El Consell ha aprobado el proyecto de Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, “puntal del código social valenciano que va a transformar la concepción asistencialista, propia de visiones caritativas de políticas anteriores, en una concepción moderna de derechos subjetivos y alcance universal”, ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra.
A este respecto, Oltra ha destacado, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, que la futura ley, que será remitida a Les Corts para su tramitación definitiva, “reconoce y garantiza el acceso al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales a todas las personas con residencia efectiva en territorio valenciano que lo requieran”.
Es por ello que, cuando esta ley se aplique en su totalidad, “nuestra comunidad se situará a la cabeza del conjunto de España”, ya que será “la primera comunidad autónoma que, por ley, declara los servicios sociales como de interés general y esenciales”, ha hecho hincapié la portavoz del Consell.
Oltra ha incidido en que los servicios sociales van a dejar de ser “los hermanos pequeños de la educación y la sanidad y se sitúan al mismo nivel, como un derecho universal, subjetivo y de interés general” porque “cualquier persona en cualquier momento de su vida puede necesitar el apoyo de los servicios sociales”.
La vicepresidenta ha remarcado que el hecho de que sea considerado un derecho subjetivo implica “un cambio de filosofía”, ya que “los presupuestos han de garantizar los recursos para hacerlos efectivos”. Es decir, “el presupuesto ha de garantizar el derecho y no el derecho estar pendiente del presupuesto”, ha insistido.
Ordenar los servicios sociales La nueva ley será el marco jurídico de actuación que ordenará y regulará los servicios sociales en la Comunitat Valenciana y donde quedarán plasmados los derechos subjetivos en materia de servicios sociales de la ciudadanía valenciana.
Entre las principales novedades, la norma regula los niveles funcionales del sistema: Atención Primaria (básica y específica) y Atención secundaria de carácter residencial. Asimismo se delimita el territorio para garantizar la equidad en el acceso, estableciendo una zonificación con demarcaciones territoriales y un mapa de servicios sociales donde se identifican las necesidades y su cobertura.
También incorpora el derecho subjetivo de acceso al sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y a sus prestaciones y servicios en condiciones de igualdad y equidad a través del catálogo de servicios y prestaciones.
Asimismo, el proyecto de ley delimita las formas de colaboración entre las diferentes entidades locales de la Comunitat Valenciana y la Generalitat para garantizar la financiación y sostenibilidad económica del Sistema Público Valenciano de servicios Sociales.
En este sentido, quiere potenciar el protagonismo de los municipios y establecer los mecanismos de planificación, colaboración y coordinación de los servicios sociales con los demás sistemas públicos para garantizar una atención integral a las personas.
Paralelamente, la norma dota de estabilidad financiera al sistema, generando los convenios plurianuales con las entidades locales que, en el marco de personal y prestaciones, tendrán una duración de 5 años y en el de programas de 3 años.
La normativa también incluye la creación del Instituto Valenciano de Formación, Calidad e Investigación en Servicios Sociales para promover la calidad en los servicios, prestaciones y recursos humanos de la red pública.
Mejoras en el saneamiento de Orihuela En otro orden de cosas, el Consell ha autorizado a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) para la contratación, con un presupuesto de licitación de 5,5 millones de euros, de la ejecución de obras de mejora del saneamiento de la zona costera de Orihuela.
Según ha explicado la portavoz del Consell, las obras se ejecutarán durante 2019 y 2020. Estas consistirán en derivar el exceso de caudales de la zona a depuradoras cercanas que cuentan con resguardo hidráulico suficiente, además de otras actuaciones para garantizar el buen funcionamiento del tratamiento y depuración de las aguas residuales.
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