VALÈNCIA, 13 (EUROPA PRESS)
El PP y Vox han rechazado en la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local de Les Corts Valencianes la toma en consideración de una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSPV-PSOE que pedía mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del teléfono de emergencias 112 y que se incorporen como personal laboral de la Generalitat.
La diputada socialista Alicia Andújar, que ha agradecido la labor de los trabajadores del 112 como “primer eslabón de la cadena de respuesta a la emergencia”, ha lamentado sin embargo la “precariedad laboral” en que están sumidos, algo que, a su juicio, se puso “en evidencia” el pasado 29 de octubre con la dana.
“En la sala comenzaron a recibir una aluvión de llamadas que hacían presagiar que no era un día de gota fría habitual. Aquella tarde se recibieron 7.500 avisos, cuando la media habitual es de 400 llamadas. Y el tiempo de espera, que no debe superar los 10 segundos, llegó a alcanzar aquel día los 15 minutos”, ha expuesto.
Según Andújar, toda esta información “fue recibida puntualmente por Protección Civil”, por lo que había “información suficiente para haber enviado antes el mensaje de alerta a la población” aquella tarde, como por ejemplo “escuchar a personas que llamaban despidiéndose, personas atrapadas en sus casas o personas con el agua al cuello a punto de ahogarse el día de la dana”.
Pese a toda “la presión que supuso la gestión de la respuesta a la emergencia”, la diputada socialista ha lamentado que los trabajadores del 112 no recibieron “ningún tipo de apoyo psicológico y al día siguiente se incorporaron a su puesto de trabajar como si no hubiera pasado nada”. “La presión psicológica con la que trabajan es brutal, pues de la adecuada recepción y gestión de la respuesta depende la vida y la integridad de las personas”, ha subrayado.
Por todo ello, Andújar ha considerado necesario que la Generalitat debe “adaptarse a los nuevos retos y necesidades de la sociedad”, para lo que tiene que “modernizar y mejorar de forma continua los servicios públicos que presta”, entre ellos el 112, que es “un referente” a nivel nacional.
CONVENIO COLECTIVO
En esta línea, ha apostado por “trabajar siempre en base a las lecciones aprendidas”, una idea que “tantas veces ha repetido” el comisionado del Gobierno de España para la Reconstrucción, José María Ángel. “Son el conocimiento que obtenemos después de analizar y evaluar las acciones y resultados después de una situación de emergencia, nos ayudan a identificar qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no”, ha agregado.
La parlamentaria del PSPV ha argumentado que la externalización del servicio del 112 ha resultado “inadecuada para dar respuesta a las necesidades del propio servicio, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo de la plantilla”. Por ello, ha reclamado la revisión de la situación laboral de los operadores del 112 y ha abogado por que estos se incorporen “como personal laboral de la Generalitat” y por dotarles de un convenio colectivo que “contemple realmente la actividad y funciones que realizan”.
Desde Compromís, que ha votado a favor de la iniciativa, Mª Josep Amigó ha advertido de que los operadores del 112 “están trabajando realmente entre la espalda y la pared” en una situación “absolutamente insostenible” y ha reclamado que deje de ser “un negocio privado”. A su juicio, la dana del 29 de octubre demostró que el sistema era “absolutamente inoperativo” y que era necesario “mejorarlo”.
UNA PNL “NO SIRVE PARA NADA”
Por su parte, José Mª Llanos (Vox), que ha agradecido la labor de los trabajadores del 112 el pasado 29 de octubre y ha subrayado su función “fundamental”, ha argumentado que el modelo actual de estos operadores es el “heredado” del gobierno del Botànic, por lo que ha expresado “no poder entender” que sea el PSPV quien proponga ahora “cambiar el modelo” cuando “tuvieron ocho años para haberlo hecho” y “motivos y emergencias tuvieron más que suficientes”.
Por ello, ha acusado a los socialistas de tratar de “enmendar su inacción y su desgobierno ahora que están en la oposición” y ha considerado que el problema “no es que el servicio esté o no externalizado”. Además, ha aprovechado para cargar contra el comisionado del Gobierno para la Reconstrucción, José Mª Ángel: “Aún no le hemos visto dar un palo al agua más que montar una comisión contando solo con un representante del gobierno de la Comunidad Valenciana”.
Llanos ha afeado a los socialistas que lleven a Les Corts esta iniciativa que, a su juicio, “no sirve para nada” y les ha acusado de tratar de “engañar” a los trabajadores del 112: “Saben perfectamente que una PNL es humo, es un brindis al sol. Quieren quedar bien y remover aquí toda la historia. Una PNL no sirve para nada para sus requerimientos porque es una creación de voluntades, y uno puede voluntariar todo lo que le dé la gana, pero no sirve para nada”.
Para el también síndic de Vox, en el PSPV “solo quieren montar revueltas y revoluciones y sacar rédito electoral” pero “ya no pueden engañar a nadie”. “¿De verdad una PNL para esto? Vienen a engañar, como han hecho siempre y en todo momento, llenándose la boca de defender a los trabajadores cuando siempre se han aprovechado de ellos”, ha zanjado.
EL PP CULPA AL PSPV DE EXTERNALIZAR EL SERVICIO
Desde el PP, Verónica Marcos ha culpabilizado al PSPV de la externalización del servicio del 112 y ha afirmado que este partido “nos ha dejado maniatados hasta 2027” sobre las condiciones del personal del 112. “No sé cómo tienen la moral para ponerse detrás de una pancarta para criticar lo que es su responsabilidad y mirar a la cara a los trabajadores sin sonrojarse. Ya está bien de mentir y manipular (…), fueron los socialistas que hoy se manifiestan quienes decidieron externalizar el servicio”, ha reprochado.
La Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local también ha debatido la toma en consideración de una PNL de Vox sobre el establecimiento de una reserva de plazas para militares de complemento y militares de tropa y marinería en el ingreso a cuerpos de policía local, otra del PP sobre la dotación necesaria para la implantación de la ley de eficiencia del servicio público de justicia y otra de Compromís sobre la situación de los juzgados de paz a raíz de la dana.
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