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Illueca se compromete a establecer un precio máximo de alquiler en áreas con alta demanda y dedicar el 40% de la vivienda pública a la juventud

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ALICANTE, 24 (EUROPA PRESS)

El candidato de Unides Podem Esquerra Unida a la Presidencia de la Generalitat, Héctor Illueca, se ha comprometido a limitar el precio del alquiler en las zonas en las que el mercado está tensionado, cuando entre en vigor la aprobada Ley Estatal de la Vivienda, así como a destinar a los jóvenes el 40 por ciento del total de viviendas de titularidad pública.

Así se ha expresado este miércoles Illueca, durante un encuentro en Xàbia (Alicante) con candidatos y militantes locales, para hablar sobre las propuestas de la coalición en materia de vivienda, según ha indicado la formación política en un comunicado.

Illueca ha ensalzado que UP “ha establecido las bases de un sistema de vivienda público” en la Comunitat Valenciana que “ha logrado ser la guía y referente hacia una Ley Estatal de Vivienda”. “UP ha hecho los deberes y tiene un diagnóstico riguroso con un mapa claro de cuáles son las zonas de mercado tensionadas a lo largo y ancho de la geografía valenciana”, ha enfatizado.

De esta forma, se ha comprometido a que, “al día siguiente” de que entre en vigor la norma estatal, aplicarán “todos sus mecanismos” y limitarán el precio de los alquileres “mediante una intervención proporcionada para que la juventud pueda tener capacidad de emanciparse a un precio lógico y las familias valencianas más humildes no tengan que dedicar más de un tercio de sus salarios al pago de la vivienda”.

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En la misma línea, ha añadido que “ya no es posible hablar del derecho a la vivienda sin limitar los alojamientos turísticos”, que considera que son “una causa fundamental del encarecimiento de los alquileres”. Por ello, ha propuesto limitar las plazas de alojamientos turísticos al 2 por ciento del total de la población en las zonas tensionadas.

GRAN TENEDOR

Además, ha prometido poner un tope anual a las actualizaciones y subidas del precio de los alquileres para “evitar aumentos descontrolados” de las rentas y se ha comprometido a prohibir los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, al tiempo que “se rebajará la condición de gran tenedor a aquellos que posean 10 inmuebles y lo estableceremos para quienes tengan 5”.

Illueca también ha prometido destinar a las personas jóvenes el 40% del total de viviendas de titularidad pública que se incorporen al parque público en régimen de alquiler, así como a ampliar el parque público de vivienda en alquiler asequible.

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A este respecto, ha destacado que han planificado la construcción de 4.000 nuevas viviendas en régimen de alquiler para incorporar al parque público en el periodo 2023-2027, proceso que se iniciará con la construcción de 1.050 viviendas de protección pública y otros elementos dotacionales dedicados al alquiler, que serán gestionadas a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo.

AUMENTAR EL RITMO DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA

Paralelamente, ha prometido crear un marco de colaboración para la construcción y la promoción de 2.750 viviendas de protección pública, a través de la fórmula de cesión del usufructo de suelo público, y a promover 200 viviendas de protección pública en régimen de cooperativas de cesión de uso.

También se ha comprometido a incrementar el ritmo de adquisición de vivienda para ponerla a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler asequible, “a través de los instrumentos legales habilitados durante la pasada legislatura”, como el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, “fórmula con la prevé un nivel de compra de 600 viviendas anuales”.

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Además, ha apostado por ampliar la capacidad de la Generalitat para adquirir viviendas en el mercado libre “por razones de emergencia acreditada” donde haya una necesidad de vivienda, “medida con la que se adquirirán 400 viviendas anuales”.

ACOSO INMOBILIARIO

Illueca ha puesto en valor el decreto contra el acoso inmobiliario, con el que considera que tienen “las herramientas para luchar contra el hostigamiento inmobiliario”. A este respecto, ha resaltado que dotarán de recursos a un cuerpo inspector en materia de vivienda, que se encargue de la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente, con multas de hasta 950.000 euros.

“Hemos multado a cinco grandes tenedores por no sacar al mercado 57 viviendas que mantenían deshabitadas. Este será el nivel de contundencia para que, de ahora en adelante, se corrija el comportamiento antisocial y especulativo en nuestra tierra”, ha afirmado.

Por otro lado, la coalición ha propuesto la inhabilitación, de manera indefinida, de los procedimientos de desahucio de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en alquileres asequibles, propiedad de la SAREB y sin alternativa residencial y ampliar la Xarxa Lloga’m.


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