VALÈNCIA, 7 (EUROPA PRESS)
La vicealcaldesa de València y candidata a la Alcaldía por el PSPV-PSOE, Sandra Gómez, ha reclamado que las administraciones tengan en cuenta las prioridades “de toda la ciudadanía”, como son el acceso a la vivienda y los servicios públicos, frente a proyectos “muy costosos que benefician a unos pocos y perjudican a varios barrios”. De hecho, ha abogado por hacer un “gran parque público de vivienda” con los 50 millones que un estudio encargado por Movilidad Urbana contempla para la conexión Horta-Ciudad en Benimaclet al verlo viable.
Así se ha manifestado a preguntas de los periodistas sobre este estudio para soterrar parte de la ronda norte a su paso por Benimaclet y que fija el coste de la infraestructura en 50 millones de euros. “Hay que poner las cifras en contexto porque soterrar, por ejemplo, las vías del Grao costaría 80 millones de euros. Debemos tener muy claras cuáles son las prioridades de la ciudad y con 50 millones podríamos estar hablando de un parque de vivienda pública muy interesante y de servicios públicos de calidad para el barrio de Benimaclet”, ha manifestado.
Gómez ha recalcado, además, que los beneficios de esta infraestructura “sólo afectarían a una pequeña parte de la ronda a su paso de Benimaclet” mientras que los “perjuicios” se trasladarían a los barrios colindantes de Orriols y Torrefiel “porque el informe habla de una rampa de salida de 260 metros”.
“INCOHERENCIA”
A su juicio, hay una incoherencia entre lo que defiende en este caso el servicio de Movilidad para Benimaclet y lo que hemos defendido para Pérez Galdós, donde vamos a tapar el túnel por la incuestionable contaminación ambiental y acústica que sufren los vecinos y vecinas que viven de cara a la rampa de salida de ese túnel”.
La vicealcaldesa ha defendido una opción “más integral” para las personas de todos los barrios que conviven con las rondas. “No puedo compartir que para que unos pocos vecinos de Benimaclet puedan tener un mirada a la huerta, todos los vecinos de Torrefiel y de Orriols tengan que vivir con la contaminación que supone el soterramiento de la ronda”, ha dicho.
O que “para que unos pocos puedan permeabilizar la ronda se establezca una barrera infranqueable que niegue para siempre esta posibilidad para los barrios colindantes, e incluso para el propio barrio, ya que las rampas también afectarían a la zona del Espai verd. Yo apuesto por algo que sea mucho más integral. Como vicealcaldesa, creo que tiene que haber una solución integral e igual para todos los barrios”, ha mantenido.
Para Gómez, “no se puede entender que se dediquen 50 millones a un barrio y cero al de al lado o incluso trasladar una externalidad negativa tan importante a los barrios colindantes. Entiendo que tiene que haber una solución integral para todos y dedicar ese dinero en minimizar y amortiguar el impacto de la ronda, pero no sólo en la ronda norte sino también en la ronda sur. Por eso, apuesto para hacer un estudio integral de permeabilización de las rondas con todos los barrios de la ciudad de València. Me parece que es la solución más equilibrada, más justa y también la más razonable para la ciudad”, ha defendido.
CARGAS URBANÍSTICAS
Por otra parte, Gómez también ha incidido en que trasladar los 50 millones del soterramiento como cargas urbanísticas del PAI de Benimaclet se traduciría en una “pérdida de dotaciones para el barrio”. “Quiero hacer una reflexión al respecto para que todo el mundo lo entienda: que sea una carga urbanística no quiere decir que lo paga el constructor y ya está. Ese coste que se añade como carga urbanística va a costa de quitar servicios públicos que, en principio, preveía el PAI”, ha apuntado.
En esta línea, ha insistido en que “soterrar la ronda que tan sólo pasa por un barrio en concreto para que unos poquitos vecinos tengan vistas a la huerta va a suponer que el resto de vecinos y vecinas del barrio Benimaclet se queden sin servicios públicos tan importantes como colegios, escoletes municipales, centros y recursos culturales, un parque, un espacio cívico o un polideportivo, dotaciones públicas que estaban contempladas en el PAI”.
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