El Consell ha realizado una fuerte apuesta en sanidad, educación y bienestar social con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos y garantizar un nivel de calidad en los servicios públicos fundamentales homologable al resto de comunidades, tal como certifica un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
El informe acredita el giro social del actual Consell, ya que en 2016, su primer año completo de gestión, elevó el gasto en sanidad, educación y protección social para situar a la Comunitat, por primera vez, por encima en el gasto medio autonómico por habitante ajustado en estas áreas.
Según el trabajo, elaborado con los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y de la IGAE, en 2016 la Comunitat Valenciana destinó 2.537 euros por habitante ajustado para atender la cobertura de estado del bienestar, frente a los 2.464 euros de media autonómica.
Un dato que evidencia que “para el Consell de l’Acord del Botànic, pese a la infrafinanciación que sufre la Comunitat, la atención sanitaria, la educación de los niños y jóvenes y la protección a mayores y dependientes, las personas, son el epicentro de su acción política”, ha destacado el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler.
La apuesta social ha determinado el que se invirtiera la tendencia de la etapa anterior, cuando los servicios públicos fundamentales no fueron una prioridad para los anteriores gobiernos. El estudio refleja que durante la fase expansiva (2003-2009), las comunidades aumentaron el gasto real por habitante en servicios públicos fundamentales en un 31,6%, aunque recalca que no todas se comportaron igual. La Comunitat Valenciana, con una subida del 20,7%, once puntos menos que la media, fue la segunda donde menos aumentó este gasto, superando solo a Canarias (20,1%) y lejos de Murcia (46,0%), o Castilla-La Mancha (43,3%).
Al mismo tiempo, la intensidad de los ajustes no fue la misma en todas las comunidades tras estallar la crisis (2009-2013). En ese periodo, la valenciana fue la segunda donde más se recortó este gasto, un 18,1%, solo superada por Castilla-La Mancha, con un descenso del 26,6%, y lejos de las reducciones de Cantabria (-2,3%) o País Vasco (-8,3%). La media de reducción fue del 14,7%. En resumen, la Comunitat fue la segunda donde menos creció esta inversión en la fase expansiva y la segunda donde más se recortó cuando llegó la crisis.
“Entre 2003 y 2013 la Comunitat Valenciana amplió la brecha respecto a la media de las autonomías en lo que a servicios públicos fundamentales se refiere. Para el anterior ejecutivo nunca fueron una prioridad”, ha señalado el conseller de Hacienda, quien ha indicado que “esto explica la situación de urgencia social que heredamos en junio de 2015”.
En los últimos años, las comunidades, y significativamente la Comunitat Valenciana, han recuperado la inversión en sanidad, educación y protección social aunque solo Cantabria y País Vasco han alcanzado los niveles de 2009. Por este motivo, en 2016, por primera vez, la Comunitat supera la media autonómica en estos servicios en términos de población ajustada.
La cuarta que menos gasta en total Este hecho es más significativo si se tiene en cuenta que, según los datos oficiales de la IGAE y del Ministerio de Hacienda analizados por el IVIE, en el conjunto del gasto -es decir, servicios públicos fundamentales y el resto de funciones-, la Comunitat Valenciana sigue estando por debajo de la media de las comunidades. En concreto, la valenciana, con 3.130 euros, es la cuarta autonomía que menos gasta per cápita, solo por delante de Castilla-La Mancha (3.083 euros), Andalucía (3.037) y Madrid (3.021), lo que supone un 8,7% por debajo de la media.
La explicación es que, para asegurar un nivel de calidad mínimo homologable al resto de territorios en sanidad, educación y protección social, la Comunitat ha de realizar un mayor esfuerzo en estas funciones a costa del resto de servicios (que incluyen desde el impulso a los sectores productivos, las infraestructuras, la cultura o el medio ambiente), que se ven así lastrados.
En esas funciones, la Comunitat gasta por habitante casi 30 puntos menos que la media (concretamente, 29,5 puntos menos). En euros, son 681 euros, frente a la media autonómica de 965 euros. Si descontamos los intereses, la distancia respecto a la media en el resto de funciones es de casi un 33% (32,6%), lo que significa 586 euros, frente a la media de 869 euros.
“Ante la ausencia de una financiación justa y suficiente, la urgencia por atender las necesidades sociales básicas de los ciudadanos supone que se penalice de forma inadmisible el resto de funciones, de manera que a todo lo que no son servicios públicos fundamentales se destina una inversión por habitante muy inferior a la media estatal, y aún así se generan déficits”, ha recalcado Soler.
El esfuerzo en gasto social entre 2014 y 2016 El análisis de las cifras de 2014 -último año completo de gestión del anterior Consell- y 2016 evidencia cómo han cambiado las prioridades respecto a la etapa anterior. Así, según la información publicada por el Ministerio de Hacienda y la IGAE, el gasto en términos de contabilidad nacional en servicios públicos fundamentales por habitante ajustado de la Comunitat Valenciana ha pasado de estar 2,1 puntos por debajo de la media (100) en 2014 (es decir, 97,9%) a situarse un 2,9% por encima del promedio en 2016 (102,9%).
En consecuencia, el gasto en el resto de funciones ha empeorado. Si en 2014 la Comunitat Valenciana gastaba en estas funciones (sin considerar la carga de intereses derivada de la deuda) un 22,4% menos que la media, en 2016 la distancia es del 30,2%. De esta forma, el gasto total por habitante ajustado en la Comunitat Valenciana, descontando los intereses, sigue situándose en torno al 6% por debajo de la media, una situación que sigue manteniendo el gasto relativo de la Comunitat por debajo de la media nacional.
“El esfuerzo financiero que la Comunitat Valenciana realiza en servicios públicos fundamentales, medido como el porcentaje de ingresos no financieros que el Consell dedica a educación, sanidad y protección social, ha aumentado enormemente en 2016 respecto a 2014”, ha resaltado Soler. El impulso de las políticas sociales ha provocado que en 2016, según los datos de la IGAE y del ministerio, el 87% de los ingresos no financieros de la Comunitat se dedique a servicios públicos fundamentales; en 2014, ese porcentaje era del 85,8%, con lo que el peso se ha incrementado en 1,3 puntos en tan solo dos años.
La Comunitat Valenciana es, tras Murcia, la autonomía que mayor porcentaje de sus ingresos dedica a servicios públicos fundamentales, más de 10 puntos porcentuales por encima de la media. “Este elevado esfuerzo para mantener el nivel del gasto en servicios públicos fundamentales se debe a que los ingresos que recibe nuestro territorio del modelo son menores. Como consecuencia de ello, lamentablemente, son menores los recursos disponibles para el desarrollo de otras políticas también importantes, como la red de infraestructuras logísticas, el apoyo a la competitividad empresarial, la I+D+i, la protección del medio ambiente o el impulso de la cultura”, ha advertido el titular de Hacienda.
Población ajustada En términos de población de derecho, la Comunitat Valenciana sigue estando todavía por debajo, aunque muy ligeramente, en el gasto en servicios públicos fundamentales (2.449 euros, frente a la media de 2.464 euros), no así, como se ha señalado, en gasto por habitante ajustado.
Este concepto de población ajustada, utilizado en el sistema de financiación, es el resultado de aplicar determinadas ponderaciones (población joven, población protegida equivalente, población mayor y otras variables territoriales, como dispersión de la población, superficie y la insularidad) con el fin de establecer un indicador de necesidades. La aplicación de estos criterios, sobre la base de que los servicios fundamentales se referencian básicamente a las personas, penaliza a la Comunitat Valenciana.
En cuanto al gasto total pero referido a la población ajustada, la Comunitat Valenciana está a 5,5 puntos de la media autonómica en 2016, situándose como la quinta por la cola en gasto por unidad de necesidad. Para el resto de funciones, la distancia respecto a la media alcanza el 26,9% (30,2 puntos, descontando los intereses).
El informe del BBVA-IVIE subraya que el sector público desempeña un papel fundamental en garantizar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de un territorio y mejorar los niveles de bienestar de la sociedad. En España, el gasto público en los servicios públicos fundamentales que componen el estado del bienestar (sanidad, educación y protección social) se reparten entre las distintas administraciones públicas: las comunidades autónomas y la Seguridad Social concentran el 90% del total del gasto público y las administraciones locales y central absorben el resto.
España destina el 26,8% del PIB a la sanidad, la educación y la protección social, a casi 5 puntos porcentuales de los países de la Eurozona (31,7%) e inferior a las cuatro mayores economías europeas, Alemania (30,7), Reino Unido (28,1), Francia (37,9) e Italia (32,0).
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