La institución inicia una comisión de investigación: PSPV y Compromís insisten en “esclarecer lo ocurrido” y “depurar responsabilidades”
ALICANTE, 31 (EUROPA PRESS)
La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana ha archivado la denuncia sobre las presuntas irregularidades cometidas en un examen de la oposición para 58 plazas de auxiliares administrativos que la Diputación de Alicante celebró el pasado 8 de febrero, al entender que esta “pierde razón de ser” después de que la prueba se repitiera el pasado 1 de marzo.
Así lo ha informado la institución provincial en un comunicado, en el que asegura que ha tenido conocimiento de esta resolución el mismo día en el que se ha constituido una comisión de investigación sobre esta cuestión.
Concreta que la Agencia Antifraude, tras el análisis de los distintos hechos y de la documentación que ha aportado la Diputación, detalla en su resolución que se ha acordado archivar el expediente de investigación abierto al entender que “las alertas han desaparecido al haber sido repetido el examen”.
La institución provincial ha recogido la argumentación de este organismo: “Constatada la voluntad del órgano técnico de selección de corregir las irregularidades contenidas en las alertas recibidas en esta Agencia y dado que la Diputación de Alicante ha procedido a la repetición del examen, nos encontramos ante una situación de pérdida sobrevenida del objeto de las siete denuncias, que determina que pierda su razón de ser la discusión que constituía el objeto del presente, procediendo declarar esta situación y acordar el archivo del expediente”.
Por otra parte, en su escrito la Agencia recomienda a la Diputación que “valore la aprobación de un manual de instrucciones y buenas prácticas que fije un protocolo de actuación a cumplir por los órganos de selección y por el personal colaborador en los procedimientos de selección de personal”.
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Esta resolución de la Agencia Antifraude ha sido conocida el mismo día en el que se ha constituido en la Diputación de Alicante la Comisión de Investigación, impulsada por los grupos políticos de la corporación provincial, con el fin de “dilucidar las posibles responsabilidades en las presuntas irregularidades detectadas en la prueba”.
Durante la celebración de este órgano, presidido por la diputada socialista Pilar Díaz, se ha fijado un calendario de trabajo para las próximas semanas, según han concretado desde la institución alicantina.
PSPV: DOCUMENTACIÓN E INFORMES
Por su parte, desde el PSPV han realizado más de diez peticiones en la comisión de investigación, con el objetivo de “esclarecer” lo ocurrido y “exigir responsabilidades”.
En este sentido, el portavoz socialista en la comisión, el diputado José Ramiro Pastor, ha afirmado en un comunicado que su grupo “quiere saber quién ha metido la mano en el examen que señalaba las 42 preguntas correctas que permitían conseguir el aprobado”.
En concreto, durante esta primera sesión, Ramiro ha explicado que el PSPV ha solicitado “tener un acceso directo a toda una serie de documentación”, como son el expediente del proceso selectivo, los exámenes realizados por los aspirantes el día 8 de febrero y una copia digital de todos los archivos empleados para realizar la prueba investigada, además del archivo final “que se envió a la imprenta”.
“Hemos pedido también la relación completa de todas las personas que han intervenido en la elaboración e impresión de la prueba investigada y un informe sobre la relación de preguntas del examen: a qué tema correspondía a cada pregunta de la prueba y qué preguntas tenían algún error de formato que correspondían a la respuesta correcta”, ha añadido el diputado socialista.
Igualmente, su grupo ha solicitado “otro informe sobre los apoyos informáticos y documentos digitales que se han utilizado para la elaboración de la prueba investigada”: “Se tiene que determinar la cadena de custodia, es decir, desde qué apoyos informáticos se entregan los USB por parte de los miembros de la comisión técnica, en qué equipo se realiza la prueba final, quién controla ese equipo y cuáles son los metadatos de todos los archivos que existen en los diferentes apoyos informáticos custodiados”.
Finalmente, ha pedido “el listado de miembros de la comisión técnica, así cómo las tareas específicas que realizaban cada uno de ellos”. “Exigimos la creación de esta comisión de investigación y ahora queremos llegar a los verdaderos motivos que llevaron a realizar esta prueba aparentemente manipulada que ha dañado la imagen de la Diputación de Alicante, ofreciendo una proyección de descrédito total”, ha concluido.
COMPROMÍS: “COTEJAR SI EXISTÍA PARENTESCO”
De otro lado, el portavoz de Compromís en la Diputación, Ximo Perles, ha incidido en que la prueba “claramente estaba amañada” y en que el objetivo de la comisión es ver “quién” presuntamente ha llevado a cabo esta acción y “depurar responsabilidades”.
También se ha cuestionado sobre “qué actitud toma” el PP para “facilitar recursos” en la comisión, y ha avanzado que su grupo va a pedir “cotejar” si existían relaciones de parentesco entre los más de 3.000 aspirantes al examen y “miembros de los tribunales e incluso la corporación”.
“Es evidente que estaba amañada, porque se habían marcado determinadas preguntas de diferente forma, que eran las que se tenían que seleccionar. Cualquier persona con ese patrón podría haber sacado hasta un seis, si no recuerdo mal, en esa prueba selectiva”, ha aseverado Perles en declaraciones a los medios.
El portavoz de la coalición ha recordado que el examen se repitió “antes de corregirlo”, por lo que cree que “hubiera sido muy útil” tener las pruebas puntuadas para ver “qué personas siguieron este patrón y determinar alguien lo siguió y si el resto de preguntas no lo contestó de forma adecuada”.
“Seguimos teniendo muchas dudas sobre qué pasó en la primera prueba y en saber cuál fue el régimen de custodia de las preguntas. No es una simple casualidad ni una anécdota que la hija de un conseller formara parte del tribunal o que incluso el presidente del tribunal fuera el mismo funcionario que está investigando Fiscalía por los contratos que se están adjudicando a un amigo de Carlos Mazón para manipular publicidad institucional”, ha manifestado Perles.
- Te recomendamos -
