La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado que la nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana “da cuerpo normativo a la cuarta pata del Estado del Bienestar y transforma las prácticas asistencialistas y caritativas de épocas pasadas, en una concepción moderna de derechos subjetivos y de alcance universal”.
La vicepresidenta ha intervenido en Les Corts Valencianes en el debate de totalidad del proyecto de Ley, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana.
Oltra ha destacado que la ley “reconoce y garantiza” el acceso al sistema público valenciano de servicios sociales a todas las personas con residencia efectiva en territorio valenciano que lo requieran, algo que, según la vicepresidenta “nos convierte en la primera comunidad autónoma que por ley declara los servicios sociales universales, de interés general y esenciales”.
El hecho de que sea considerado un derecho subjetivo implica que los presupuestos “estarán al servicio de la ley y no al revés”. Es decir, nadie dejará de tener la prestación social que le corresponda “porque el presupuesto garantizará el cumplimiento del derecho”, ha asegurado la vicepresidenta. Con la nueva ley, se pasa de 0 a 31 prestaciones garantizadas reconocidas de carácter profesional, económico y tecnológico.
Entre las principales novedades, la norma regula los niveles funcionales del sistema, siendo los ayuntamientos “la puerta de entrada a los servicios sociales de atención primaria que será básica y específica”, ha explicado la vicepresidenta. Respecto a esto, por primera vez se fija la composición de los equipos de intervención social que serán “multidisciplinares”, con nuevas figuras profesionales que contarán con el apoyo administrativo y jurídico necesario.
La vicepresidenta ha resaltado que para el buen funcionamiento del sistema es necesario “impulsar una labor de seguimiento, inspección y supervisión del mismo”, con un cuerpo de inspectores que por primera vez será de un inspector por cada 150.000 habitantes, frente a la ratio actual de uno por cada 250.000 habitantes.
Con niveles parecidos a los del sistema sanitario, se establecen, por un lado, zonas básicas de servicio sociales más próximas a la ciudadanía; por otro áreas de servicios sociales de atención específica diurna y ambulatoria y, por último, departamentos de servicios sociales donde se planificarán los recursos de atención residencial.
Potente servicio público La vicepresidenta ha reiterado la necesidad de que la “ética” se sitúe en el centro del sistema de los servicios sociales, “con mecanismos que supervisen la toma de decisiones que pueden cambiar las vidas de las personas más vulnerables”.
Para garantizar la provisión de unos servicios que desarrollen los derechos derivados de la ley “es necesario un potente servicio público que se combinará con la colaboración de las entidades privadas no lucrativas a través del concierto social”, ha asegurado Oltra.
En este sentido, la vicepresidenta ha recordado que este texto normativo surge de un “amplio y extenso proceso participativo” en el que ayuntamientos, diputaciones y entidades del tercer sector han hecho numerosas aportaciones, y ha asegurado que su colaboración continuará a través del Consell Valencià de Igualdad, Inclusión y Derechos Sociales que garantizará “una participación eficaz”.
La nueva normativa también incluye la creación del Instituto Valenciano de Formación, Calidad e Investigación en Servicios Sociales para promover la calidad en los servicios, prestaciones y recursos humanos de la red pública.
Recursos económicos Respecto a los recursos económicos, la ley dispondrá de ellos a través de una triple vía. Por un lado con el incremento y consolidación del presupuesto destinado a las políticas sociales que, desde el año 2015, ha ido incrementándose hasta alcanzar un 81,23% respecto a la cantidad destinada hace tres años. Para 2019 está previsto un presupuesto de 1.500 millones de euros que nos situará en la media de las comunidades autónomas en referencia a la inversión social por habitante.
Asimismo, se fijará a los créditos la consideración de ampliables, y se delimita las formas de colaboración entre las diferentes entidades locales de la Comunitat Valenciana y la Generalitat para garantizar la financiación y sostenibilidad económica del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
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