VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)
Varias ONG para el desarrollo han convocado una serie de actos, entre ellos una concentración y una caravana, “en memoria de las víctimas de la tragedia de Melilla” y para denunciar que ha pasado “un año de impunidad” y “sin justicia” desde que se produjeron las muertes en la frontera, que han calificado de “masacre”.
Las organizaciones han dado a conocer las diferentes movilizaciones en una rueda de prensa este martes. Participan la Federación Unión Africana España, Caravana Obrim Fronteres, la Coordinadora Valenciana de ONGF, Jarit, València Acull, Amnistía Internacional, Cear, Cepaim, CIEZ No, Antimilitaristes MOC València y Ca Revolta.
Por un lado, se ha convocado ‘Caravana a Melilla’ dentro de la campaña anual de la organización de Obrim Fronteres que este año va a centrar parte de sus actos en la ciudad fronteriza. La caravana viajará con personas desde València hasta Melilla entre el 23 al 30 de junio, según ha informado la Coordinadora Valenciana de ONGD en un comunicado.
Además, el 24 de junio a las 18.30 horas se celebrará una concentración en la Plaza de las horas del Puerto de València, junto al Edificio del Reloj.
“GRAVES VULNERACIONES DE DDHH”
Las entidades convocantes han denunciado que se cumple un año desde “las graves vulneraciones de derechos humanos perpetradas por el Estado español y el Estado marroquí, que se saldaron, según diversas fuentes especializadas, con la muerte y ejecución extrajudicial de al menos 37 jóvenes, 77 víctimas de desaparición forzada, cientos sometidas a la denegación de auxilio, a la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes”.
Las ONG han aseverado que las autoridades marroquíes y españolas “golpearon a personas que ya estaban sujetas o que no respondían debido a sus lesiones, negaron asistencia médica de emergencia a los heridos y utilizaron repetidamente gases lacrimógenos contra personas que no tenían forma de escapar y se encontraban en un espacio confinado”.
Además, los convocantes han indicado que “las autoridades policiales realizaron en Melilla al menos 470 devoluciones sumarias y colectivas calificadas como ilegales por el Defensor del Pueblo y por la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa”.
Las organizaciones han recalcado que la “masacre” de Melilla es “la más grave de los últimos tiempos perpetrada en suelo europeo” y han acusado al Gobierno central de “incumplir sistemáticamente su deber de debida diligencia, negándose a esclarecer los hechos, depurar responsabilidades, promover la rendición de cuentas y reparar el daño”.
Asimismo, las organizaciones sociales han denunciado que “ninguno de los responsables ha sido investigado y todos gozan de la más absoluta impunidad”; que “la comisión de investigación parlamentaria fue obstaculizada en sucesivas ocasiones” y que, “a pesar del anuncio de la Fiscalía General del Estado de que investigaría los hechos, el 23 diciembre de 2022, la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez archivó las diligencias sin exigir una investigación judicial”.
“Un año después, las víctimas continúan sin acceder a su derecho a la justicia y las familias no han encontrado, identificado ni enterrado a sus muertos”, han lamentado.
Por todo ello, las ONG han reivindicado que se reabra el caso del 24 junio 2022 en Melilla mediante “una investigación independiente”; que se implementen medidas “para que este tipo de masacre no se vuelva a repetir” y “poner a disposición inmediata de las familias todos los mecanismos necesarios para la búsqueda de las personas desaparecidas, así como para la identificación y recuperación de los restos de las víctimas mortales”.
Del mismo modo, han reclamado “acabar con la violenta cadena de deportaciones en caliente, contrarias al derecho internacional”; “vías legales y seguras para que nadie pierda su vida por migrar y evitar la explotación”; “la abolición de la Ley y el Reglamento de Extranjería y el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE)” y “suspender los acuerdos de deportación con terceros países” como Marruecos, Senegal, Afganistán, Libia y Turquía, entre otras medidas.
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