La única aspirante en el proceso justifica su decisión ante las “repetidas insidias” del PSPV que han hecho retirarse a los inversores
VALÈNCIA, 11 (EUROPA PRESS)
La empresa Nuevas Tecnologías de Financiación S.L., la única participante en la licitación abierta por el Ayuntamiento de València para la construcción de 227 viviendas de alquiler social en la ciudad y de la que es administrador Javier Timoner, marido de la diputada del PP Alma Alfonso, se ha retirado de ese proceso, ante las “repetidas insidias” vertidas por el grupo municipal socialista, según ha denunciado en un comunicado.
Desde el PSPV y su portavoz municipal, Borja Sanjuan, se había calificado de “pelotazo urbanístico” que esa promoción se adjudique a esta compañía, que era la única aspirante en el proceso. Los socialistas sostenían que el gobierno municipal de PP y Vox había ofrecido “directamente” participar en el concurso a esta empresa, cuyo administrador es Javier Timoner, que en su día fue director general de Lubasa Inmobiliaria, “una de las sociedades que financiaron ilegalmente al Partido Popular”.
Sin embargo, desde el ejecutivo local subrayaron que este era “un concurso público y de libre concurrencia que cuenta con el aval de los técnicos”, al tiempo que acusaron a los socialistas de “manipular” la realidad “una vez más”.
Nuevas Tecnologías de Financiación S.L. ya ha comunicado al Ayuntamiento de València su decisión de retirarse de la licitación, un anuncio que ha avanzado este martes el diario digital Valencia Plaza. Según explica la firma en un comunicado, “la causa de esta renuncia se halla en las repetidas insidias vertidas profusamente contra esta empresa y su administrador por parte del portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia”, Borja Sanjuan.
La empresa detalla que “la polémica y el ruido mediático generado han hecho que se retiren del proyecto los inversores” y ha expuesto que, “por tanto, el aseguramiento de capital y la financiación externa previamente apalabrados que debían aportarse al proyecto por el que licitamos no han podido conseguirse”.
En esta línea, ha lamentado “con profunda decepción verse obligada a retirarse de la licitación, a pesar de haber puesto toda la diligencia exigible para cumplir con todos los requisitos”. Así, ha asegurado que esto “ha sido impedido por la maledicencia gratuita”.
Nuevas Tecnología de Financiación S.L. explica que la propuesta presentada al Ayuntamiento de València “estaba vinculada a un proceso de negociación de la financiación ajena complementaria que se deberá justificar previamente, en su caso, a la adjudicación y firma del contrato”, por lo que ha precisado que quedaba “la propuesta sujeta a este aseguramiento”.
“ACCIONES CIVILES Y PENALES”
Tras haberse “frustrado” el apoyo financiero, “previamente apalabrado”, “a causa de las manifestaciones públicas del portavoz del grupo municipal socialista”, tanto la empresa como su administrador “se reservan cuantas acciones civiles y penales, y muy especialmente de resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos y de protección del derecho al honor” le correspondan.
La compañía lamenta también “el daño social irreparable provocado por esta situación” y advierte de que el proceso de construcción de 227 viviendas en València sufrirá “un grave retraso” por su retirada dado que era “la única empresa que se presentó al concurso público para construir cuatro edificios”: tres en el barrio de L’Olivereta y uno en la pedanía de La Torre”.
“Este proyecto de vivienda social quedará ahora paralizado, en un momento de emergencia habitacional en la ciudad de Valencia y de escasez de vivienda social”, ha remarcado la empresa.
“CONCURSO PÚBLICO ABIERTO”
Nuevas Tecnologías de Financiación S.L. ha asegurado que el proceso de licitación del que se retira “ha sido un concurso público abierto a la concurrencia de empresas”. Para la firma, las declaraciones de Sanjuan son una “difamación vertida por un político que primero ha manifestado públicamente sospechas y, después, sin mayor motivo, las ha convertido en certezas, buscando una repercusión al servicio de sus propósitos políticos personales aún con perjuicio del bien público”.
La compañía ha afirmado, igualmente, que su administrador “no ha ocupado ningún cargo directivo en ninguna empresa condenada por financiación irregular” y ha manifestado que “no existe ningún motivo que impida a su empresa optar a contrataciones de la administración pública”.
Además, ha indicado que la rentabilidad económica de estos proyectos de vivienda social “supone en torno al 4 por ciento de la inversión, un margen muy limitado que explica la baja concurrencia de empresas que optan a licitaciones de este tipo”.
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