Afea al Consell que “traslade y sugiera que no ha existido coordinación” entre ambas administraciones: “Conoce los datos”
VALÈNCIA, 21 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Hacienda ha defendido que desde “el primer momento” ha mantenido una “interlocución fluida” con la Generalitat Valenciana y con el resto de las administraciones afectadas con el fin de recabar “los datos necesarios” para llevar a cabo la solicitud de acceso al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea a raíz de los daños causados por la dana el pasado 29 de octubre.
De este modo, el departamento que lidera María Jesús Montero ha negado que la solicitud de este fondo se haya realizado “sin el conocimiento” del Gobierno valenciano. “Los datos incluidos en la solicitud que hacen referencia a la Generalitat han sido las remitidas por la propia administración autonómica”, ha sostenido el Ministerio en un comunicado.
Por esta razón, ha manifestado no entender que la Generalitat “traslade y sugiera que no ha existido coordinación” cuando los centros directivos de ambas administraciones “han mantenido una comunicación constante para concluir con éxito todos los trámites” para acceder al Fondo de Solidaridad.
De este modo ha reaccionado el Ministerio a las palabras de la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, que ha censurado este martes la “opacidad” del Gobierno de España respecto a la solicitud del Fondo de Solidaridad. “No nos ha trasladado ese desglose de esta petición”, ha incidido.
En esta misma línea, el ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, ha criticado que el Gobierno de España no haya “trasladado ni coordinado” al Consell la petición de acogerse al Fondo de Solidaridad. “Hay niveles de coordinación evidentemente mejorables”, ha reprochado.
LA GENERALITAT “CONOCE LOS DATOS”
Tras estas declaraciones, el Ministerio de Hacienda asegura que ha incluido en la documentación remitida a la Comisión Europea para acogerse al Fondo de Solidaridad la estimación de daños y gastos presentada por el Consell, por lo que la Generalitat “conoce los datos”.
Además, explica que el Ministerio es “el órgano encargado en España de solicitar esta ayuda”, así como, una vez concedida, “responsabilizarse de su gestión, verificación y control”. “No se trata de una función compartida, sino que, por indicación reglamentaria, cada Estado miembro designa una autoridad nacional responsable”, expone.
En esta línea, y para el “correcto ejercicio” de esa responsabilidad, señala que todas las administraciones públicas implicadas “deben colaborar” con el Ministerio y “facilitar toda la información requerida, como así ha sido en todos los casos”, asegura, al tiempo que precisa que la estimación presentada por la Generalitat “se complementa” con la realizada por la Administración General del Estado y la recabada por las entidades locales afectadas.
Por tanto, sostiene que la cuantificación del importe susceptible de ser financiado por el fondo es “fruto del proceso técnico de acopio de información, depuración de datos y verificación de su elegibilidad”. “El beneficiario de la ayuda que finalmente asigne la Comisión Europea no será únicamente la Generalitat, sino que podrán serlo el resto de las administraciones que hayan incurrido en gasto elegible”, recalcado.
En este momento, indica que el expediente de ayuda del Fondo de Solidaridad será ahora evaluado por la Comisión Europea y solicitará “las aclaraciones correspondientes” al Ministerio de Hacienda. En caso de que estas aclaraciones afecten a los daños y gastos estimados por la Generalitat, precisa que se les solicitará “la oportuna aclaración”.
CRONOLOGÍA DE LOS CONTACTOS CON LA GENERALITAT
Por otro lado, el Ministerio detalla una cronología de los “intercambios de comunicación” con la Generalitat relativos a recabar los datos necesarios para la solicitud de este fondo. El primer contacto se produce el 30 de octubre de 2024, el día después de la dana, cuando la responsable de Fondos Europeos de la Generalitat habló por teléfono con el secretario general de Desarrollo Urbano del Ministerio de Hacienda. A partir de esa llamada, “se pusieron en marcha los trabajos” para preparar la solicitud.
Asimismo, ese mismo día se facilitó a la Generalitat “toda la documentación necesaria” para que preparara su estimación de daños y gastos elegibles y durante los siguientes días “se fueron resolviendo telefónicamente las dudas planteadas”.
Días después, el 4 de noviembre, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicó oficialmente a la Comisión Europea “la voluntad de España de acogerse al Fondo de Solidaridad”.
El día 27 de ese mes, representantes del Ministerio y de la Secretaría General de Fondos Europeos celebraron una reunión técnica con la responsable de fondos de la Generalitat, en la que se plantearon “varias dudas técnicas” sobre elegibilidad y se pidió por parte de la Generalitat estar informados del avance en la tramitación de la solicitud.
En diciembre, el día 5 la Generalitat presentó su estimación, con un gasto elegible de 1.357 millones de euros, y el 10 tuvo lugar una reunión centrada en explorar “todas las opciones que ofrecían los fondos europeos para paliar la catástrofe”. Tras analizar la documentación enviada el 5 de diciembre, el 18 de ese mes desde el Ministerio de Hacienda se solicitaron “aclaraciones técnicas y mayor detalle” respecto a la identificación de los daños.
Posteriormente, el 20 de diciembre tuvo lugar otra reunión entre la secretaria general de Fondos Europeos y el secretario autonómico de Economía y los respectivos equipos técnicos, en la que se abordaron “múltiples aspectos” sobre las diferentes fuentes de financiación europea. El 23 de diciembre, la Generalitat respondió “aclarando las cuestiones planteadas” el 18 de diciembre y el día 26 la Generalitat “completó su estimación con datos adicionales”.
Ya en enero, el subdirector general de Desarrollo Urbano, tras una conversación telefónica, pidió una “aclaración” a la responsable de fondos de la Generalitat sobre “el carácter asegurable o no de determinados daños” y el mismo 15 de enero la Generalitat “aclaró las dudas”.
RELACIÓN “FLUIDA Y FRUCTÍFERA”
Según incide el Ministerio, esta cronología refleja la existencia de una relación “fluida y fructífera” entre las distintas administraciones, algo “fundamental para una gestión eficiente que permita combatir con éxito los efectos de la dana”.
En cuanto al Fondo de Solidaridad, su reglamento establece que los Estados miembros podrán adherirse a él, considerando la catástrofe de naturaleza grave, cuando los daños derivados superen el 0,6 por ciento de la Renta Nacional Bruta o 3.000 millones de euros.
Al respecto, desde el Ministerio subrayan que la documentación remitida por el Ministerio de Hacienda “refleja que España cumple esta condición” y apuntan que la documentación remitida este lunes contempla “el detalle” de los gastos que cumplen los requisitos para ser financiados y que ascienden a 4.404 millones de euros. Una cifra que “podría sufrir variaciones a la baja” en el caso de que algunos de los gastos elegibles reciban financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Una vez remitida toda la información, según Hacienda, se inicia un proceso en el que la Comisión Europea “analizará y evaluará la documentación y finalmente asignará el importe de la ayuda que le corresponde a España”.
En cualquier caso, admite que todo este proceso es “relativamente largo” y puede durar “varios meses” y avanza que el importe asignado a España “será necesariamente inferior a los gastos elegibles comunicados, que superan el presupuesto total destinado a la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia, que alcanza los 1.500 millones”.
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