ALICANTE, 6 (EUROPA PRESS)
La Federación de Obra Pública y Auxiliares de la provincia de Alicante (FOPA) considera que la administración central del Estado, en su política de adjudicación de obra pública, comete un “abuso en el uso de medios propios”, como la empresa Tragsa, “cuya participación masiva en objetos impropios a su función supone una competencia desleal contra las empresas privadas y un abuso en las condiciones que establece en materia de precios, personal cualificado o subcontrataciones”.
Así lo ha manifestado el presidente de la entidad, Javier Gisbert, en un comunicado, donde ha incidido en que “ha habido un incremento no justificado en la adjudicación de determinadas actuaciones de obra pública a empresas del Estado como Tragsa”, que ha cifrado en un 95 por ciento en los últimos años.
En este contexto, Gisbert ha recordado que Tragsa “tiene como objeto social el desarrollo rural, la conservación del medio ambiente y la respuesta a las emergencias”, pero cree que “desde hace unos cinco años la están convirtiendo en un caballo de Troya contra el sector y contra el empleo que se genera, incluso adjudicándole responsabilidades técnicas para las que no está dotada ni preparada”.
A su juicio, “hay una velada intención de convertir a las empresas privadas del sector en subcontratas de las empresas públicas en actuaciones de obra pública”.
LICITACIONES DESIERTAS
También ha indicado que Tragsa “se hace con contratos de licitaciones desiertas que no se han podido atender porque los precios de la oferta no eran acordes al mercado y su adjudicación suponía trabajar a pérdidas”.
“Esta situación rompe las dinámicas de las empresas del sector, que se ven abocadas a situaciones de dependencia, convirtiéndose en el mejor de los casos en empresas subcontratadas por otras públicas, a precios y condiciones perjudiciales”, ha añadido.
Por todo ello, Gisbert ha exigido el “cese del ‘dumping’ en obra pública que hace el Gobierno de España contra las propias empresas de su país”, reclama a la administración central que “respete las reglas de juego y que la colaboración público-privada no sea un sometimiento que ponga en peligro empresas y empleos del sector”.
“Lo que nos tememos es que esta práctica se extienda hasta ahogar al sector. En estos momentos no hay una colaboración público-privada tan necesaria, sino un Estado central haciendo ‘dumping’ contra el propio sector de su país: está tirando los precios, un grave error que pone en peligro a las empresas y sus empleos y, a medio plazo, que existan empresas con capacidad técnica para seguir construyendo obra pública innovadora, eficiente y útil a la ciudadanía”, ha insistido el presidente de FOPA.
De otro lado, Gisbert cree que el sector empresarial español –y el asentado en la provincia de Alicante– tiene una “elevada reputación técnica y profesional en todo el mundo”. “Esta situación se puede poner en peligro si se trabajaba desde el Estado en romper las reglas del mercado, arriesgando la calidad de los trabajos efectuados, sus resultados finales y la imagen de unas empresas que operan en todo el mundo”, ha concluido.
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