– El president detalla que si se cumpliera con estos criterios racionales, se generaría un incremento del PIB del 3% y 47.877 empleos adicionales
– El jefe del Consell subraya que los resultados preliminares del análisis que está realizando el IVIE de los saldos fiscales reflejan la “gran estafa” que está sufriendo la Comunitat
València El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que si el Estado contemplara de forma “racional” y “objetiva” las necesidades de gasto, la Comunitat Valenciana debería recibir 2.500 millones de euros más al año, lo que se traduciría en un incremento del PIB del 3%, casi 3.000 millones de euros, y en un aumento del empleo del 2,7%, con 47.877 nuevos puestos de trabajo.
El president ha hecho públicos estos datos tras la reunión con los representantes del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) José Antonio Pérez y Francisco Pérez, en la que se han dado a conocer los resultados preliminares del informe de este organismo que analiza los saldos fiscales y la financiación autonómica y que se presentará en las próximas semanas. Al encuentro también han asistido el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler y la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando.
Puig ha asegurado que los datos que está constatando el IVIE “demuestran, una vez, más la gran estafa que estamos sufriendo y hemos sufrido históricamente los valencianos”, dado que “la Comunitat Valenciana tiene un saldo negativo en sus balanzas fiscales, pese a tener un nivel de renta por habitante del 88%”. “A pesar de ser una autonomía con menos recursos que la media contribuimos a la solidaridad interterritorial financiando el mayor gasto público de autonomías más ricas”, ha argumentado.
El president ha recordado que la Comunitat Valenciana tiene un PIB por habitante similar a Cantabria, Castilla y León, Asturias, Canarias o Galicia. Sin embargo, el saldo fiscal es positivo en todos estos casos, mientras que en el de la Comunitat Valenciana es negativo.
De hecho, tal y como ha expuesto, el gasto público de la Administración central en la Comunitat es el menor de todos los territorios, mientras en autonomías de condiciones similares es superior a la media de España.
Puig ha subrayado que la Comunitat Valenciana se ve afectada por dos anomalías. La primer reside en que “cuatro autonomías ricas reciben más de lo que aportan, mientras la Comunitat es la única autonomía con menos recursos que aporta más de lo que recibe” y la segunda se sustenta en que “los saldos fiscales no tienen una relación directa con la renta per cápita”.
“La causa principal de esta anomalía tan perjudicial que es la balanza fiscal valenciana se debe a que el conjunto del gasto público en la Comunitat es muy bajo”, ha indicado Puig, quien ha agregado que, de 256.704 millones de euros de gasto de la Administración central en el periodo 2011-2014, solo 22.967 se han dirigido a la Comunitat Valenciana. Se trata de un 8,9% del total, “muy por debajo de nuestro peso poblacional, pese a la situación de empobrecimiento con respecto al conjunto de España”, ha lamentado.
A este respecto, ha situado el promedio de gasto por habitante “en el 82,9% de la media” y ha aludido a las desventajas en ayudas regionales, apoyo a la agricultura, ganadería y pesca, inversiones en infraestructuras y financiación de servicios sociales. “En ninguna de esas partidas el gasto alcanza el 70%”, lo que sitúa a la Comunitat “a 30 puntos de la media”.
“Simplemente si se siguieran criterios objetivos de necesidades de gasto, el gasto por habitante en la Comunitat crecería 12 puntos y medio, hasta el 95,5%”, ha resumido. Con ello, además, la Comunitat Valenciana igualaría su saldo fiscal al de comunidades con similar nivel de renta.
Financiación autonómica
Asimismo, ha concretado que dos terceras partes de la insuficiencia de gasto per cápita, concretamente, 1.607 millones de euros, tienen su origen en la financiación autonómica. El 28%, 692 millones, debería proceder del gasto de la Administración central en las competencias que gestiona como infraestructuras, justicia o servicios sociales. La tercera partida, 202 millones, tendrían que venir de la mejora de la financiación local.
En este sentido, Puig ha asegurado que si se cumpliera con los criterios objetivos, el empleo en la Comunitat aumentaría un 2,7% y el saldo fiscal pasaría de negativo a positivo, tal y como le correspondería por su nivel de renta per cápita.
“Los valencianos estamos haciendo los deberes, estamos cumpliendo, pero no se está cumpliendo con los valencianos. La lealtad de los valencianos a España no se está reflejando”, ha valorado el president.
“Hay que pasar del mercadeo, que ha sido la negociación de los sistemas de financiación, a la racionalidad para garantizar la equidad y que los ciudadanos sean iguales en la diversidad”, ha manifestado también.
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