de euros en 2025 para “mejorar” la retribución de los funcionarios de Justicia de la Comunitat Valenciana y aumentar el complemento autonómico transitorio (CAT) de los trabajadores de la Administración de Justicia, un incremento que “beneficiará a los 5.774 empleados públicos de Justicia en 2025”, según señalaba.
Sin embargo, UGT Serveis Públics ha expresado su “perplejidad” por la manera en la que la Generalitat “ha ‘vendido’ un supuesto acuerdo de Mesa sectorial que en realidad no fue tal, ya que los sindicatos presentes se levantaron en bloque de la reunión ante la falta de voluntad negociadora de la Conselleria de Justicia”.
Según la propuesta, las subidas mensuales quedan así: el personal de Gestión Procesal administrativa cobrará 65.38 euros más; TPA/Ayudantes de Laboratorio, 62,11; Auxilio Judicial, 58,84 y Personal Médico Forenses/Facultativo, 65,38.
“Estas cantidades se quedan muy por debajo de las expectativas creadas a raíz del de los acuerdos alcanzados el diciembre de 2023 para impulsar la dignificación del trabajo de médicos forenses, gestores, tramitadores y auxiliares judiciales en 2025”, denuncia UGT, que añade que la comparativa con otras comunidades, que a lo largo de los últimos años han llegado acuerdos para mejorar sus complementos retributivos, “deja en muy mal lugar al Gobierno valenciano que, a pesar de la palabrería, no parece tener interés en mejorar sus órganos judidiciales”.
En esta línea, ha añadido que Mazón dijo que la última vez que los funcionarios y funcionarias de Justicia vieron incrementado el concepto retributivo fue en 2016, “una afirmación incorrecta ya que, aunque las cantidades no han sido para lanzar campanadas al vuelo, desde el 1 de enero de 2022, se vienen aplicando sucesivos incrementos del CE/CAT de los puestos de trabajo del personal funcionario de Justicia de la Comunitat Valenciana”, fruto del Acuerdo de la Mesa General de Negociación del personal funcionarial, estatutario y laboral de la Generalitat de 29 de julio de 2021, durante la etapa de Gobierno del Botànic.
Entre los compromisos incluidos en ese acuerdo se establecía la creación de un programa temporal de lucha contra la brecha salarial y racionalización y mejora de la clasificación de puestos, y se consignaba en los presupuestos para los años 2022, 2023 y 2024, una dotación con esta finalidad y “racionalizar” los “desfases” en las clasificaciones y tablas retributivas sobre los complementos específicos del personal.
Por su parte, CSIF ha incidido en la idea de que la subida “mantiene a los funcionarios de la Comunitat Valenciana muy por debajo de la media nacional, lo que genera una clara desigualdad retributiva”. “Seguimos estando a la cola retributiva de todo el país. De hecho, a pesar de la oferta del día de ayer, seguimos a 200 euros por debajo de la media nacional”, ha detallado.
“FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA”
El sindicato ha denunciado “la falta de voluntad política para abordar esta situación” y que “no existe un compromiso de mejora a largo plazo”. “Es inaceptable que, mientras el resto de comunidades autónomas firman acuerdos trianuales con subidas salariales más altas y sin presupuesto, nosotros sigamos esperando una oferta retributiva que cumpla con el acuerdo de legislatura que se firmó en diciembre de 2023”, ha cuestionado.
CSIF ha abundado en la situación de los funcionarios, que están “sobrecargados, quemados y sin incentivos para afrontar el sobreesfuerzo que supone el suplir las carencias de la nueva aplicación de gestión procesal justa, unido a la adaptación al nuevo modelo organizativo que se pretende implantar en este 2025 con los tribunales de instancia”.
El sindicato ha advertido que no parará “hasta que no haya una propuesta seria que nos equipare a la media” y ha exigido “un calendario de pagos y un plan de incremento del complemento específico acorde con las funciones que realizamos”.
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