Grau se desvincula de contratos y pagos por las campañas del PP de 2007 y 2011: “No encargo nada, yo transmito acuerdos”
VALENCIA, 24 (EUROPA PRESS)
La exsecretaria del PP en el Ayuntamiento de Valencia Mari Carmen García Fuster ha afirmado en el juicio que se sigue contra ella y tres acusados más por la presunta caja B del PP que el partido recibía donaciones, una de ellas de hasta 100.000 euros, y ha definido este dinero como “legal y absolutamente lícito”. También ha comentado que una gran parte de ese dinero de donaciones se ingresaba en la cuenta del partido provincial, “con lo que los gerentes sí sabían de su existencia. ¿Cómo no lo iban a saber?”, ha dicho.
García Fuster se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de acusada, en la octava sesión del juicio por la pieza A de Imelsa, en relación con una presunta financiación irregular en las campañas electorales del PP de Valencia en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas.
Junto a García Fuster figuran como acusados en este procedimiento el que fuera vicealcalde de la ciudad de València Alfonso Grau, en su día mano derecha de la exalcaldesa y exsenadora, Rita Barberá; el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas; y el axedil, exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD) y de la Fundación para la Innovación y la Economía del Conocimiento (Fivec), Juan Eduardo Santón.
En su declaración, García Fuster, asesora del grupo municipal del PP desde 1991 hasta 2016, ha explicado que “manejaba” el dinero del grupo porque era la secretaria. Ha indicado que el grupo tenía dos cuentas corrientes, una de ellas en la que los cargos públicos “pagaban una especie de impuesto revolucionario. Al principio eran 1.000 pesetas y luego 60 euros al mes. Era una transferencia que teníamos que hacer todos los meses a la sede provincial del PP para el mantenimiento del partido”.
“Eso era lo fijo –ha agregado– y luego había donaciones que las mandaba al partido gente anónima. Eran para el partido pero las llevaban al grupo no sé si porque estábamos por el centro o por qué. A mí no me las daban personalmente. Las dejaban ahí y me avisaban”. Con todo el dinero ingresado, la exsecretaria giraba todos los meses una transferencia a la cuenta del PP provincial.
Preguntada por las cuantías de las donaciones, la acusada ha respondido que “depende”. “Las donaciones fueron en 2010 y recuerdo una de las últimas que fue muy cuantiosa, a finales de octubre, por 100.000 euros. Cerramos presupuesto con eso para la campaña de 2011 con la empresa Trasgos. La hizo una señora de edad muy avanzada, militante de Alianza Popular”.
Su letrado le ha pedido más detalles sobre esta donación “estrella” y García Fuster ha explicado que provenía de una persona “especial”: “La hizo Conchita García-Lliberós, una fantástica persona a todos los niveles, colaboradora en el partido. Se los daba al partido, era su partido. Ella decía que era el centro de su vida”, ha indicado.
Preguntada por si la donante era una recaudadora para el partido, ha dicho: “Bueno, puede ser… Sí, porque además incluso en época de la Alianza Popular ya lo hacía”. No obstante, ha querido puntualizar que mintió en su declaración en instrucción cuando aludió a la existencia de una recaudadora del PP: “Me lo inventé. Pensé en inventarme esa figura para concentrar todas las sospechas y cerrar un círculo en esa persona. Lo contrario era complicar la vida, de forma injusta, a muchas personas. Toda esa gente anónima, donantes, si empezaba a dar nombres, les iban a investigar… Y entendí que era muy injusto”, ha afirmado.
La acusada, además, preguntada por el dinero en efectivo que guardaba en sobres en su casa y que fue decomisado por la Guardia Civil, ha señalado que, en concreto, había dos sobres: uno de ellos con “estrenas” y con unos 3.000 euros, y otro con unos 1.100 euros que procedían del dinero cobrado de la pedrea de unas papeletas.
“MI FUNCIÓN NO ERA ESA”
Por su parte, en su declaración, Grau, concejal del PP en el consistorio desde julio de 1995 hasta marzo de 2015, ha explicado que en 2007 ocupaba los cargos públicos de primer teniente de alcalde, concejal de Hacienda y Turismo y portavoz del grupo municipal. Preguntado por si también fue el coordinador de la campaña de ese ejercicio, ha dicho: “En todas las campañas en las que participé, el cargo que tenía dentro del grupo y que me decía la alcaldesa era el de redactar el programa electoral, recabar información de los compañeros para ver qué proyectos tenían y coordinar con el resto de compañeros”, ha expuesto.
Sin embargo, Grau, según ha insistido en la vista, desconocía el presupuesto que había para la campaña electoral porque su función “no era esa”. Tampoco firmaba contratos ni realizaba pagos, ha subrayado.
Preguntado por la campaña electoral de 2007 encargada a Laterne, ha explicado que iba a la mercantil para decir lo que se había decidido que se tenía que hacer: “Iba para allí y decía qué se había decidido”. Preguntado por quién pagaba a Laterne, ha dicho: “Imagino que lo pagaría el grupo o el partido, no lo sé. Yo no encargo nada. Me decían ‘Vete a esos señores, que habían llevado la campaña de 2003 sin ningún problema, y díganles que monten esto'”.
Grau, interpelado por si tenía relación de amistad con el fallecido Vicente Sáez, exdueño de Laterne, ha dicho que “no”. Ha explicado que trabajó en el hospital con su padre, cuando él ejercía de médico, y lo conocía. Pero eso no era amistad”, ha puntualizado.
Así mismo, preguntado por su relación con el exasesor Jesús Gordillo, quien supuestamente entregó documentación sobre la presunta financiación irregular del partido de la que luego, en el juicio, se desdijo, ha dicho que lo metió en el consistorio tras pedírselo su exmujer, que atendió a la mujer de Gordillo en el parto. “Gordillo –ha añadido– siempre recibió ayuda y colaboración por parte mía y de mi familia. Tuve una perplejidad absoluta cuando en 2016 se publicaron unas declaraciones escandalosas acusándome de no sé qué”, ha repetido.
Interpelado por si le dio a Gordillo 350.000 euros para pagos en Laterne, ha respondido que “rotundamente no”. Tampoco le ordenó recoger cheques de empresas o sociedades o hacer facturas para justificar entregas de dinero, ha aseverado. Sobre su relación con algunas sociedades y empresarios por las que se le ha preguntado, ha dicho que era “puramente institucional”.
Sobre los presupuestos para campañas y lo indicado por el partido de Génova, Grau ha manifestado que era “imposible” que desde el PP de Madrid se llevase la contabilidad exacta: “Una cosa es lo que dice la ley (…) La mayoría de veces son los pueblos los que se rascan el bolsillo y pagan la campaña electoral”, ha puesto como ejemplo.
En la sesión de este lunes también ha declarado Santón, quien ha explicado que conoció a la empresa Laterne porque en 2002 ya había algún tipo de contrato con ellos y porque un primo hermano suyo empezó a trabajar allí en 2001. Ha señalado que los contratos con Laterne no los fijaba Grau y ha señalado que la empresa presentaba una memoria de los trabajos que hacía. Sobre los contratos con CEyD ha dicho que él reportaba de los mismos a la alcaldesa y al comité ejecutivo; y en Fivec era la directora ejecutiva la encargada del control de la ejecución de contratos. Se informaba al patronato de la fundación de los trabajos.
El último acusado, Salinas, ha manifestado que ocupó el cargo de director de la Fundación Turismo Valencia en marzo de 1991 y ha dicho que su relación con Grau era “como presidente del patronato y en su condición institucional. Relación profesional”. Sobre los contratos de la entidad con Laterne entre 2006 y 2008, el acusado ha indicado que se hicieron para un servicio de asesoramiento, aprobados por el patronato, y “conforme a la legalidad”.
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