VALÈNCIA, 22 (EUROPA PRESS)
El incendio en los dos edificios del barrio valenciano de Campanar, que deja cuatro personas fallecidas, 14 desaparecidos y 15 heridos cuya vida no corre peligro, es una de las tres grandes tragedias o ‘cicatrices’ que ha vivido la ciudad de València en los últimos 27 años, tanto por dimensión en el número de víctimas como por repercusión en el ámbito nacional e internacional, si bien en este caso, el minuto a minuto del fuego se vivió en directo a través de medios de comunicación y redes sociales.
En la historia reciente de la ciudad hay marcadas dos fechas muy en rojo en el calendario: el 3 de julio de 1997 y de 2006 –día al que se ha hecho referencia en otras ocasiones como el de la “cicatriz en la memoria” de los valencianos– y ahora quedará señalado también el 22 de febrero de 2024. Dos de ellas presentan una característica en común: las llamas en el origen de la tragedia.
En el caso de Campanar, aparte de las víctimas mortales, heridos y desaparecidos hay personas que, con sus viviendas, lo han perdido todo. El incendio ha arrasado dos edificios, 138 pisos en el primero de ellos, y deja imágenes que mantuvieron durante horas en vilo a quienes seguían con atención lo que estaba sucediendo en el barrio: el rescate de dos personas de un balcón, con las grúas de los bomberos, cuando ya prácticamente estaban rodeadas por el fuego y después de dos horas de intentos.
INCENDIO EN EL BUQUE
Las otras ‘ciactrices’ son más lejanas: el 3 de julio de 1997 se registró una explosión y posterior incendio en la sala de máquinas de un buque en construcción en el Puerto de València, en los astilleros de la entonces Unión Naval de Levante. En el ‘Proof Spirit’ fallecieron 18 personas, muchas de ellas que quedaron atrapadas en el interior de esas dependencias del barco que se convirtió, según se definió en el proceso juidicial, como una “ratonera”.
El siniestro del buque ‘Proof Spirit’, el mayor accidente laboral del sector naval en la Comunitat Valenciana, ocurrió cuando el barco estaba en construcción en los astilleros de la antigua Unión Naval de Levante (UNL), en el Puerto de València. En el momento del accidente, se estaban realizando trabajos de soldadura cuando se produjo una fuga de gasóleo durante la operación de carga de combustible.
Los trabajadores quedaron atrapados en una de las cámaras de popa, concretamente en la sala de máquinas, una “caja comprimida” de 20 por 40 metros donde se situaban el motor principal del barco, los generadores y parte del sistema eléctrico de la embarcación.
Las tareas de rescate de las víctimas se complicaron especialmente por una acumulación de humo en la sala de máquinas que impedía a los bomberos permanecer mucho tiempo en ella. De los 18 fallecidos, siete eran trabajadores de la Unión Naval de Levante y el resto subcontratados de otras empresas con domicilio social en Gijón (Insertank), Bilbao y Madrid (Alfalavar). Además, hubo diez heridos.
En 2022, cuando se cumplían 25 años de la tragedia, se celebró un toque de sirenas, se descubrió una placa homenaje para “honrar la memoria” de los fallecidos, con presencia de familiares de las víctimas, representantes sindicales y de la comunidad portuaria, que guardaron un respetuoso minuto de silencio antes de la suelta de unas palomas.
El proceso judicial se cerró en febrero de 2005 con un acuerdo entre las partes que suponía las condenas del encargado de la sala de máquinas del buque, que aceptó una condena de dos años de prisión; su ayudante y el jefe de seguridad, aceptaron año y medio. En la sentencia se aplicó la atenuante de reparación del daño, ya que los afectados y sus familiares habían cobrado las indemnizaciones.
En este caso se quedó probado que no se siguió el plan contra incendios del propio buque ya que se estaban haciendo trabajos de soldaduras cerca de donde se estaba cargando combustible y que no se comprobó que el circuito era estanco.
ACCIDENTE DEL METRO
La otra fecha señalada en rojo en el calendario de tragedias es el mismo día pero de 2006. A las 13.03 horas del 3 de julio de ese año un metro de la Línea 1 de Metrovalencia descarriló en la estación de Jesús, en el barrio de Patraix, dejando 43 fallecidos y 47 heridos de distinta consideración. Las primeras 41 víctimas mortales, en las primeras horas tras el descarrilamiento.
Una constante lucha de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio, que siempre reclamó una “investigación profunda, objetiva y fiable”, y un largo procedimiento judicial, que incluyó tres archivos de la causa y una orden de la Audiencia para continuar, concluyó con una sentencia para cuatro dirigentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
La condena del Juzgado de lo Penal número 6 de València, igualmente tras un acuerdo entre las partes, condenó en enero de 2020 a cuatro exdirectivos de FGV a un año y diez meses de prisión por el accidente mientras que se retiraron los cargos para otros cuatro, entre ellos, la que fuera exgerente de la entidad, Marisa Gracia.
Los cuatro directivos condenados, que no ingresaron en prisión porque la ejecución de la pena quedó suspendida, fueron el exjefe de la Línea 1; el exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación; el ex director adjunto de Explotación y el ex director técnico. Según la sentencia, “conocían las deficiencias de seguridad” en el tramo de la Línea 1 en la que descarriló el convoy y, sin embargo, “omitieron directamente su obligación de implementar medidas”.
Las acusaciones calificaron los hechos de “demoledores”. El letrado de la Asociación de Víctimas del Metro afirmó en la vista que “al leer los hechos, uno no puede más que estremecerse” y recalcó que no se podía hablar de un daño moral porque “sería imposible”. “El daño son las muertes y las lesiones. 43 fallecidos y 47 lesionados”, apuntó, para subrayar que la Asociación de Víctimas “nunca” quiso “venganza, sino que se investigase y se hiciera justicia”.
Durante todos los años, cada 3 de cada mes, la entidad recordó a los fallecidos: 105 concentraciones en la Plaza de la Virgen de València que concluyeron el 3 de marzo de 2020, 13 años y ocho meses después del siniestro, al considerar que se había cumplido el objetivo de “dar a conocer la verdad, reconocer responsabilidades políticas y señalar a los culpables con una condena”.
OTROS DOS INCENDIOS EN LA PROVINCIA
Con un número menor de víctimas, en la historia reciente de la provincia de Valencia, más allá de la ciudad, se han registrado otros dos siniestros en los que el fuego ha sido el protagonista: el incendio en la residencia de Moncada, el 19 de enero de 2022, dejó nueve ancianos fallecidos, cinco en el mismo lugar y cuatro en centros hospitalarios. En ese momento había 81 residentes, muchos dependientes, que fueron evacuados. Una cadena humana de guardias civiles y trabajadores permitió el desalojo y evitar un mayor número de víctimas. Un cortocircuito en una regleta se apuntaba como posible causa del fuego.
Un incendio anterior en otra residencia, en ‘San Lorenzo de Brindisi’ de Massamagrell (Valencia), provocó la muerte de cinco residentes, igualmente por un cortocircuito, según apuntó la investigación. El incendio se produjo el pasado 28 de marzo de 2006 en la enfermería de la residencia, donde se encontraban las cinco personas fallecidas, una mujer y cuatro hombres con edades comprendidas entre los 30 y los 80 años.
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