ALICANTE, 23 (EUROPA PRESS)
Un estudio realizado por el Instituto de Economía Internacional (IEI) de la Universidad de Alicante (UA) ha alertado del “futuro incierto” del sector pesquero de la Comunitat Valenciana a causa de las normativas europeas, por lo que ha concluido que “necesita ayuda para sobrevivir”.
La profesora del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante y coordinadora del informe Estudio socioeconómico del sector pesquero de la Comunidad Valenciana, Adelaida Lillo Bañuls, ha señalado que este sector, que en la autonomía valenciana se concentra principalmente en Alicante, se enfrenta actualmente a “un presente y un futuro incierto”, según ha indicado la institución académica en un comunicado.
Para la realización de este informe, los investigadores se han puesto en contacto con las 21 cofradías de la Comunitat Valenciana para conocer de primera mano sus preocupaciones y las dificultades a las que se enfrentan.
El sector pesquero de la Comunitat Valenciana ocupa el quinto puesto en el ranking nacional, representa el 6,02 por ciento de la flota española (según datos de 2022) y sus embarcaciones tienen un promedio de eslora superior a la media española, solo superada por la flota cántabra y vasca.
Los puertos más relevantes por volumen de pesca son las alicantinas Torrevieja y Santa Pola y Castelló, que acumulan el 43,4% de las toneladas capturadas en la Comunitat Valenciana. El estudio señala que toda esta actividad está “en clara regresión”, entre otras causas por el inicio de la aplicación, en 2020, del Plan demersal para la pesca en el Mediterráneo Occidental, propuesto por la UE, que “ha supuesto una reducción de las capturas y, por consiguiente, de los ingresos”.
“Ha afectado principalmente a la flota de arrastre, que representa el 39,3% de la flota pesquera valenciana. Por provincias, el sector pesquero alicantino ha sido el más afectado, con un 45% de su flota dedicada a esta modalidad de pesca, que supone el 63% de la facturación pesquera de la Comunitat Valenciana”, ha matizado Lillo.
De acuerdo con el Plan demersal, exigido por la UE, la flota de arrastre del Mediterráneo –salmonete, merluza, gamba roja y blanca– ha tenido que reducir los días de pesca anuales un 10% en 2020, un 7% en 2021, un 6% en 2022 y un 7% en 2023, lo que “ha implicado una reducción del esfuerzo pesquero del 30%”. Para 2024, la UE ha establecido una reducción adicional del 9,5%, por lo que se roza el límite máximo fijado en el Plan plurianual (40%).
“Esta situación supone una amenaza para la rentabilidad y supervivencia del sector pesquero de la Comunitat Valenciana, ya que en esta modalidad pesquera solo van a poder salir a faenar 125 jornadas cuando hace 5 años eran 240”, ha alertado Lillo, que ha apuntado que esta situación “puede implicar serias dificultades para la supervivencia” de la flota de arrastre.
Asimismo, el informe recoge otras “dificultades añadidas” a las que se enfrenta el sector pesquero valenciano, como son la falta de relevo generacional y las dificultades para encontrar capital humano para trabajar en el sector.
“El problema de los días de paro obligatorio para la flota de arrastre ha generado mucha incertidumbre entre su personal, con el agotamiento de los periodos de paro para sus trabajadores sin ninguna compensación laboral por esta circunstancia”, ha explicado la investigadora.
A todo ello, se suman, por una parte, las dificultades para conseguir las titulaciones náutico pesqueras exigidas a los trabajadores y, por otra, el elevado grado de concentración de la demanda en la comercialización de productos pesqueros en primera venta en las lonjas.
“Una gran parte de las compras se realiza por parte de grandes mayoristas (entorno a un 72% del volumen de capturas), seguido de grandes distribuidores (entorno al 12,2%). Esto supone un oligopsonio que reduce el precio de esta venta y, por tanto, la rentabilidad del sector sin signifique ventajas para los consumidores y sí mayores márgenes para los grandes compradores”, ha afirmado Lillo.
Otros “problemas importantes” a los que se enfrenta la flota de la Comunitat Valenciana es que ha experimentado una “notable reducción”, tanto en número de buques como en capacidad de bodega y potencia; la transición energética hacia la descarbonización de la flota; o la competencia por las importaciones de pescado fresco de otros países, “de menor calidad y frescura y con menor control”.
Igualmente, también deben hacer frente a la excesiva carga burocrática y las dificultades para solicitar ayudas o subvenciones; la reducción en los últimos años de la demanda de pescado; la competencia con la pesca deportiva o recreativa que “detrae importantes cantidades de pescado, muchas veces comercializada de forma sumergida”; la prohibición de la pesca del atún, pez que ha proliferado en el Mediterráneo y es un gran depredador; y la preocupación por la sostenibilidad de los recursos marinos y, concretamente, el futuro de los caladeros.
SOSTENIBILIDAD MARINA Y ECONÓMICA
Por todo ello, los autores del informe consideran que es necesaria la investigación biológica marina, “pero también un seguimiento económico del sector para conseguir, la sostenibilidad de los recursos marinos conjuntamente con la sostenibilidad económica del sector”.
Además, el estudio señala la necesidad de coordinación entre las cofradías y las instituciones públicas pesqueras, en este caso, con la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca y también con los centros de investigación y universidades.
“La pesca no es solo un sector económico, forma parte de nuestro paisaje costero, de nuestra tradición alimentaria y gastronómica, de la economía azul de la Comunitat”, ha sostenido Lillo.
El estudio lo ha llevado a cabo el Instituto de Economía Internacional de la UA, con la financiación de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana. Además de por Lillo, el equipo autor del informe está formado por los investigadores Begoña Fuster García, Fernando Merino de Lucas, Jorge Mora Salinas y Samuel Ortiz Pérez.
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