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Según las inmobiliarias en Valencia, la Ley de Vivienda resultará en la expulsión de inquilinos y propietarios del mercado

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VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval) ha afirmado que la Ley de Vivienda “expulsará del mercado a inquilinos y propietarios” y “no va a solucionar el drama social en que se ha convertido la vivienda en España al haber sido aprobada sin consenso político y desoyendo la opinión de expertos”.

En opinión de la presidenta de Asicval, Nora García, “esta ley va a perjudicar principalmente a los que se suponía que tenía que proteger que son los inquilinos”, ha señalado la asociación en un comunicado.

Las inmobiliarias valencianas han expuesto que, desde la última modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2019, “la oferta de alquiler en la Comunitat Valenciana ha descendido cerca de un 50 por ciento, mientras ha seguido aumentando el número de vivienda turística, temporal y de alquiler de habitaciones”.

Asicval sostiene que la percepción de los propietarios sobre la Ley es de “completa inseguridad jurídica y que la norma no contempla ninguna medida que les proteja”. Afirma que “la gran mayoría no son grandes tenedores, sino particulares que tienen una o dos viviendas que necesitan la renta del alquiler para vivir o para pagar una hipoteca”.

La asociación innmobiliaria ha asegurado que, pese a los incentivos fiscales, medidas como la restricción de rentas “provocarán que muchos propietarios decidan vender sus inmuebles o destinarlos a otros usos como el alquiler vacacional, colivings o alquiler de habitaciones”. Asimismo, “endurecerá los criterios de solvencia económica para seleccionar a los futuros arrendatarios”, ha advertido.

A este respecto, ha denunciado que sean los pequeños propietarios “quienes tengan que renunciar a la percepción de sus rentas para ceder su inmueble a los inquilinos que se declaran en situación de vulnerabilidad”, mientras la administración les busca una alternativa habitacional. “La responsabilidad de la falta de vivienda social no puede recaer en los pequeños propietarios”, ha reprochado la asociación, que confía en que el desarrollo autonómico de ley “tenga en cuenta esta circunstancia” y sea la administración quien se haga cargo de los impagos del inquilino en estas circunstancias.

“DESIGUALDADES” POR EL ÍNDICE DE PRECIOS

La asociación también se muestra “escéptica” ante el futuro índice de precios de referencia, ya que considera que “producirá desigualdades en una misma zona al devaluar la renta de propietarios de viviendas en muy buen estado como, por ejemplo, pueden ser las nuevas o las reformadas” y “revalorizar aquellas que presenten peores condiciones”. A su juicio, la medida “demuestra no conocer cómo funciona el mercado”.

Asicval ha aseverado que “estas medidas van a acentuar la salida de los propietarios del mercado del alquiler dejando sin opción habitacional a los inquilinos, como ya está pasando”.

“VULNERACIÓN DEL LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN”

Por otra parte, la asociación ha criticado que la Ley de Vivienda “vulnera flagrantemente el derecho al libre ejercicio de la profesión inmobiliaria al prohibir cobrar honorarios a los inquilinos”. Ha señalado que “en muchas ocasiones son estos quienes demandan sus servicios para localizar una vivienda, estar bien asesorados y sentirse más protegidos”.

Por ello, ha defendido que “la Ley debería matizar que el responsable de pagar los honorarios de agencia es quien encarga el servicio, ya sea el propietario o el inquilino”. Además, ha reivindicado que los profesionales median para que el inquilino tenga “contratos sean más justos y equilibrados” y los “protegen” de “cláusulas abusivas” y “problemas al recuperar sus fianzas”.

Asicval ha subrayado que las agencias inmobiliarias “no son parte del problema, sino parte de la solución” y por ello llevan trabajando con la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática “toda la legislatura”. De hecho, ha agradecido la creación del registro obligatorio de Agentes de Intermediación Inmobiliaria “que, sin embargo, no contempla la Ley de Vivienda” y es “fundamental para la profesionalización y transparencia del sector”.


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