Save the Children advierte que un 2,7% del total de hogares de la Comunitat se encuentran en situación de hacinamiento
VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)
Casi una de cada cinco familias con niños y niñas de la Comunitat Valenciana destina al menos el 40% de sus ingresos al pago de la vivienda y los suministros de la misma, lo que implica un menor presupuesto para otras necesidades de la crianza.
Así lo indica el estudio ‘Aquí no hay quien viva: un análisis de las dificultades de las familias para pagar la vivienda en la Comunitat Valenciana’, que publica este martes la ONG Save the Children.
La organización recalca que el alza de los precios de las viviendas, especialmente del alquiler, que no han ido acompañados de un aumento de los ingresos de las familias, les están provocando enormes dificultades de pago.
Este porcentaje, inciden, aumenta cuando se trata de familias vulnerables, las cuáles pueden llegar a destinar prácticamente la totalidad de sus ingresos al pago del alquiler y de las facturas, como es el caso de Raquel.
Tiene un hijo de ocho años y una bebé de nueve meses y vive de alquiler en la misma casa en Valencia desde hace más de veinte años: “Mi casero ha fallecido, su hijo quiere vender el piso y me ha ofrecido comprarlo, pero con 500 euros que gano al mes el banco no me da ningún crédito. Imposible encontrar ningún piso de alquiler por menos de 600 o 700 euros, y eso que ya pago 300 euros en el que estoy, más de la mitad de mi sueldo”, relata.
La Comunitat Valenciana, apuntan desde Save The Children, se sitúa como una de las autonomías donde la subida de los alquileres ha sido “más severa”. Hasta el año 2015, las tres provincias valencianas experimentaron un descenso en los precios debido a los efectos rezagados de la crisis. A partir de entonces, los precios han ido aumentando hasta alcanzar incrementos de entorno a un 10% en tan solo 5 años.
En este sentido, de acuerdo al informe realizado a partir de datos del INE, los mayores incrementos se experimentaron en València, donde el alquiler ascendió en un 13,2% entre 2015 y 2020.En el caso concreto de la ciudad de València el precio medio de los alquileres en el último trimestre de 2022 se situaba en los 1.200 euros, un 9,9% más que el año anterior.
Aunque la pandemia trajo consigo las medidas positivas del llamado “escudo social” –centradas en moratorias al pago de alquileres e hipotecas, la garantía de suministro o la prohibición de desahucios–, el actual contexto del mercado de la vivienda “podría devolver a muchas familias a situaciones de riesgo”, advierte la ONG.
De hecho, se estima que entre el 70% y el 80% de los desahucios en España (casi 700.000 desde 2008) afectan a familias con niños, niñas y adolescentes, según datos de Naciones Unidas.La crisis de la vivienda en España ha adquirido una dimensión insoportable y genera exclusión a distintos niveles que, en algunos casos, se solapan: territorial, generacional, social o de renta, entre otros.
HACINAMIENTO Y FALTA DE INSTALACIONES BÁSICAS
El estudio señala que un 2,7% del total de hogares de la Comunitat Valenciana se encuentran en situación de hacinamiento, lo que implica que cada miembro que lo integra cuenta con menos de 15m2 por persona en la vivienda.
“En nuestro trabajo diario con las familias vemos cómo muchas de ellas tienen que compartir piso con otras familias porque no pueden permitirse pagar un alquiler, incluso hemos visto como tienen que compartir habitación. Según nuestro informe, los hogares con niños y niñas son los más vulnerables en este aspecto. Una situación que repercute en su salud física y mental, afecta a su crecimiento, desarrollo, rendimiento escolar y a su seguridad”, asegura en un comunicado el director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández.
Otro de los aspectos que señala el informe es la falta de infraestructuras básicas, como es la cocina. Así, un 5,6% de los hogares con presencia de niños y niñas no cuenta con una cocina independiente.
A nivel territorial, los hogares de la provincia de Castellón parecen ser los más afectados, ya que ya que el porcentaje aumenta hasta el 6,4%. Además, este tipo de hogares se encuentran en mayor medida en los municipios más pequeños, con menos de 2.000 habitantes, lo que refleja la prevalencia de este tipo de problemáticas en los entornos rurales o semiurbanos. En este tipo de municipios, más de uno de cada diez hogares no dispone de cocina independiente.
Save The Children expone que España tiene uno de los parques de vivienda social más pequeños de Europa, ya que apenas alcanza el 2,5% del total, lo que supone una cuarta parte de la media europea (9,3% del parque). Esta situación se explica fundamentalmente por dos motivos: el bajo presupuesto destinado a la provisión pública de vivienda y porque la política de provisión pública se ha orientado tradicionalmente a financiar viviendas en propiedad y, además, a favorecer su posterior descalificación, lo que provoca que esas viviendas descalificadas dejen de ser protegidas y pasen a ser parte del mercado libre.
En el caso de la Comunitat Valenciana, la autonomía cuenta con 15,5 mil unidades de vivienda social, situándose, así como la sexta autonomía con mayor cantidad, en términos absolutos, de vivienda protegida. Sin embargo, su parque de vivienda protegida “representa menos del 1% sobre el total de viviendas principales”.
Save the Children hace algunas recomendaciones para paliar los efectos que tiene el pago de la vivienda en las economías familiares, entre ellas ampliar el parque de vivienda pública de alquiler social como forma de hacer frente a las crisis habitacionales derivadas de desahucios, impagos u otras situaciones de vulnerabilidad económica y exclusión social.
Igualmente, aboga por “priorizar el acceso a ayudas directas a vivienda para las familias con niños y niñas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital o la Renta Valenciana de Inclusión; consolidar y aumentar la dotación presupuestaria del Plan Renhata con el objetivo de que más hogares puedan optar a este tipo de ayudas económicas; crear mecanismos o líneas propias de ayuda para la renovación y rehabilitación de viviendas en entornos rurales y mejorar los protocolos de actuación ante los desahucios a través de una mejora de la coordinación y la comunicación entre el sistema judicial y los servicios sociales”.
“Aunque en los últimos años el Consell ha aumentado progresivamente el presupuesto destinado a vivienda, todavía hay niños y niñas que viven en hogares con sobrecarga financiera debido a la vivienda o en entornos insalubres o que no pueden mantener en casa una temperatura adecuada. Es nuestra responsabilidad como sociedad que cualquier niño niña tenga un lugar en condiciones al que llamar hogar”, concluye Hernández.
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