La operación ha permitido desmantelar un entramado fraudulento de compra y venta de parcelas en suelo rústico no urbanizable
ALICANTE, 8 (EUROPA PRESS9
La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones en materia de ordenación del territorio, ha desarrollado la operación ‘Insidias’, en la que se ha investigado a 14 hombres, seis mujeres y un persona jurídica, por delitos sobre ordenación del territorio y urbanísticos, relativos a construcciones ilegales en suelo protegido de Alicante, así como contra los derechos de los trabajadores.
La investigación, llevada a cabo por la Patrulla del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de Alicante, se inició tras detectar la parcelación y construcción en una finca rústica del término municipal de Alicante, ubicada en una zona protegida e inundable donde no está permitida la edificación, según ha informado el instituto armado en un comunicado.
Durante las primeras actuaciones, los agentes pudieron determinar que la parcela, de unos 11.000 metros cuadrados, había sido dividida en 12 subparcelas, delimitadas y con construcciones en distintas fases de ejecución. Asimismo, se detectó la instalación ilegal de un sistema de suministro de agua no potable sin la correspondiente licencia urbanística.
Las pesquisas revelaron que la finca había sido adquirida por una mercantil creada específicamente para su compra y posterior venta en participaciones a diferentes compradores. Estos contratos privados encubrían la asignación de distintas subparcelas a cada adquirente, que “conocían plenamente la ilegalidad de la parcelación y la imposibilidad de construir legalmente en ellas”.
Como resultado de la investigación, se ha procedido a la imputación de las personas físicas implicadas, tanto vendedoras como compradoras, así como de la persona jurídica responsable de la parcelación ilegal. Además, se ha identificado a una persona como constructor ejecutor de la mayor parte de las edificaciones ilegales.
TRABAJADORES EN SITUACIÓN IRREGULAR
Durante las inspecciones realizadas, los agentes también descubrieron que parte de las obras fueron ejecutadas por un constructor que empleaba de manera habitual a trabajadores extranjeros en situación irregular en España. Estas personas carecían de contrato de trabajo y no estaban dadas de alta en la Seguridad Social.
Según se ha podido determinar, los trabajadores eran contratados “sin ningún tipo de medida de protección laboral, sin equipos de seguridad y en condiciones claramente inferiores a las establecidas legalmente”. Además, en varios casos, no llegaron a percibir el salario por el trabajo realizado, ya que se aprovecharon de su situación de vulnerabilidad.
A los investigados, 14 hombres y seis mujeres de entre 25 y 66 años, y una persona jurídica, se les imputan los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, así como delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros.
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