Calculan que 14.000 personas podrían quedar fuera del proceso si no se atienden sus demandas
VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)
Veinticinco organizaciones sociales valencianas y del resto del país se han dirigido a la Secretaría de Estado de Migraciones para solicitar que se establezcan “medidas alternativas” al padrón y se dispongan de más recursos y citas en Extranjería para que las víctimas de la dana en situación irregular puedan obtener permiso de residencia y trabajo.
Las entidades valoran la resolución del Gobierno, que este mes aprobó el proceso para regularizar a, al menos 25.000 migrantes afectados por la dana del 29 d eoctubre, un hecho que “responde a las demandas de la sociedad civil y de diferentes actores sociales”, según señalan en un comunicado.
Sin embargo, reclaman “flexibilidad en el procedimiento para que quienes no hayan podido empadronarse puedan demostrar por otros medios (escolarización, informes de servicios sociales, asistencia a centros de salud…), que residen en los municipios afectados”.
Además, piden que se establezcan recursos humanos y citas “suficientes” para atender a todas las personas que soliciten su regularización y que se clarifique si podrán acceder al proceso las personas solicitantes de asilo.
Si no se atienden estas demandas, las entidades advierten que esta iniciativa destinada a “contrarrestar” la “desprotección” de las personas en situación administrativa irregular, “dejaría fuera a aproximadamente 14.000 personas”.
Las organizaciones sociales firmantes de la misiva celebran los pasos dados por la Secretaría de Estado de Migraciones y el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueban las instrucciones para el procedimiento para la prórroga y renovación de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia y/o trabajo para aquellas personas extranjeras que tuvieran el domicilio o su lugar de trabajo en alguno de los municipios afectados por la dana entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, y por las que se establece el procedimiento para solicitar una autorización “por circunstancias excepcionales”.
Esa aprobación supon que “se hayan escuchado las demandas de la sociedad civil y de los diferentes actores sociales y se haya adoptado un acuerdo de justicia social tan positivo para ampliar la protección de las vecinas y vecinos de los municipios valencianos que sufrieron la catástrofe sin exclusiones”.
Las medidas recogidas para garantizar la seguridad jurídica y no agravar la situación de “vulnerabilidad” originada por la catástrofe y evitar la “irregularidad sobrevenida dan respuesta a una imperiosa necesidad” pero llaman la atención sobre uno de los requisitos que consideran que “dificultará” que un importante número de personas pueda acceder a este procedimiento y es el de la presentación del empadronamiento o cita para solicitarlo con anterioridad al 4 de noviembre de 2024.
“Las dificultades para acceder al empadronamiento son numerosas y, en ocasiones, insalvables para las personas en situación de mayor vulnerabilidad: para aquellas que viven en habitaciones alquiladas, en bajos sin cédulas de habitabilidad, en infraviviendas o incluso en situación de calle, y carecen de un contrato de arrendamiento o de permiso de los propietarios para empadronarse. No tener empadronamiento conlleva no tener acceso a derechos y servicios sociales básicos”, apuntan las entidades.
En esta línea, indican que si bien el Gobierno calcula que la autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas puede beneficiar a unas 26.000 personas, hay estimaciones que sitúan en 40.000 las personas en situación irregular afectadas por la dana.
“Por tanto, aproximadamente 14.000 se quedarían fuera. Es por ello necesario que junto al empadronamiento o cita para solicitarlo se consideren otros documentos acreditativos que prueben la residencia efectiva en los municipios afectados”,s eñalan, y citan entre ellos la escolarización de menores en los centros de enseñanza, recibos de suministros, asistencia a centros de salud, inscripción en actividades deportivas o culturales o informes de los servicios sociales de los ayuntamientos.
ASILO
En paralelo, piden que se disponga de la dotación de recursos “suficientes para poder dar respuesta a esta situación extraordinaria en los plazos previstos” en las oficinas de Extranjería, y reclaman clarificar “si podrán acceder al permiso de residencia por circunstancias excepcionales las personas que ya han iniciado su proceso de solicitud de protección internacional, y que, por tanto, actualmente disponen de permiso de permanencia”.
“Estas personas se han visto igualmente afectadas por la dana y están en una situación de vulnerabilidad que se puede ver agravada si se les deja fuera de esta medida”, apuntan y expresan su preocupación por que las personas que puedan solicitar su regularización por circunstancias excepcionales “no puedan tener acceso a las medidas aprobadas para paliar los graves daños personales y patrimoniales causados por la dana, tanto a las de carácter estatal como autonómico, dado que en muchos casos ya han finalizado los plazos de las solicitudes y otras están próximas a su finalización”.
En este sentido, piden que se amplíen los plazos de solicitud de las ayudas para que quienes pudieran verse beneficiados por esta situación tuvieran la posibilidad de solicitarlas “en las mismas condiciones que el resto de las personas afectadas”.
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