VALÈNCIA, 7 (EUROPA PRESS)
La querella que más de un centenar de afectados han interpuesto por la gestión de la dana del 29 de octubre –que arrasó gran parte de la provincia y causó más de 220 víctimas mortales– ha sido derivada por un juzgado de instrucción de València al Juzgado de 1a Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja por llevar este las diligencias más avanzadas.
Así lo ha trasladado la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud-Valencia que, en un comunicado, da cuenta de que el Juzgado de Instrucción número 9 ha aceptado incoar diligencias previas por la querella presentada por este colectivo el pasado 29 de enero y, además, se ha inhibido del expediente en favor del Juzgado de 1a Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, “al llevar este las diligencias más avanzadas de acuerdo con el Art. 17.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
La asociación de damnificados ha expresado su “total disposición a colaborar” en todo aquello que el juzgado necesite, al tiempo que garantiza que continuará con su trabajo “día a día por ayudar a todos los afectados y afectadas de la comarca”.
Cabe recordar que la querella presentada por esta asociación se dirige contra cinco miembros en el momento de los hechos de la Generalitat –la exconsellera Salomé Pradas, el que fuera secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, el director general Alberto Javier Martín, el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias Jorge Suárez, e Inmaculada Piles, jefa del servicio de Emergencias– y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, como presuntos responsables de delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y omisión del deber de socorro.
Asimismo, se solicita la declaración testifical del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ya que al estar aforado “no podía ser investigado en este procedimiento”, lo que “no implica que de resultas de la instrucción se pueda presentar también una querella contra él ante el órgano correspondiente”, según explicaron los impulsores de la acción durante su presentación a los medios.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja centraliza las diligencias seguidas en distintos órganos judiciales de la provincia, incluida València capital, por las consecuencias de la dana del pasado mes de octubre.
La titular de este juzgado ya ha realizado diversas actuaciones y este jueves volvió a requerir a la Generalitat para que comunique, en un plazo de cinco días, qué persona tomó la decisión de enviar a la población el SMS de alerta por la dana el pasado 29 de octubre, al tiempo que solicitó a la Confederación Hidrográfica del Júcar que facilite los datos relativos al caudal del barranco del Poyo entre las 16.13 y las 18.42 horas de ese día y precise de qué forma se transmitieron.
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