ALICANTE, 17 (EUROPA PRESS)
La rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, ha mostrado su “preocupación” por la regulación de las prácticas estudiantiles que prepara el Ministerio de Trabajo y Economía Social, cuyo borrador se debate en la Mesa de Diálogo Social en la que “han quedado fuera las universidades”. Por ello, ha reclamado que se escuche a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) antes de aprobar la normativa.
Así se ha expresado este miércoles Navarro ante el Consejo de Gobierno de la UA en relación ‘Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa’, más conocido como Estatuto del Becario, según ha indicado la institución académica en un comunicado.
La rectora de la UA ha criticado que en el borrador “se hayan obviado las advertencias planteadas por las universidades a través de la CRUE”, en línea con lo manifestado con los máximos responsables de otras instituciones académicas y de agrupaciones empresariales.
Navarro ha señalado que el “punto de máxima discrepancia” con el borrador que se debate alude a la posible puesta en marcha de una compensación de gastos para las prácticas no remuneradas, que tendrían que asumir las empresas receptoras de estudiantes.
Al respecto, representantes empresariales, administraciones y universidades han apuntado que se trata de una medida “difícilmente cuantificable y muy gravosa, que va a suponer la caída en la oferta de prácticas”. “Podría poner en jaque a la formación práctica en educación superior”, ha alertado, algo que considera “vital para la posterior inserción en el mercado laboral de los futuros profesionales”.
“Entramos en una dialéctica en bucle, porque por una parte se reclama más formación práctica y, por otra, se entra en conflicto con los proveedores de prácticas, a quienes además de gravar por el tutelaje necesario que han de ejercer para que la formación sea óptima, se les exige una compensación económica”, ha manifestado la rectora. Al mismo tiempo, ha considerado que “el problema de fondo es que se está haciendo un análisis de las prácticas desde un punto de vista laboral y no académico”.
Navarro ha señalado que diferentes colectivos empresariales, especialmente empresas de menor tamaño o menor capacidad económica, se han posicionado “en el mismo sentido” y ha afirmado que le han hecho llegar su “desaliento”.
“Al esfuerzo de tutorización que exige la formación de estudiantes en prácticas, se suma la posibilidad de tener que asumir los costes adicionales derivados de esta compensación. La cuestión no es baladí porque limitaría gravemente las oportunidades de formación”, ha advertido.
La rectora ha enfatizado que las universidades son “las primeras interesadas en que las prácticas de los estudiantes tengan un carácter formativo y no se utilicen como mano de obra barata”. “Damos la bienvenida a cualquier regulación y mecanismo que impida que esto suceda”, ha expresado.
No obstante, al mismo tiempo ha advertido de que los cambios en los que se está trabajando “van en detrimento del propio estudiantado y de su acceso a una formación práctica de calidad que permita tener los profesionales que la sociedad necesita”.
La rectora ha añadido que más del 60 por ciento de las prácticas del estudiantado universitario se realizan en administraciones públicas, que “ya han manifestado su dificultad, y en muchos casos su negativa, para asumir estas obligaciones por no disponer de recursos para hacer frente al coste adicional” derivado de las mismas.
COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL
En este contexto, ha considerado que esta situación supone un “grave problema” para todas las titulaciones, pero ha precisado que “es especialmente grave” en aquellas regidas por órdenes nacionales o europeas que exigen un mínimo de horas de prácticas obligatorias para completar los estudios y poder obtener el título.
Asimismo, ha señalado que la compensación de gastos “se une a otro problema añadido y ya regulado que obliga a la entidad receptora al alta y cotización a la Seguridad Social del estudiantado en prácticas”. Esta cotización, ha continuado, está suponiendo “un elemento de disuasión para que las empresas y las administraciones acojan a universitarios en prácticas”.
A este respecto, ha apuntado que otras quieren seguir haciéndolo, pero acogiéndose a la excepción que prevé la propia disposición y que deja abierta la posibilidad de que los convenios de prácticas incluyan la opción de que sea la universidad la que se haga cargo de la gestión y abone estos gastos de cotización, lo cual “añade una dificultad adicional para las universidades públicas y, en el caso de las valencianas, con un Plan Plurianual de Financiación todavía sin cerrar”.
“AGRAVIO” POR EL PESO DE LAS PRÁCTICAS
Navarro también ha advertido del “agravio” entre titulaciones y universidades que podría suponer esta medida, ya que el peso de las prácticas académicas no es el mismo, por lo que en el momento de la graduación cada estudiante tendrá un tiempo distinto de cotización a la Seguridad Social.
Además, ha resaltado que la fecha establecida para el comienzo de la obligación de cotizar a la Seguridad Social por los estudiantes en prácticas –1 de octubre de 2024– es “totalmente inviable, teniendo en cuenta que todavía no se han dado instrucciones claras por parte de la tesorería de la Seguridad Social sobre el procedimiento a seguir que, a buen seguro, requerirá de actuaciones técnicas específicas”.
De esta forma, la rectora ha trasladado al Consejo de Gobierno su intención de volver a reclamar al Ministerio de Trabajo y Economía Social que tenga en cuenta a las universidades en las conversaciones y reuniones previstas para abordar el asunto y ha instado a establecer una demora en la aplicación de esta medida.
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