Se inician negociaciones en una Comisión Bilateral Estado-Generalitat para intentar evitar un recurso de inconstitucionalidad
VALÈNCIA, 25 (EUROPA PRESS)
El Gobierno central ha manifestado discrepancias sobre diversos aspectos de la denominada Ley de libertad educativa por lo que se ha acordado iniciar las negociaciones correspondientes, mediante una Comisión Bilateral Estado-Generalitat, para intentar solventar esas diferencias.
En concreto, el Ejecutivo español muestra discrepancias sobre con el artículo 14 de la norma –que se refiere a la exención de la materia de Valenciano en la evaluación y calificación del alumnado y fomento de su estudio en zonas de predominio lingüístico castellano– y las disposiciones adicionales primera (sobre la Educación plurilingüe en otras enseñanzas del sistema educativo) y cuarta (acerca de las situaciones excepcionales relativas al requisito lingüístico del profesorado)
Por ello, este miércoles se publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación con esta norma, la Ley 1/2024, de 27 de junio, de la Generalitat, por la que se regula la libertad educativa. Lo firman el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino.
GRUPO DE TRABAJO
La comisión va a iniciar negociaciones y se designa un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda. Asimismo, se comunica este acuerdo al Tribunal Constitucional. Cabe recordar que este tipo de comisiones constituyen un paso previo para intentar evitar la interposición de recursos de inconstitucioalidad.
Precisamente, este pasado lunes, Compromís anunció que ha abierto contactos con el Ministerio de Educación y con los grupos parlamentarios del Congreso para presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Libertad Educativa. Este recurso al Tribunal Constitucional (TC) lo podría presentar el Gobierno o un mínimo de 50 diputados en el Congreso, con el plazo abierto hasta final de este mes.
Por su parte, el PSPV descartaba “prestar diputados” a Compromís, que está integrado en el grupo de Sumar en el Congreso, para recurrir. “Si el Partido Socialista decide presentar un recurso de inconstitucionalidad, lo hará el Partido Socialista”, subrayaba el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, que recordaba que “se está trabajando” en la comisión bilateral Gobierno-Generalitat, una fase de negociación que ha indicado que es la habitual para evitar que una ley autonómica se inmiscuya en la legislación estatal.
Esta ley se aprobó el pasado mes de junio, cuando el Consell estaban integrado aún por PP y Vox. En el momento de ver luz verde, los ‘populares’ recalcaron su satisfacción por “poder hoy decir que han cumplido con aquello que prometieron”, que las familias puedan elegir la lengua en la que se han de educar sus hijos “y no el político de turno”.
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