El equipo de gobierno defiende que han cubierto el 90% de la subvención y el PSPV les acusa de “nefasta gestión”
ALICANTE, 12 (EUROPA PRESS)
La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes una urgencia de minoración y reintegro de 765.746,92 euros de una subvención recibida por parte de la Generalitat Valenciana para contratación de personal en servicios sociales.
En octubre de 2021, la junta de gobierno local aprobó el ‘Contrato programa entre la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y el Ayuntamiento de Alicante, para la colaboración y coordinación interadministrativa y financiera en materia de servicios sociales en los ejercicios 2021-2024’. Este se firmó en noviembre de 2021 y contemplaba una financiación por parte de la Generalitat de 7.271.073,82 euros destinada a Atención primaria de carácter básico.
La Dirección Territorial de Alicante de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas dictó Resolución de minoración y requerimiento de pago al Ayuntamiento, por no ejecutar parte de la ayuda recibida.
De esta forma, resolvía minorar el importe de subvenciones concedidas a 6.505.326,90 euros en la anualidad de 2022, por lo que el consistorio debe devolver 756.746,92 euros, que es la diferencia entre la cantidad librada y la parte de financiación justificada, más los intereses de demora, que ascienden a 13.091,13 euros.
El Ayuntamiento alicantino no ha realizado gastos de personal en el Equipo de atención primaria de carácter básico y la junta de gobierno argumenta que el documento fue firmado en noviembre de 2021, pero no fue hasta iniciado 2022 cuando se incoan los expedientes para llevar a cabo los procesos de contratación del personal, lo que “supone la devolución de los meses correspondientes al tiempo que no estuvieron contratados”.
“El importe a minorar en lo relativo a los equipos profesionales se debe a las necesarias diligencias y trámites que conllevan los procesos de contratación del personal, lo que supuso que a fecha 1 de enero de 2022 no estuvieran contratados tal y como establece el contrato programa, por lo que hay que reintegrar la parte correspondiente a los meses del 2022 en lo que aún no aparecían en la plantilla municipal”, señala el acuerdo aprobado este martes.
En concreto, apunta que al consistorio le corresponde reintegrar dinero por los apartados de Trabajadores Sociales, Psicólogos, Educadores Sociales, Técnicos de Integración Social, Agente de Igualdad, Promotor de Igualdad, Asesor Jurídico, Personal Administrativo y Barrios Inclusivos.
En cuanto a los Servicios de atención primaria básica, el acuerdo apunta que “se ejecutan en su totalidad todos los importes, excepto aquéllos en los que una parte de ellos van dirigidos a la contratación de personal, como es el caso del Servicio de Itinerarios y el Servicio de Acción Comunitaria (LGTBI y Programa para la Igualdad de Trato y No discriminación)”.
Asimismo, el importe parcial a reintegrar del SAD Dependencia responde al Servicio de promoción de la autonomía, del Servicio de inclusión social y del Servicio de Acción Comunitaria –en los apartados de Igualdad LGTBI e Igualdad de Trato y No Discriminación–.
“PLAZOS OBLIGATORIOS”
La concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, ha defendido este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local que el consistorio “ha cubierto el 90% de la subvención y hay 169 personas trabajando en el Ayuntamiento con el contrato programa”.
Además, ha apuntado que la convocatoria se aprobó en noviembre y, “por los trámites obligatorios a cumplir”, no salió antes de enero. “Son plazos de obligatorio cumplimiento, se ha ejecutado el 80% de esta ayuda, pero teniendo en cuenta los plazos de la convocatoria y lo que hemos podido ir tramitando con los tiempos que teníamos”, ha manifestado.
PSPV VE “INACEPTABLE” EL RETORNO DE AYUDAS
La devolución de estas ayudas ha provocado las críticas de la oposición y la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha acusado al equipo de gobierno de “mala gestión” por devolver ayudas “en una ciudad que concentra tres de los barrios más pobres de España, y con un índice de pobreza infantil que alcanza el 38%”.
“Es inaceptable que, en lo que llevamos de 2023, el gobierno de Barcala haya devuelto más de dos millones de euros a la administración autonómica. Estamos ante un alcalde que elevaba el tono para reivindicar fondos al Consell pero se ha demostrado que, cuando los recibe, no sabe qué hacer con ellos”, ha aseverado Barceló en un comunicado.
Asimismo, ha apuntado que los 765.000 euros devueltos “hubieran servido para contratar al menos a 24 personas en servicios tan importantes como los de acogida y atención ante situaciones de necesidad social, inclusión social, apoyo a la familia e infancia, programas de inclusión de pueblo gitano, programa de oficina de atención a personas migrantes, programas LGTBI o programas de igualdad, entre otros”.
“No se entiende que la junta de gobierno firmara la adhesión a este programa de la Generalitat Valenciana en noviembre de 2021 y, sin embargo, algunas de las contrataciones se demorasen, incluso, hasta junio de 2022. Esa tardanza constata que no hubo ninguna prisa en potenciar servicios que son vitales para mantener el escudo social entre las alicantinas y alicantinos con más necesidades”, ha sostenido Barceló.
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