VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS)
El Consell ha autorizado el inicio de trámites para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 2/2025, aprobado por el Gobierno central el pasado 18 de marzo, que establece criterios para redistribuir entre las comunidades autónomas a menores extranjeros no acompañados, ya que considera que “supone una clara injerencia en las competencias propias de la Comunitat Valenciana en materia de protección de menores sobre las que ostenta competencias exclusivas”.
El pleno del Consell de este martes ha acordado autorizar a la Abogacía General de la Generalitat a iniciar los trámites necesarios para interponer el recurso, según ha explicado la portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero en la rueda posterior al pleno.
El gobierno valenciano alega que la norma del Gobierno “vulnera competencias exclusivas de la Comunitat Valenciana en materia de asistencia social y protección de menores, según lo establecido en el artículo 148.1.20 de la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía”.
Camarero ha criticado que “el Gobierno establece de forma unilateral unos criterios que no han sido previamente debatidos, ni acordados, ni negociados con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial, lo que lleva a una clara imposición, conculcando los principios de autonomía financiera de las comunidades autónomas, de cooperación y de lealtad constitucional”. La vicepresidenta autonómica ha aseverado que “la injerencia competencial sufrida” además “redundará en detrimento de la calidad de la atención que estos menores requieren”.
En ese sentido, ha añadido que “el sistema de protección en nuestra comunidad sigue tensionado debido a la llegada constante de menores, siendo más de 900 los menores atendidos el pasado año”. Estos menores, ha explicado, entraron y salieron del sistema, por lo que de forma estable hay cerca de 490 menores atendidos a la vez en los recursos, en un sistema de atención que cuenta con 317 plazas.
“Contamos en este momento con una ocupación del 160% en nuestros recursos. Todo ello hace que nuestro sistema de protección no tenga capacidad para acoger a los menores que el Gobierno de la Nación pretende trasladar de forma irresponsable”, ha añadido. Camarero ha explicado además que ha trasladado la cifra de las 900 atenciones y de la ocupación al Gobierno central, en su requerimiento para que las CCAA informasen de cuántos niños podían acoger.
Camarero se ha referido a una “crisis migratoria” en la Comunitat Valenciana producida por la llegada de menores sin referente familiar a través de distintas vías, ya que su posicionamiento geográfico “facilita la entrada de estos menores en pateras”, otros llegan procedentes de comunidades vecinas y “otros llegan como mayores de edad a través de los programas de atención humanitaria, de la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, con entidades del tercer sector, pero que una vez en la península manifiestan que son personas menores de edad, pasando a ser atendidas a través del sistema de protección”.
“Llegan a través de los cupos de mayores que el gobierno está trasladando de Canarias sin hacerles la prueba de edad y ahí han aproximadamente entre 90 y 100 menores, porque no todos sabemos la procedencia de los mismos, de esos cupos que el Ministerio va trasladando, cupos de adultos entre los que se cuelan menores por no haberles hecho en Canarias la prueba de edad”, ha afirmado.
Todo ello, según la consellera, ha obligado a incrementar en 122 las plazas de atención residencial con más de 9 millones de euros. Ha destacado que las plazas a la atención de estos menores suponen un coste anual de 23 millones de euros, “de los cuales solo se reciben por parte del Gobierno de España 1,2 millones de euros del programa migratorio”.
ABOCAR AL “HACINAMIENTO”
La consellera ha reprochado que “establecer por parte del Gobierno central un reparto de menores no acompañados de manera unilateral, no consensuada en la conferencia sectorial, sin la previsión necesaria y sin la financiación que esto requiere supone un maltrato institucional hacia los menores que se verán abocados a una situación de hacinamiento, de falta de dignidad y, por lo tanto, de falta de humanidad, ya que no podremos garantizar la acogida, la protección y la atención que estos menores necesitan”.
Susana Camarero ha expresado la “solidaridad absoluta con Canarias”, pero la “preocupación máxima” por la situación de los centros valencianos, y ha afirmado que quiere “la máxima dignidad y calidad” para dar a los menores “el futuro que se merecen, por lo que no va a “permitir que se hacinen”.
Camarero ha señalado que este lunes se reunió con las entidades y que se concluyó que “el sistema de protección en la Comunitat valenciana tiene unos estándares superiores al resto de España” y “no hay posibilidad” de mantenerlos acogiendo a más niños, además de que “no hay ninguna plaza disponible” y se deberían “buscar centros nuevos”. La consellera se ha negado a habilitar “macrocentros” para los menores.
Además, ha detallado que el Ejecutivo central aporta 143 euros al día por menor, cuando el coste en la Comunitat Valenciana es de 218,85 euros por sus “estándares de calidad” y por el conevenio colectivo de los trabajadores que atienden a estos menores. En esta línea, acoger a más niños y elevar las ratios supondría tener menores no acompañados y trabajadores “de primera y de segunda”.
“MERCADEAR CON LOS NIÑOS”
Susana Camarero ha acusado al Gobierno central de “mercadear con los niños” y usarlos como “moneda de cambio” en su acuerdo con Junts. Ha criticado la aprobación de un reparto “absolutamente arbitrario, sin establecer criterios objetivos, sino criterios por colores políticos, sin financiación adecuada y sin negociación con las comunidades autónomas”. Un criterio en el que a Cataluña le corresponde un 0,62% de sus 40.000 menores, es decir, 30 menores”, frente a los casi 500 que “pretenden trasladar a la Comunidad Valenciana”, “el doble de lo que nosotros tenemos en este momento”. “Decimos no, porque no podemos gestionarlo”, ha asegurado.
Asimismo, la consellera cree que el real decreto ley es “un parche” para esta problemática y que “no hay una política migratoria por parte del Gobierno de España”. “¿Por qué no se ha desplegado Frontex y están las mafias campando a sus anchas en el archipiélago canario? ¿Por qué no se está trabajando con los países de origen?”, ha preguntado.
Además, la titular de Igualdad ha hablado de “un efecto llamada que lleva a que hoy se tengan que repartir 4.000 y, una vez que se repartan estos 4.000, podemos volver dentro de unos meses a tener que repartir otros 4.000”.
Asimismo, el Gobierno valenciano ha indicado que la utilización del Real Decreto- Ley es inadecuada según la doctrina del Tribunal Constitucional, ya que la regulación afecta derechos fundamentales que requieren ser abordados mediante una Ley Orgánica, garantizando así una protección adecuada de los menores migrantes.
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