VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)
El conocido como caso Alquería se ha quedado con 14 acusados, entre ellos, el expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV y actual alcalde de Ontinyent por La Vall ens Uneix, Jorge Rodríguez, tras absolver la Audiencia de Valencia a uno de los exdirectivos de Divalterra –empresa pública de la corporación provincial ya cerrada y que había sustituido a la antigua Imelsa–.
Este lunes ha arrancado en la sección primera de la Audiencia de Valencia el juicio por el caso Alquería y al inicio de la vista las acusaciones populares –PP y Acción Cívica– han solicitado la retirada de la acusación de Pau Pérez, uno de los ex altos cargos acusados en Divalterra.
El tribunal, al estar Pérez sentado en el banquillo de los acusados únicamente a petición de las acusaciones populares, ha acordado dictar su absolución ‘in voice’, con lo que éste ha abandonado el juicio junto a su letrado.
Así, el procedimiento suma 14 acusados, entre ellos Rodríguez, para el que Fiscalía reclama ocho años de prisión y 20 de inhabilitación. La misma petición de cárcel la extiende al que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego, y para el asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria) y para los dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). El PP, que ejerce la acusación, reclama 18 años de cárcel para Rodríguez.
El caso Alquería se centra en las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra –que se cerró el pasado mes de junio– para favorecer a personas afines del PSPV y Compromís.
Rodríguez llegó a ser detenido el 27 de junio de 2018, cuando ocupaba el cargo de presidente de la Diputación, institución de la que dimitió en julio, si bien se mantuvo como alcalde de Ontinyent, cargo que revalidó en las municipales de junio de 2019 con La Vall Ens Uneix, tras dejar en abril de ese mismo año el PSPV.
A Rodríguez, Reguart, los dos exgerentes y Gallego, el fiscal Anticorrupción les atribuye los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.
Además, el fiscal pide para las siete personas contratadas como cargos de alta dirección seis años de prisión: uno por falsedad documental y cinco más por malversación de caudales por cooperación necesaria; y otros seis para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y otro gerente, Xavier Simón, por falsedad, malversación y prevaricación. También pide el sobreseimiento de la causa para otro de los investigados.
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