Compromís cree que la decisión demuestra “la persecución puramente ideológica” que había llevado a cabo el equipo de Catalá
VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)
La sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de València contra la decisión del juzgado de lo Contencioso Administrativo nº7 de suspender como medida cautelar el cese del director de museos de Cultura Festiva del consistorio, Gil Manuel Hernández, tras haber suprimido ese puesto de trabajo, y, de esta manera, avala su readmisión.
El Ayuntamiento había recurrido la decisión del juzgado, que había adoptado el acuerdo tras haber estimado la medida cautelar solicitada por Hernández contra su cese al dejar de existir su cargo en el Servicio de Fiestas y Tradiciones.
Ahora, el TSJCV, en una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, avala la decisión del juzgado y argumenta que la misma “atiende a los perjuicios que causa” a Hernández “la ejecución del cese en su puesto de trabajo sin opción de reincorporación a la plaza de la que era titular”.
De esta manera, considera que el “perjuicio” para el hasta entonces director de museos de Cultura Festiva “resulta evidente al tratarse de un funcionario de carrera que, en virtud de un proceso selectivo, accede a otra administración y, consecuencia de la reorganizacion orgánica y modificación de plantilla, es cesado del puesto de trabajo que venía ocupando desde 2017 tras superar el proceso selectivo correspondiente”.
Todo ello, además, “al tiempo que se niega su reincorporación a la plaza en la Universitat de València de la que era titular por no existir vacante y no existir reserva de puesto de trabajo”. Por ello, insiste, “los perjuicios económicos son innegables al verse privado de toda fuente de ingresos”. Asimismo, la Sala acepta la argumentación contenida en el auto del juzgado y rechaza la “falta de motivación” del mismo alegada por el Ayuntamiento.
En la sentencia, que no es firme y contra la que cabe recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo, la Sala también verifica la condena en costas al apelante con el límite de 800 euros.
El Ayuntamiento acordó suprimir el puesto de trabajo de la jefatura de sección TD adscrita a la sección de museos de Cultura Festiva al desaparecer del Servicio de Fiestas y Tradiciones mediante su transformación en un empleo de personal técnico superior A.E. “por no ser necesario en la sección que la sustituye el citado puesto sino el perfil profesional de un técnico de administración general”.
Según expuso el Ayuntamiento, se procedió a “la remoción de Gil Manuel Hernández en el puesto de trabajo” citado inicialmente al quedar suprimido y se determinó “su consiguiente cese en esta corporación” municipal.
Igualmente, relató que el consistorio justificaba también esta última medida “por no ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de València y no existir en la actualidad otro puesto de trabajo a proveer por concurso que exija la plaza de profesor titular” de la “Universidad de València que ostenta, abierto a personal de otras administraciones”.
PARA COMPROMÍS “DESMONTA LOS ARGUMENTOS INTRASCENDENTES”
Tras tener conocimiento de la resolución del TSJCV, el concejal de Compromís Ferran Puchades, en declaraciones remitidas a los medios, ha considerado que la sentencia pone de manifiesto “la actitud sectaria de persecución puramente ideológica que hay detrás de la supresión del puesto de trabajo y expulsión de la administración pública municipal” de Gil Manuel Hernández.
Para el edil, esta resolución “desmonta los argumentos intrascendentes que el gobierno municipal”, integrado por el PP y Vox y liderado por María José Catalá, “había alegado contra el acuerdo de reposición en su puesto de trabajo y deja bien claro que existe un interés legítimo del trabajador y que ha quedado en una situación de vulnerabilidad, sin trabajo ni salario”.
Ante esta situación, Puchades ha instado a la alcaldesa a “cumplir de manera inmediata” la sentencia “sin hacer más trampas” y le ha exigido “que abandone su actitud obstruccionista y ejecute la resolución judicial sin más dilación”.
Para Compromís, el desarrollo de este procedimiento judicial “está dejando de manera clara y diáfana que, detrás de la maniobra para amortizar su puesto de trabajo, solo hay una voluntad de venganza, de estigmatización y persecución hasta expulsarlo de su puesto de trabajo”, lo que demuestra su “carácter sectario y doctrinario”.
- Te recomendamos -
