El juez requiere al exvicealcalde de València que preste una fianza de 2,2 millones por posibles responsabilidades pecunarias
VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 18 de València ha acordado la apertura de juicio oral para cuatro personas por la pieza A del denominado ‘caso Taula’ relativa a una presunta financiación ilegal del grupo municipal ‘popular’ en la etapa de Rita Barberá como alcaldesa.
De esta forma, se sentarán en el banquillo de los acusados finalmente el que fuera vicealcalde de la ciudad y en su día mano derecha de Barberá, Alfonso Grau; la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster; al exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas, y al exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón.
En una resolución facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez señala a la Audiencia como órgano de enjuiciamiento de los cuatro acusados por los delitos de malversación de los artículos 432.1 y 74 del Código Penal en el caso de Grau, Santón y Salinas; y por cohecho tanto para Grau (artículo 420 y 74) como para García Fuster (artículo 422 y 74).
En concepto de responsabilidad civil, el juez requiere a Grau una fianza de 2,2 millones de euros para responder de posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse; y de 1,5 millones a Salinas y 850.000 a Santón, que deberán prestar en el plazo de 24 horas. En el caso de estos dos últimos, bajo apercibimiento de embargo.
El instructor da diez días de plazo a las defensas para que presenten sus escritos de defensa frente a las acusaciones formuladas. Fiscalía Anticorrupción solicitó en su día en su escrito de calificaciones provisionales hasta 15 años de prisión para Grau, siete para García Fuster y cinco para Santón y Salinas. Esa cifra incluía los años de cárcel por un delito de blanqueo, que finalmente no se contempla.
El que fue conocido como ‘caso del pitufeo’ encara así su recta final antes del juicio, después de un largo recorrido judicial en el que el instructor llegó a dictar auto de procesamiento al PP y a medio centenar de personas (49) entre concejales y asesores del grupo municipal ‘popular’ en el Ayuntamiento de la capital en la época de Barberá como alcaldesa, por un delito de blanqueo en las elecciones municipales de 2015.
Sin embargo, la Audiencia Provincial fue admitiendo los recursos de los procesados –incluido el partido– y decretando el sobreseimiento de las actuaciones para todos ellos –con excepción de los cuatro que finalmente se sentarán en el banquillo por los delitos señalados– y el Tribunal Supremo, por su parte, desestimó los recursos de queja contra los archivos acordados por el órgano provincial.
“RECAUDADOR”
En el caso de Grau mantuvo su procesamiento y el auto del instructor, que le atribuía un papel de “recaudador” de dinero para el PP en las elecciones de 2007 y 2011. El instructor sostiene que José Salinas y Juan Eduardo Santón pudieron ser cooperadores de la malversación al consentir contratos, a través de las fundaciones que dirigían, “de vago contenido prestacional y una significada onerosidad, sin una explicación suficiente en descargo de ello”.
Respecto a García Fuster, será juzgada por cohecho en los comicios de 2011. En este caso, la Audiencia ordenó continuar la causa contra ella por la “supuesta percepción de dinero de origen desconocido pero vinculado no obstante a cobros de empresas por trabajos no demostrados o realizados con sobrecoste” en la campaña electoral de 2011.
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