VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS)
Titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer y de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con competencias en esta materia en la provincia de Valencia han avisado del “colapso” que aseguran que se producirá en septiembre con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, con la atribución de estos órganos de la instrucción de todos los delitos contra la libertad sexual, trata con fines de explotación sexual o el acoso, haya existido o no relación de pareja entre las partes.
Los y las titulares de estos juzgados consideran que, ante el aumento de sus competencias, “hay una cuestión que no puede soslayarse, cual es el trato a la víctima de violencia de género, que va a quedar diluida entre todas las demás” y que “ante el ingente e inasumible aumento de competencias por unos órganos ya de por sí colapsados, se va a ver irremediblemente privada del trato personalizado que hasta la fecha se le procuraba dispensar con los medios materiales y personales existentes”.
Asimismo, apuntan que los procesos civiles igualmente se verán “regelados” por los asuntos penales de atención preferente “porque, tristemente, cuando todo es urgente, al final nada termina siendo urgente”. En esta línea, sostienen que el incremento de asuntos que entrañará la previsible aprobación de la ley producirá “efectos nefastos” tanto en la atención a las víctimas como en la adecuada tramitación de los procedimientos, en la estabilidad de la plantilla de los órganos judiciales y en la salud del personal.
En esta línea, subrayan que su actual carga de trabajo es “ya importante” ya que los números de asuntos suben cada año y se han “multiplicado exponencialmente” en los órganos que, además, han sido comarcalizados sin que la agrupación de partidos judiciales “haya venido con carácter general acompañada de la creación” de nuevas instancias.
Así, critican que la multiplicación de asuntos les exigirá resolver “por encima” de sus posibilidades, lo que incidiriá en la salud laboral del personal del juzgado, que tendría que prolongar la jornada laboral diariamente “mucho más allá” de las horas de audiencia del órgano judicial.
“Es apremiante y perentorio que la ciudadanía, los y las profesionales involucradas en la lucha de violencia de género, y asociaciones encargadas de la atención y protección de las víctimas tanto de violencia de género como sexual, tengan conocimiento” de estas circunstancias “pues las medidas deben adoptarse proactivo y no reactivo, antes de que ese colapso se produzca, sin que luego pueda pretenderse culpar a los y las profesionales” de los retrasos y demora y de la falta de atención personalizada a las víctimas, advierten en un escrito.
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