El pleno de Les Corts ha aprobado la convalidación del decreto ley 3/2018, por el que se modifica la ley 22/2017, de 29 de diciembre, de Presupuestos de Generalitat para el ejercicio de 2018, con el fin de trasladar el aumento salarial previsto en los Presupuestos Generales del Estado a los más de 152.000 empleados públicos de la Generalitat, incluyendo las conselleries, órganos estatutarios, organismos autónomos y entidades del Sector Público Instrumental.
A estos hay que añadir los más de 19.000 empleados de las universidades públicas valencianas y los 15.000 integrantes de los centros docentes concertados, para sumar un total de 185.000 beneficiarios de una mejora retributiva que viene a paliar en parte los recortes del pasado. Asimismo, el decreto ley amplía la tasa de reposición de efectivos para mejorar la prestación de los servicios públicos.
“Con estas medidas, restituimos los derechos de los empleados públicos que recuperan el poder adquisitivo perdido como consecuencia de los recortes llevados a cabo en la anterior etapa”, ha señalado el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, quien ha añadido: “Donde antes se recortaba, ahora apostamos por el estado del bienestar”.
Según ha subrayado Soler, “los empleados públicos se encargan de atender los servicios públicos fundamentales, ya que la mayoría de ellos trabaja en educación, sanidad, protección social, justicia o seguridad, donde desempeñan una labor fundamental”.
El incremento retributivo aprobado es el fijado en los Presupuesto Generales del Estado para todo el personal de la administración y de organismos autónomos: un 1,50% desde el 1 de enero, cifra a la que se sumará un 0,25% adicional a partir del 1 de julio. Este cuarto de punto adicional estaba condicionado a que el PIB creciera al menos un 3,1% en 2017.
Tasa de reposición del 100% en áreas prioritarias El decreto ley aprobado este miércoles permite la traslación a la Comunitat Valenciana de las medidas incluidas en la Ley de Presupuestos del Estado dirigidas a incrementar la tasa de reposición de efectivos y a la puesta en marcha de procesos de estabilización del empleo temporal.
Así, se mantiene la tasa de reposición del 100% para los servicios públicos prioritarios establecido en los Presupuestos Generales de 2017, ampliando el catálogo de estos a materias como tecnologías de la información y las Comunicaciones, con vistas a la implantación de la Administración electrónica.
Para el resto de servicios no prioritarios, la tasa de reposición de efectivos se incrementa del 50% al 75%, tanto en la Administración como en el Sector Público Instrumental. Estas medidas son tanto para la Administración de la Generalitat como para el sector público instrumental.
“Los servicios públicos venían siendo maltratados año tras año con tasas de reposición que suponían una pérdida continua de efectivos. Ahora pueden beneficiarse de estas medida, e iniciar una línea de mejora de las prestaciones de servicios públicos a los ciudadanos, como elemento básico del estado de bienestar”, ha señalado el titular de Hacienda.
Eliminar la brecha salarial en sectores feminizados Además de ello, el decreto se adapta a la legislación básica estatal eliminando el descuento por baja laboral introducido en 2012 y ampliando el disfrute del permiso de paternidad a las 6 semanas.
También recoge la posibilidad de que la masa salarial pueda incrementarse en un 0,20% adicional para que las diferentes administraciones puedan adoptar medidas para la racionalización de las plantillas y las retribuciones y la homologación de retribuciones para romper, entre otras cuestiones, la brecha salarial en aquellos sectores especialmente feminizados.
Nuevos servicios, aumento de actividad o jubilaciones Otra novedad es la autorización para que en las Ofertas de Empleo Público (OPE) que se convoquen para cubrir efectivos se puedan ofrecer un número de plazas equivalente al 5% del total de la tasa de reposición que irán destinadas al establecimiento de nuevos servicios, incremento de actividad estacional por el turismo o para atender al elevado volumen de jubilaciones esperadas.
Además, tal y como habilitan los presupuestos estatales, se contempla un nuevo proceso de estabilización del empleo temporal, tras el aprobado el año pasado, en el que se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural dotadas presupuestariamente que hayan estado ocupados de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2017 en las áreas de administración y servicios generales, investigación, salud pública e inspección médica, entre otros.
Una previsión acertada La Generalitat optó en un principio por mantener en sus presupuestos las retribuciones de los empleados públicos en los mismos términos que en 2017, pero estableciendo los mecanismos que hacían posible una revisión futura de las retribuciones si así se aprobaba en los Presupuestos Generales del Estado. Gracias a esta previsión los presupuestos autonómicos de 2018 contemplan una reserva de fondos para atender esta modificación, una vez haya sido aprobada por el Estado.
“Los empleados públicos de la Comunitat Valenciana tienen todo el derecho a la actualización de sus retribuciones, en los mismos términos que los que se actualizan las de los funcionarios del Estado”, ha señalado Soler.
Seguridad ante la responsabilidad civil El decreto ley también otorga seguridad jurídica a los contratos de responsabilidad civil que se venían suscribiendo por parte de los gobiernos anteriores, con el fin de garantizar los derechos de terceros que puedan resultar perjudicados por la actividad del sector público.
“Estos contratos reproducen la regulación establecida a nivel estatal, y cubren a los trabajadores públicos, no a los altos cargos, en el ejercicio de su actividad profesional, como arquitectos, etc. Debe quedar claro que estos contratos de seguro que sólo cubrirán contingencias relacionadas con el ejercicio profesional y, en ningún caso, conductas dolosas”, ha explicado Soler.
En el caso de las entidades públicas, se da también seguridad al personal directivo y miembros de los consejos de administración, “donde se integran en muchas ocasiones representantes de la sociedad civil que, como en el caso de los altos cargos, no reciben ninguna retribución para formar parte de estos órganos”. “Sólo se cubre la responsabilidad civil, nunca la responsabilidad penal”, ha recalcado el conseller.
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