VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las entidades CEAP, Aerte, y ocho asociaciones de familiares de personas afectadas de alzheimer contra el Decreto 27/2023, de 10 de marzo, del Consell, que regula la tipología y funcionamiento de centros, servicios y programas de servicios sociales al entender que está ajustada a derecho.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV da así la razón a la Generalitat y a las cuatro partes codemandadas, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castellon y de Valencia y los sindicatos UGT y CCOO.
Se trata del segunda desestimación del alto tribunal contra el decreto de tipología de centros aprobado por el Consell del Botànic tras la resolución dictada el pasado enero en relación al recurso presentado por la Asociación Empresarial Valenciana de Servicios a la Dependencia (Avadese) contra esta misma regulación.
Los demandantes solicitaban la nulidad total del decreto o, subsidiariamente la anulabilidad, del decreto por “la inseguridad jurídica creada con respecto a las autorizaciones de funcionamiento definitivas de los centros, la forma del cálculo de la ratio de personal, la exigencia de mayores requisitos académicos de las personas que ejercen la dirección de los centros”, así como por la exclusión de los centros públicos propios de la Generalitat de su cumplimiento, entre otros.
Asimismo, alegaban que quedaba “demostrada la falta de transparencia de la Administración demandada con el Consejo Económico y Social (CES) y con el Consell Jurídic Consultiu (CJC), a los que “no aportó la documentación preceptiva” y que “además se ha acreditado sobradamente la inexactitud e insuficiencia de la memoria económica, con el incremento presupuestario en 2024 sobre las previsiones hechas, cuantificado en 58.000.000 euros con un exceso de 23.987.549 euros”.
Además, indicaban que al “no constar una partida para la mejora de las prestaciones vinculadas al servicio”, no podía ponerse en marcha la aplicación del Decreto impugnado, “puesto que abandona a los beneficiarios de dichas ayudas a la dependencia y a los centros no colaboradores que sí que tendrán que financiar dicha implantación en los plazos que constan” y a los usuarios de estos últimos, “a los que se crea la incertidumbre de no saber si las ayudas serán suficientes como para mantenerse en la misma plaza”.
Sin embargo, el TSJCV señala que finalmente sí obtuvo un informe favorable de memoria económica y fue “ampliamente participado y debatido” durante toda la tramitación previa a la solicitud de dictamen a esta institución.
Asimismo, sobre los reproches de legalidad, da la razón a la Generalitat al entender que la Administración valenciana “queda facultada para establecer los requisitos en orden a garantizar la protección de los derechos de las personas usuarias, como para exigir que tales condiciones sean cumplidas no solo por quienes desde el inicio cumplieron con unos requisitos más cualificados para acceder al sistema público de financiación, sino también para aquellos que, sin incluirse en este, obtienen beneficios por la gestión de actividades y servicio”.
Además, en cuanto a la diferencia de trato que denuncia la demanda respecto a los requisitos exigidos a centros colaboradores y no colaboradores, señala que “la no exigencia de un plazo más breve para la adaptación a los nuevos requisitos del decreto se basa en el más estricto principio de seguridad jurídica; principio que precisamente también justifica un trato diferente” y en cuanto al régimen transitorio considera asimismo que “no se vulneran los principios de irretroactividad de las disposiciones y actos restrictivos de derechos individuales” y considera que “tampoco se vulneran los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y confianza legítima”.
La actual Conselleria de Servicios Sociales que dirige Susana Camarero aprobó una primera modificación parcial, de seis de las 23 disposiciones transitorias de la norma para amplíar los plazos que daba el decreto y la ley de Simplificación Administrativa aprobada por Les Corts autorizó la construcción de centros residenciales con capacidad de hasta 150 plazas, organizados en unidades convivenciales que no superen las 25 personas, así como incrementar el personal auxiliar en un 32% para 2025 y un 45,5% para 2026, mejorando la atención sin aumentar costos significativamente.
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