La jueza centra la investigación la “palmaria ausencia de avisos a la población que no pudo tomar ninguna medida para protegerse”
VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud ha anunciado este miércoles que recurrirá el auto de la jueza que instruye la causa por lo ocurrido el día de las inundaciones del 29 de octubre con el objetivo de que incluya los daños por imprudencia grave junto con el resto de delitos que investiga: homicidios y lesiones por imprudencia.
Así lo ha indicado en un comunicado en el que señala que la entidad presentaba su querella por cinco delitos: homicidios, lesiones y daños imprudentes; prevaricación omisiva, y omisión del deber de socorro pero la instructora investiga los dos primeros asociados a una “actuación negligente” ya que considera que los daños materiales “no se podían evitar, las muertes sí”.
La jueza señala que la omisión del deber de socorro quedaría absorbida por la “actuación negligente que resultó en el fallecimiento y en las lesiones”– mientras que la prevaricación omisiva requeriría la condición de perjudicado tras la acreditación de la condición de lesionados.
En un auto del pasado lunes, la instructora requirió a la asociación para que identificara, de forma previa a la admisión a trámite de su querella, a aquellas personas de entre sus miembros que resultaron lesionadas, así como para que informara del tipo de lesiones sufrieron, la forma en que se produjeron y el tratamiento médico ulterior que recibieron tras una primera asistencia facultativa.
La jueza recordaba lo ya establecido en una resolución anterior, de fecha 11 de febrero, donde se recogía que la investigación penal en curso se ciñe a los fallecimientos y a las lesiones que requirieron tratamiento tras una primera asistencia facultativa, lo que no significa, señalaba, que no deban obtener una “oportuna reparación” los daños materiales provocados por la dana que “asoló” los pueblos y afectó a “centenares de miles” de personas, sino que no corresponde evaluarla a la jurisdicción penal ni a este proceso.
Sin embargo, para la entidad de damnificados, esta decisión deja a “decenas de afectados y afectadas en el camino” y sostiene que “un delito es un delito, y se debe investigar”.
“Entendemos que hay delitos más graves que otros, cuyas penas son mayores, y es la jueza quien debe valorar la gravedad de cada delito así como su sanción, pero no compartimos que decenas de nuestros asociados/as que lucharon por su vida esa noche, que quedaron atrapados en carreteras o domicilios, familias que fueron separadas, o personas que vieron sus negocios destrozados, no sean atendidos por la justicia al no tener un familiar fallecido o no haber sufrido una lesión física”, lamenta la asociación en el comunicado.
Por todo ello, ha anunciado que recurrirá la decisión y pedirá a la magistrada que “recapacite” y “nos ayude en este camino que hemos emprendido para obtener justicia para los damnificados por esta riada que tanto daño ha hecho en nuestra comarca”.
Según ha señalado el presidente de la entidad, Christian Lesaec, en declaraciones a Europa Press, no entienden la diferencia que establece, por ejemplo, “entre un daño de una persona que se tuerce el tobillo o una persona que pasa toda la noche atrapada, que tiene secuelas psíquicas que también son dañinas o incluso pueden ser peor””. “No negamos que unas han sufrido más que otras, pero no entendemos que unos entren y otros no”, señala Lesaec.
“PALMARIA AUSENCIA DE AVISOS”
En otra de las resoluciones del pasado lunes, la magistrada señala que “la evitabilidad del abrumador número de fallecimientos y el objeto de la investigación se ha de centrar en la palmaria ausencia de avisos a la población que no pudo tomar ninguna medida para protegerse”, que es un extremo sobre el que se han manifestado “reiteradamente” los familiares de las víctimas, mientras que considera que la tardanza en recibir ayuda las poblaciones afectadas o la descoordinación, se debe dilucidar en otros ámbitos: “en la jurisdicción contenciosa o en el político”.
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