VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juzgado que archive una de las piezas de la macrocausa de Imelsa, la relativa a los sobrecostes en la empresa pública Ciegsa, al estar prescrito el delito de cohecho al expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus y al ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.
Así se desprende del escrito del ministerio público, al que ha tenido acceso Europa Press, relativo a la pieza de Imelsa (G) en la que el Juzgado de Instrucción número 18 de València investiga el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de la empresa pública de construcción de centros educativos Ciegsa. Junto a Rus y Caturla, en esta pieza también figura como acusado el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado ‘yonki del dinero’ y otros técnicos y responsables de mercantiles.
En concreto, en esta pieza el juez investiga la adjudicación de contratos sin respetar los principios de legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad con la finalidad de favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dádiva.
Esas supuestas irregularidades en la contratación entre 2003 y 2007 podrían tener una “finalidad de lucro que podría tener su origen o propósito en la financiación de un determinado partido político o alternativa o conjuntamente a ello, en el propio lucro personal, ya confesado por el principal investigado en esta causa”, Marcos Benavent, según exponía el juez en uno de sus autos.
Uno de los informes policiales recogía indicios delictivos respecto a las siguientes obras o adjudicaciones: IES número 4 de Torrevieja; IES Llosa de Ranes e IES Xirivella; IES El Cabanyal; CEIP número 5 de Burriana; y CEIP 7 de Santa Pola.
Sin embargo, el fiscal, tras más de siete años de investigaciones, acaba de solicitar el archivo de la pieza al ver que los hechos estarían prescritos, puesto que las acciones delictivas tuvieron lugar entre los años 2005 y 2006. Al respecto, según expone en su escrito, hay que atender al Código Penal de 1995, que establecía que los delitos menos graves prescribían a los tres años.
Teniendo en cuenta que esta causa se incoó en 2015 y que los hechos se cometieron en 2005 y 2006, “debe concluirse que ha transcurrido el plazo legal de tres años, por lo que el delito –de cohecho– ha prescrito”.
Además, sostiene que no se ha acreditado qué dinero supuestamente recibió Rus o Caturla: “No puede afirmarse qué constructoras y qué personas concretas efectuaron los pagos a los investigados”, mantiene el fiscal.
Sin embargo, sí entiende que hubo pagos irregulares. En este sentido, indica que tanto Caturla como Rus y Benavent, “con claro desprecio por la causa pública y en beneficio propio”, cobraron ciertas cantidades de dinero de las construcciones adjudicadas a través de Ciegsa, “pero sin que pueda establecerse una perfecta correlación entre el dinero recibido y una concreta obra adjudicada”.
Al respecto, cita algunos audios que obran en la causa, entre ellos uno en el que se escucha cómo Benavent y Caturla estaban contando dinero y Benavent decía que le comentaría a Alfonso que le habían dado 30. En otro audio el exgerente decía a Caturla que podían sacar un 3%.
Así mismo, figura en el procedimiento el que el fiscal considera el audio “más relevante” y es en el que se puede oír cómo Benavent y Rus estaban contando dinero en efectivo.
Habría otros audios en los que salía la exconcejala de Cultura por el PP María José Alcón, quien se suicidó en el transcurso de este procedimiento. En uno de ellos Benavent le decía a Alcón: “Aquí te traigo 9.000 euros”; mientras que en otro se escuchaba: “Yo te he dejado ahí 10.000. He dejado 5.000 para el Partido –se entiende que el Partido Popular– porque Alfonso viene así y yo me he quedado 5.00. 10.000 tienes ahí”, le indicaba el ‘yonki del dinero’.
Por todo, Fiscalía Anticorrupción interesa el archivo del procedimiento para todos los investigados por extinción de la responsabilidad criminal.
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