VALÈNCIA, 25 (EUROPA PRESS)
Las defensas de los acusados en la pieza del ‘Call center’ del conocido caso Imelsa han solicitado al tribunal juzgador la nulidad de todo el procedimiento al ver irregulares las grabaciones que originaron la causa y que fueron aportadas por la exdiputada y actual consellera de Participación Rosa Pérez y por Mariano Benavent, exsuegro del exgerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent. También subrayan fallos durante la instrucción.
Así se han pronunciado las defensas en el primer día del juicio que se celebra en la Audiencia de Valencia contra el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus, Benavent, su exsuegro y otras cinco personas más por la pieza del ‘Call center’.
El primer abogado en intervenir en el procedimiento ha sido el de Marcos Benavent, quien ha reclamado la nulidad de todo el procedimiento en base a la forma en la que se originó la causa, es decir, los pendrives aportados por Rosa Pérez y Mariano López. El letrado ve en este aspecto injerencia en derechos fundamentales y otras vulneraciones.
Este argumento ha sido compartido por el resto de defensas y, en concreto, el letrado de Alfonso Rus ha añadido que la entrega de los pendrives fue “ilícita”, que no hubo cadena de custodia y se ocultaron a las defensas diferentes informes. “Esto genera vulneración del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva”, ha puntualizado.
Así mismo, estos dos letrados, los de Rus y Benavent, se han referido al retraso del juez instructor en declarar la causa de Imelsa compleja –con un retraso de unos seis meses– lo que a su modo de ver invalida todas las diligencias practicadas posteriormente.
Los abogados han reclamado a este respecto que se dejen fuera del procedimiento las diligencias que se practicaron una vez había caducado el plazo para declarar la causa compleja y su ampliación de la instrucción. El abogado de Benavent, además, ha impugnado la prueba obtenida del despacho del exabogado de su cliente.
Por su parte, el letrado del exsuegro de Benavent ha criticado que se ha vulnerado el derecho de su cliente a conocer la acusación que se vierte contra él. “Se abrió esta pieza hace siete años por una presunta adjudicación irregular y mi cliente no sabe qué ha hecho, cuándo, cómo y en qué momento”, ha aseverado. Así mismo, ha reclamado que su representado declare al final del juicio pero el tribunal se lo ha denegado.
LA PIEZA DEL ‘CALL CENTER’
En este procedimiento –la pieza D–, cuyo juicio se prolongará hasta el 5 de junio, están acusados Rus, Benavent, su exsuegro Mariano López y otras cinco personas más.
Fiscalía Anticorrupción acusa a Rus en esta ocasión de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y le pide ocho años de prisión; por su parte, al ‘yonki del dinero’ le atribuye los delitos de prevaricación y malversación también con carácter continuado y le pide cuatro años y medio de cárcel.
Los otros seis acusados en esta pieza –bien como autores directos o como cooperadores necesarios– están acusados de delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales. Entre ellos está el exsuegro de Benavent, para el que el fiscal reclama 13 años de prisión.
Según mantiene la Fiscalía, los hechos se remontan a junio de 2012, cuando el exsuegro de Benavent arrancó a Rus el compromiso de adjudicar a su empresa –Servimun S.L.– un contrato público de gestión tributaria de servicios.
El informe de necesidad de la contratación lo suscribió el acusado Salvador Deusa como jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia en diciembre de 2012, amigo personal de Mariano López. En este proceso, Benavent, “conocedor de las intenciones de Rus de favorecer esta adjudicación”, no puso ninguna traba ni inconveniente en el proceso administrativo de selección “como estaba ordenado y convenido por Rus con López”.
En diciembre de 2012 se publicó el anuncio de licitación con un presupuesto de 1.020.000 euros. En la mesa de contratación tuvo una participación activa en el amaño el acusado Ricardo Ángel De Mari, jefe de servicio de la Diputación, según Fiscalía.
Servimun recibió la mayor puntuación para ser adjudicataria del contrato con una proposición “totalmente alejada de la verdadera realidad de lo que realmente podía y quería realizar la empresa”, puesto que carecía de cualquier capacidad operativa para llevar a cabo lo señalado en la oferta, ni en medios técnicos, que eran a cargo de Imelsa, ni en medios personales, ni por experiencia en el objeto contractual.
Como coordinador del contrato se colocó al hijo de Mariano López, que se encontraba en paro, y que no contaba ni con experiencia ni con ninguna cualificación para el desarrollo de sus funciones. Pero no fue el único familiar que se benefició de las contrataciones, porque también se contrató a otro familiar del exsuegro de Benavent.
Finalmente, la formalización del contrato se realizó en junio de 2013 por un importe de 842.975,2 euros, sin IVA, distribuido en tres años. El trabajo fue “defectuoso” y “fracasado” desde un principio. Se pagó por trabajos no hechos.
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