La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha anunciado que el Gobierno valenciano ofertará el próximo curso 2018-2019, “por primera vez”, 14.460 plazas públicas y gratuitas en la franja de edad de 2 a 3 años, que permitirán “escolarizar al 75% de los niños y niñas” nacidos en 2016.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno valenciano, Oltra ha informado de que el Consell ha aprobado la creación de una nueva escuela infantil de primer ciclo, L’Escoleta de Cullera.
De este modo, para el próximo curso, la Comunitat Valenciana contará con 248 escuelas infantiles municipales, donde se ofertarán 9.700 puestos escolares; 40 “escoletes” de la Generalitat, con 2.360 plazas; y aulas de dos años habilitadas en los centros de Infantil y Primaria que, con las 35 que se abrirán, ofrecerán 2.400 plazas.
Por lo que respecta a la nueva escuela infantil de Cullera, “la cuarta que crea el Gobierno del Botánico en tres años”, ha destacado la vicepresidenta, contará con 74 puestos escolares de las cinco unidades de Educación Infantil de primer ciclo, con un maestro o maestra de Educación Infantil y seis educadores o educadoras de escuela infantil.
Asimismo, Oltra ha hecho hincapié en el aumento de las ayudas del Bono Infantil desde el curso 2015-2016 en 15 millones de euros, lo que supone un total de 42 millones, un 27% más que en 2017, “con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades para acceder al tramo de 0-3 de escolarización no obligatoria, lo que ha permitido que el Bono Infantil haya llegado a más de 36.000 familias”.
Fomento de una educación inclusiva En otro orden de cosas, el Consell también ha aprobado el decreto por el que se desarrollan los principios de equidad e inclusión en el sistema educativo valenciano.
La portavoz del Consell ha explicado que, hasta este momento, el sistema educativo valenciano “no disponía de una normativa actualizada por lo que respecta a la inclusión educativa de los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión social”.
Según ha indicado Oltra, el decreto “se desarrolla en torno a la consideración de la educación inclusiva como la respuesta al hecho de que cada alumno y alumna tiene necesidades únicas y se ha de favorecer la eliminación de cualquier forma de exclusión, desigualdad o vulnerabilidad”.
Por tanto, se quiere pasar “de la identificación de necesidades educativas especiales a la lucha activa contra las barreras al aprendizaje y la participación”, ha insistido la vicepresidenta, quien ha remarcado que “la educación inclusiva es un derecho, no una opción”.
Para todo ello, en el decreto se establecen las líneas de actuación a seguir desde los ámbitos educativos, sanitarios y de servicios sociales; se desarrollan aspectos relativos a la organización de la respuesta educativa para la inclusión; se regulan temas relacionados con la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales y se otorga un papel fundamental a la orientación educativa, psicopedagógica y profesional.
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