Lamentan los agravios a personas migrantes durante la dana
VALÈNCIA, 21 (EUROPA PRESS)
Organizaciones sociales de la Comunitat Valenciana expresan su condena a las “insinuaciones racistas” del ‘president ‘de la Generalitat, Carlos Mazón, y piden una rectificación y que Fiscalía que actúe de oficio “ante discursos que puedan constituir delitos de odio”.
En un manifiesto con motivo del Día Internacional contra el Racismo, más de 40 entidades valencianas muestran su rotundo rechazo a las declaraciones de Mazón del pasado lunes, cuando anunció su acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2025. El jefe del Consell y líder del PPCV dijo en Les Corts que la Comunitat Valenciana, “como otras comunidades, tiene un problema con la inmigración ilegal”, y puso el foco en las “mafias que aprovechan para hacer negocio a costa de generar una evidente inquietud social”.
Las organizaciones denuncian que “Mazón estigmatizara y criminalizara a las personas migrantes al hacerse eco de los bulos de la extrema derecha que les acusaba de cometer delitos en el contexto de la dana”. A su juicio, estas manifestaciones “adquieren una especial gravedad cuando se realizan en el marco de un discurso institucional”.
Por el contrario, en el manifiesto detallan hechos ocurridos durante la dana en el que las victimas fueron personas migrantes o gitanas, colectivos que “sufrieron todo tipo de discursos de odio en las redes sociales, exclusión en las ayudas y en el reparto de alimentos, despidos improcedentes…”.
Además, se reportaron “múltiples paradas policiales por perfil racial en las zonas afectadas, en contra principalmente de personas magrebís y negras, con el supuesto objetivo de prevenir posibles pillajes, lo que contribuyó a su criminalización social”.
“Los controles policiales basados en criterios raciales o étnicos es una de las manifestaciones del racismo institucionalizado; un problema endémico que es sistemáticamente negado en el Estado español”, denuncian las organizaciones.
Esta práctica, advierten, afecta a la salud física y emocional de las personas que la sufren, limita sus libertades y derechos humanos e impacta en toda la sociedad, que “ve cómo una parte importante de sus vecinas y vecinos son a diario criminalizados y estigmatizados”.
Para las entidades, “el racismo en nuestro país es estructural y se manifiesta en todos los espacios de la vida”: “Las consecuencias de este racismo son las discriminaciones constantes que la población migrante, el pueblo gitano, las personas negras y las musulmanas padecen en el trabajo, en el acceso a la vivienda, a la educación, a la sanidad, al padrón… Y son privadas de libertad por no tener permiso de residencia en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE)”.
En paralelo, denuncian la situación de las trabajadoras del hogar y los cuidados, cuyo Día Internacional se conmemora el próximo 30 de marzo: “La mayoría de ellas son mujeres migrantes, que a menudo sufren explotación, agresiones racistas y son despedidas sin ninguna garantía laboral. Una de cada tres vive bajo el umbral de la pobreza y una de cada seis en pobreza extrema”.
PETICIONES
Por todo ello, las organizaciones piden la regularización de todas las personas migrantes afectadas por la dana, aceptando pruebas alternativas de residencia al empadronamiento, y la aprobación de la iniciativa legislativa popular (ILP) de Reguralización Ya. También solicitan la atención prioritaria de las personas que viven en situación de chabolismo o infravivienda, junto a la realización de campañas de sensibilización frente a los bulos y los discursos de odio.
Otra de sus peticiones es “el reconocimiento del racismo y sus múltiples manifestaciones estructurales e institucionales por parte de administraciones públicas, autoridades políticas y fuerzas y cuerpos de seguridad”. En particular, subrayan, de “la existencia de perfilación racial y étnica en paradas e identificaciones policiales, prácticas que deben prohibirse por ley orgánica”.
Y reclaman la derogación de la Ley de Extranjería y de la Ley Mordaza, así como el cierre de los CIE. Exigen al Ministerio de Justicia que ordene a los registros civiles la inscripción con nacionalidad española de las niñas y niños nacidos en Valencia, independientemente de la situación administrativa de sus progenitores. Por último, piden unas condiciones laborales dignas para las trabajadoras del hogar y los cuidados.
Suscriben el manifiesto: ACOEC, AIPHyC, Amnistía Internacional, Aquarius Supervivientes, ASOL, BDS-PV, Asoc. “Bombers Fénix”, Camuma, Candombe, Casa Camerún, Casa Marruecos, Casa Perú, CEAR-PV, CEDSALA, CESÁfrica, CGT, CIM Burkina, CCOO-PV, Asoc. “Cumpliendo Sueños”, Entreiguales, Espai Obert Marítim, Federación Unión Africana, HOAC, Intersindical Solidària, Intersindical Valenciana, Jovesolides, Médicos del Mundo, Mesa de Entidades de Solidaridad con las Personas Migrantes, Plataforma Movilízate, Mujeres Voces y Resistencias, Obrim Fronteres, Por ti Mujer, Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras, Regularización Ya, SJM, Terra de Acogida, As. Tu Puerta Amiga, Uhuru, València Acull, València és Refugi, Voces por Palestina.
- Te recomendamos -
