Un técnico de Imelsa y denunciante de Alquería dice que se enteró de los ‘zombies’ “por la prensa” y que supo que los contrataba Benavent
VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, se ha desentendido de los ‘zombies’ en la antigua Imelsa, empresa pública en la que ocupó el puesto de consejero delegado durante un año, en 2012. Ha explicado que en esa época se hablaba de asesores pero él no contrató ni firmó a ninguno. Sin embargo, cuando estalló el caso Imelsa y al revisar documentación se enteró, para “sorpresa” suya, que tenía asignados cuatro asesores hasta 2014 “sin saberlo” y cuando ya no era ni consejero en la mercantil.
Gaspar ha tenido que acudir este viernes a declarar a los juzgados, en calidad de testigo, por las piezas B y F del caso Imelsa, que suma 25 acusados, entre ellos el expresidente de la Diputación y del PP Alfonso Rus –quien también fue alcalde de Xàtiva (Valencia), el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio y el exgerente de Imelsa y autodenominado ‘yonki del dinero’ Marcos Benavent.
Gaspar, testigo propuesto por el ministerio fiscal, ha manifestado que pasó a ser consejero de Imelsa cuando se le nombró portavoz del grupo socialista en la Diputación: “Existía una norma no escrita que decía que el portavoz tenía que ser el consejero de Divalterra”, ha señalado.
Preguntado por si por su cargo de consejero le ofrecieron tener asesores, ha dicho que “se hablaba de asesores” pero no ha sabido diferenciar entre Diputación e Imelsa. “Se hablaba siempre de asesores en general, no hubo distinción. Pero a mí nadie vino a ofrecerme nada de asesores en Imelsa”, ha manifestado.
Así, Gaspar, quien ha puntualizado que por su cargo como consejero se reunían unas dos veces al año en el Consejo de Administración, ha insistido en que él no nombró a ningún asesor en Imelsa, ni firmó ni buscó “ni nada de nada”, ha afirmado.
“Nunca nombré a ningún asesor y en 2014 tengo asignados, para sorpresa mía, cuatro asesores, cuando ya no era ni miembro del Consejo de Administración porque me habían cesado”, ha relatado, y ha repetido que se enteró de estos asesores tras estallar el procedimiento y revisar documentación. “Lo sé por los acontecimientos”, ha dicho. Así, desconocía que Francisco Cañizares, uno de los acusados en el procedimiento que será juzgado en una pieza distinta, le fue asignado como asesor.
Gaspar ha explicado que Imelsa era un brazo de la Administración y no tenía los mismo controles que la Diputación. También ha remarcado que los consejeros no eran consejeros como en la empresa privada: “Los portavoces teníamos que ir ahí de consejeros no porque quisiéramos”, ha repetido.
Gaspar ha expuesto que cuando entró como presidente de la Diputación no había asesores: “Habían pasado tantísimas cosas… Entré a raíz del cese o dimisión de un presidente –Jorge Rodríguez– en un momento en el que se ponían en tela de juicio los contratos de alta de dirección”.
“Entré –ha agregado– y directamente lo que hacemos es buscar una solución para que la empresa vuelva a lo público. El principal problema que teníamos era el concepto de que éramos privados. Y a partir de ahí es cuando se abre un agujero en Imelsa y había que devolver a la empresa y Divalterra al sector público. Todavía estamos recuperando activos pero la empresa ya está disuelta”, ha manifestado.
“LO ORDENABA EL GERENTE”
Por otro lado, en esta jornada ha declarado, también como testigo, José Luis Pellicer, uno de los denunciantes del caso Alquería y técnico del departamento jurídico de Divalterra, quien ha aseverado que llegó a Imelsa a finales de 2013 y trabajó como técnico en el área jurídica, sin competencia en materia de personal.
Ha señalado que se enteró “por la prensa” en 2015 de que había personal contratado en la empresa pública que cobraba y no iba a trabajar. Tras ello, ha aseverado que le llamó a su despacho la exdirectora de Formación y Gestión de Personas de Imelsa, María Escrihuela, y le dijo que “efectivamente” había trabajadores que no acudían a la empresa, que no tenían funciones, no fichaban y no tenían trabajo.
“Me dijo –ha añadido– que eran asesores de personal eventual. Para mí fue algo nuevo. También me dijo que las contrataciones las ordenaba el gerente, Marcos Benavent”, a lo que le respondió –según ha reproducido– que la empresa no podía tener asesores. “No recuerdo qué me contesto”, ha aseverado. Sin embargo, Escrihuela, en su declaración en el juicio, aseguró que no detectó que en Imelsa hubiera trabajadores que no trabajaban: “Si me lo hubieran comentado, hubiera abandonado mi puesto de trabajo”, declaró.
En relación con el contrato del call center de Imelsa, del que se encargaba Escrihuela, el testigo ha indicado que la acusada le comentó que había irregularidades y que se planteaba denunciar ante la Fiscalía. “Me quedé sorprendido y le dije que si lo tenía claro, que adelante”, ha señalado.
Por otro lado, este viernes también ha comparecido como testigo en el juicio José Luis Castellote, otro denunciante de Alquería, que ha indicado que se incorporó a Imelsa en 2013 y que uno de los temas que se propuso en ese momento fue mejorar los sistemas de control en la empresa.
Ha explicado que los controles que estableció en el departamento financiero fueron apoyados por Benavent pero también generaron algún “marrullo” por parte de recursos humanos. En estos controles, ha explicado que se encontraron tickets que mostraban que el exgerente –no Benavent– se gastaba dinero de la empresa en copas, 200 euros”, ha puesto como ejemplo.
SIN PROCEDIMIENTO NI RELACIÓN DE PUESTOS
Otro de los testigos que ha comparecido este viernes en el juicio fue director de Recursos Humanos de Imelsa, entidad a la que llegó en noviembre de 2015 para suceder a María Escrihuela –Benavent ya había abandonado la mercantil–.
Ha indicado que cuando llegó a la empresa no existía un procedimiento de mérito y capacidad para efectuar las contrataciones, con lo que tuvo que confeccionarlo y se puso en marcha a principios de 2016. Además, en ese momento tampoco había una relación de puestos de trabajo, algo que era “imprescindible y exigido por ley”, con lo que tuvieron que hacerla.
En relación con la productividad del personal, el testigo ha señalado que cuando llegó a la empresa ya habían eliminado esa productividad y, en cualquier caso, ha apuntado que la misma debe tener siempre un soporte documentación sobre la evaluación y la cantidad a retribuir.
Preguntado por si es normal cobrar una retribución variables todos los meses, el testigo ha dicho que “no”: “Llevo 30 años en recursos humanos y nunca he visto una retribución variable mensual”. Interpelado por los asesores, ha aseverado que cuando llegó ya no había: “Entiendo que dejarían de contratarlos porque no era correcto”, ha apostillado.
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