VALÈNCIA, 4 (EUROPA PRESS)
El Síndic de Greuges ha emitido una resolución de inicio de investigación relativa a la modificación parcial del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de València, al considerar que “podría afectar al derecho de acceso a la información pública y al derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos” de los concejales.
De esta manera, admite a trámite una queja presentada por de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, y da un mes de plazo a la corporación municipal para que remita “un informe detallado y razonado” que incluya “la posible afectación” de estos derechos por la nueva norma que rige el pleno municipal.
El Síndic, en una resolución fechada a 1 de agosto y consultada por Europa Press, reabre así un procedimiento por el cual ya estimó en su día una queja de Catalá y dictó una resolución, el 15 de julio del año pasado, en la que recomendaba al Ayuntamiento que “se aplique la regulación de las preguntas prevista en el Reglamento Orgánico del Pleno de la forma más favorable al ejercicio del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos (artículo 23.1 de la Constitución Española), con la finalidad de potenciar este procedimiento de control y transparencia y mejorar su funcionamiento práctico para evitar las disfuncionalidades detectadas”.
Según recoge la nueva queja de la portavoz del PP, el Ayuntamiento, en respuesta a ese dictamen, “se comprometió a aceptar la recomendación y a modificar” el Reglamento Orgánico del Pleno “en atención a las consideraciones de la recomendación” del Síndic y a la mejora del ejercicio de los derechos de los miembros del pleno”.
No obstante, Catalá denuncia en su nuevo escrito que el 20 de enero de 2022, la Alcaldía aprobó el proyecto de modificación parcial del Reglamento Orgánico del Pleno, que entre otros cambios limita a cinco el número de preguntas por concejal al Pleno; limita el número de interrogantes sobre un asunto a uno solo y además de forma “escueta y estricta”; impide volver a preguntar sobre un mismo asunto hasta transcurrir al menos seis meses; suprime las cinco preguntas adicionales por Grupo Municipal al Pleno acordadas en la Juntade Portavoces de 2019; limita a tres el número de preguntas por concejal a Comisión Informativa; limita a dos el número de mociones por grupo municipal a Comisión Informativa y prohíbe registrar preguntas o mociones a los concejales que no pertenezcan a una Comisión Informativa.
Las enmiendas de los grupos a la modificación del reglamento no salieron adelante y la reforma se aprobó el 13 de julio de 2022.
El PP, en su queja, considera que la modificación del reglamento “resulta diametralmente opuesta al espíritu y a la letra de la recomendación efectuada por el Síndic de Greuges que la Alcaldíamanifestó formalmente aceptar, alejándose completamente de los objetivos del vigente Reglamento de Gobierno Abierto que señalaba la recomendación del Síndic y supone un ataque sin precedentes en esta ciudad a los derechos fundamentales de los representantes de losciudadanos y al derecho a la información también de los vecinos, así como de los medios de comunicación”.
Por tanto, Catalá solicitaba al Síndic de Greuges la reapertura de la queja, “de forma que la Alcaldía informe inequívocamente al Sindic de Greuges los motivos por los que ha rechazado cumplir con larecomendación aceptada de 15 de julio de 2021, así como los motivos por los que ha aprobado una modificación en sentido opuesto al recomendado”.
Ante los hechos descritos por la dirigente del PP, el Síndic de Greuges considera que “se deduce que la actuación del Ayuntamiento de València podría afectar al derecho de acceso a la información pública y al derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos de la persona promotora del expediente, lo que faculta al Síndic de Greugespara intervenir en el presente supuesto”.
Así, en una resolución de inicio de investigación, admite a trámite la queja de Catalá y resuelve la apertura del procedimiento de queja. Solicita además al Ayuntamiento de València “un informe detallado y razonado sobre los hechos que han motivado la apertura del presente procedimiento de queja, junto con su valoración sobre la posible afectación al derecho invocado, a cuyo efecto la ley del Síndic concede un mes de plazo”. En particular, pide al consistorio que informe sobre las concretas medidas adoptadas en cumplimiento de su anterior resolución.
Tras conocer la resolución, la portavoz del PP, en un comunicado, ha aseverado que ese trata de “un nuevo varapalo a Compromís y PSPV que durante sus dos mandatos han recibido numerosos toques de atención del Síndic de Greuges y numerosas resoluciones demoledoras de la Agencia Antifraude”. “Los que venían a dar lecciones de transparencia y buen gobierno han sido un auténtico fiasco porque pasaran a la historia por limitar la fiscalización de la oposición”, ha apostillado.
Para María José Catalá, el reglamento “mordaza” impulsado por el gobierno municipal fue una “cacicada de Compromís y el PSOE” que “tergiversaron” una resolución del Síndic donde les pedía “potenciar el procedimiento de control y transparencia” pero el equipo de gobierno “aprovechó para hacer todo lo contrario: limitar aún más la labor de fiscalización de la oposición”.
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