VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)
El expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV y actual alcalde de Ontinyent por La Vall ens Uneix, Jorge Rodríguez, ha afirmado ante el juicio por el caso Alquería que “después de casi cuatro años llega el momento de intentar hacer justicia y de intentar explicar qué es el caso”.
Rodríguez ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la Ciudad de la Justicia, donde este lunes arranca el juicio por el caso Alquería en el que está acusado junto a otras 14 personas más por contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en Divalterra –empresa pública de la corporación provincial ya cerrada y que había sustituido a la antigua Imelsa– con el objetivo de favorecer a personas afines del PSPV y Compromís.
“Venir a declarar no es plato de buen gusto ni una cosa muy agradable por la que quiera pasar ninguno”, ha comenzado diciendo Rodríguez, para agregar que “después de casi cuatro años llega el momento de intentar hacer justicia”.
Ha insistido, tal y como mantuvo en su declaración en la fase de instrucción, en que este procedimiento se basa en la posibilidad de que haya siete contratos irregulares “que ha acabado en un procedimiento penal simplemente por el suelo que esos trabajadores han cobrado a lo largo de tres años en los que han estado ejerciendo funciones directivas y han estado trabajando”, ha resaltado.
“Hablamos de algo que nosotros siempre hemos pensado que era mucho más propio de un juzgado Contencioso-Administrativo”, ha aseverado Rodríguez, quien ha lamentado que en su día se realizara una detención “espectacular” que ha acabado en un juicio penal.
En resumen, ha reiterado que “después de cuatro años parece que empezamos a ver un poco la luz al final del túnel. Yo he intentado siempre dar explicaciones y el caso no es muy complejo ni hablamos de nada del otro mundo”, ha dicho.
Y ha añadido: “Yo siempre he explicado que de lo que estábamos hablando era de siete contratos que pueden ser o no irregulares y a partir de ahí una malversación que entiende el juez instructor que deriva de los sueldos cobrados por ellos por hacer su trabajo, por ejercer funciones directivos, por encargarse de áreas de una empresa que en aquel momento, cuando llegamos nosotros, era un autentico caos”.
En este sentido, ha agregado: “Lo que intentamos nosotros fue poner orden en el caso y por eso decidimos reestructurar la empresa y tener siete áreas potentes. Intentar que hubiera gente profesional y capaz para llevar esas áreas”, ha repetido.
Preguntado por si volvería al PSPV en el caso de que el tribunal le declarase inocente, Rodríguez ha aseverado que no es algo que se plantee ahora mismo. “Ahora estoy centrado en lo que debo estar centrado que es en el juicio y en que todo acabe lo mejor posible”, ha subrayado.
EL CASO
Rodríguez se enfrenta a una pena, tal y como reclama la Fiscalía Anticorrupción, de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación. La misma petición de cárcel la extiende al que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego, y para el asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria) y para los dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). El PP, que ejerce la acusación, reclama 18 años de cárcel para Rodríguez.
El caso Alquería se centra en las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra –que se cerró el pasado mes de junio– para favorecer a personas afines del PSPV y Compromís.
Rodríguez llegó a ser detenido el 27 de junio de 2018, cuando ocupaba el cargo de presidente de la Diputación, institución de la que dimitió en julio, si bien se mantuvo como alcalde de Ontinyent, cargo que revalidó en las municipales de junio de 2019 con La Vall Ens Uneix, tras dejar en abril de ese mismo año el PSPV.
A Rodríguez, Reguart, los dos exgerentes y Gallego, el fiscal Anticorrupción les atribuye los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.
Además, el fiscal pide para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección seis años de prisión: uno por falsedad documental y cinco más por malversación de caudales por cooperación necesaria; y otros seis para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación. También pide el sobreseimiento de la causa para otro de los investigados.
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